jueves, 27 de junio de 2013

Marcharon contra la corporación judicial

La organización "Justicia Legítima" se movilizó frente al Palacio de Justicia en rechazo al fallo de la Corte Suprema contra la elección popular de consejeros de la Magistratura. Además, defensores públicos del Mercosur respaldaron la democratización de la Justicia en Argentina.
 
Bajo la consigna “Democracia o corporación judicial”, la agrupación "Justicia Legítima" marchó este miércoles junto a otras organizaciones de derechos humanos, la Fundación María de los Ángeles que preside Susana Trimarco, de familiares de víctimas de la violencia institucional, de H.I.J.O.S., de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora.
 
"Ante el fallo de la Corte, que hemos acatado, lo que queremos hacer es demostrar que somos muchos los que queremos hacer cosas para democratizar la justicia", expresó la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós.
 
"Todos los poderes judiciales funcionan como corporaciones, encerrados en sí mismos, produciendo resultados difíciles de entender para el resto de la sociedad. Eso dificulta que las personas puedan hacer efectivos sus derechos", agregó Garrigós.
 
Entre tanto, en la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (REDPO) realizada en Uruguay, se respaldó la voluntad del Gobierno nacional de avanzar en la democratización de la Justicia.
 
En la nota se destaca la "voluntad de avanzar en la consolidación de una concepción regional del valor Justicia que, recogiendo los principios y postulados plasmados en nuestras normas fundamentales y en el mandato recibido de nuestras sociedades, genere en un beneficio concreto para todos nuestros Pueblos".
 
También se señala "la necesidad de fomentar en la sociedad la toma de conciencia de la responsabilidad que le cabe en la profundización y consolidación del modelo democrático de inclusión social y del derecho que le asiste en el acceso igualitario a la justicia".
 
La declaración fue firmada por Stella Maris Martínez (Argentina), Ciro Araujo (Venezuela), Alfonso Carlos Roberto Do Prado (Brasil) y Beatriz Gilardino (Uruguay), según se informó en un comunicado de prensa de la Defensoria General de la Nación.
 

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