Rozanski: "Las leyes establecen responsabilidades de cualquier funcionario, sea civil o no"

Tras la condena a la pena de prisión perpetua a 16 represores, por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps”, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, aseguró ayer que las leyes "establecen claramente las responsabilidades, por crímenes comunes o de lesa humanidad".

 

Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.

El presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, aseguró ayer que "las leyes establecen claramente las responsabilidades de cualquier funcionario, civil o no, por crímenes comunes o de lesa humanidad".

 

El juez Rozanski se refirió a la sentencia que recibió el miércoles el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart, quien es el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad. "Las leyes lo permiten, pero la responsabilidad de cumplir con esos mandatos y de investigar, y en su caso condenar, es de cada juez", dijo el magistrado.

 

En ese sentido, remarcó que "aunque haya algunos magistrados que no están convencidos de eso, e incluso no están dispuestos a hacerlo, yo soy optimista en cuanto al camino de justicia en que está empeñada la sociedad argentina". "Considero que este camino es irreversible, sin distinciones ni privilegios", agregó.

 

Por otra parte se refirió al pedido realizado en el veredicto para desafectar las dependencias policiales donde funcionaron los centros clandestinos de detención, para convertirlas en sitios de memoria. "Eso era un largo reclamo de las víctimas y el tribunal entendió que era justo y de toda lógica, por eso lo asumió en el veredicto", explicó.

 

El miércoles, el Tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone condenó a la pena de prisión perpetua a 16 represores, por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps”.

 

También pidió que los juzgados federales investiguen la actuación de sacerdotes y la posible complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado.

 

En esto también ¡Vamos por más! Quedan dando vueltas muchos civiles que fueron cómplices y partícipes de la dictadura genocida.