¿Está habilitado Macri para ser candidato en la Ciudad?

Por Gabriela Cerruti (*)

Mauricio Macri pretende la reelección como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad prevé la inhabilitación para quien esté procesado por un delito contra la administración publica.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien recientemente anunció su candidatura para la reelección, acumula tres procesamientos por su gestión actual. Sin embargo, la Constitución Porteña establece la inhabilitación para ser designado en una función pública a quien esté procesado por un delito en perjuicio de la administración pública.

El PRO ha hecho bandera de la “nueva política” y la transparencia mientras, en los hechos, ha establecido un doble estándar donde la ley se aplica con rigurosidad y mano dura para los vecinos, mientras no alcanza a los círculos de poder, de funcionarios y empresarios amigos.

El artículo  57º de la Constitución porteña establece el impedimento a la designación de funcionarios públicos procesados por delito doloso en perjuicio de la administración pública, incluso sin especificar siquiera la necesidad de que dicho procesamiento sea firme. Citemos:

ARTICULO 57.- Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.

El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite.

Repasemos la situación judicial del Jefe de Gobierno.

El caso más estridente al respecto fue el escándalo por las escuchas ilegales. En marzo de este año la Cámara en lo Criminal Federal rechazó un planteo de nulidad del jefe de Gobierno porteño de la causa en la que está procesado por supuestas escuchas telefónicas ilegales.

El Jefe de Gobierno está imputado por los delitos de violación de secreto, abuso autoridad y como “miembro” de una asociación ilícita destinada realizar escuchas telefónicas. Macri cuenta con un procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, al igual que el ex titular de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, y el ex empleado del Gobierno porteño Ciro James.

Sin embargo, el de las escuchas no es el  único procesamiento que lleva encima el Ingeniero. Otro episodio es el de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Se trata del organismo integrado por una treintena de empleados públicos que se encargaban de perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle. La causa de la ex UCEP se originó en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Beatriz Parada, y el juez Cubas investiga los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una tercera causa judicial es la referida a la licitación del mobiliario urbano. La licitación en  cuestión lleva cerca de nueve años de demora. Consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Es decir, constituye un cuantioso negocio. Al respecto, se investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido Macri– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa.

La adjudicación a esa empresa fue cuestionada en la Justicia por las competidoras que quedaron afuera de la licitación. El juez Facundo Cubas procesó a los dos hermanos Terranova y al ex integrante de la comisión que evaluó a los candidatos, el hoy legislador Patricio Di Stéfano, por abuso de autoridad, y a principios del 2010 sobreseyó al jefe de Gobierno, el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al entonces procurador Pablo Tonelli. Macri y sus ministros estaban acusados de firmar el decreto que adjudicó la licitación a la empresa cuestionada. Esa decisión fue apelada y la Sala VI de la Cámara del Crimen anuló los sobreseimientos, por lo cual los cuatro pasaron a revistar como imputados.

Volviendo al artículo de la Carta Magna local que inhabilitaría a Mauricio Macri para ser candidato. Durante el debate de la Convención Constituyente, la inclusión del artículo 57º generó discusión respecto a la posible violación del principio de presunción de inocencia al impedir que un funcionario sea designado sin haber sido condenado. Respecto a esto, decía el Convencional Zaffaroni: “vamos a generar una inhabilitación al margen del Código Penal, incluso no para penados sino para procesados, es decir, por las dudas, cuando todavía está vigente el principio de inocencia” (VT 16, pág. 1790). La respuesta del Convencional Garré, a esta preocupación, fue que “cuando hablamos de casos de procesamiento –según dice el proyecto de texto– nos referimos a los funcionarios que van a asumir un cargo. Con respecto a los que están en ejercicio, no estamos pidiendo su separación del cargo aunque tengan un auto de procesamiento, en función de la presunción de inocencia. Para este caso jugará la conciencia del funcionario y la opinión del público en el caso concreto”.

Pese a que este dato pasó desapercibido para la opinión pública y los medios de comunicación frente al reciente anuncio de una nueva candidatura de Mauricio Macri, lo curioso del asunto es que la Constitución de la Ciudad no admite mucho lugar a ambigüedades. Habida cuenta de que tiene un procesamiento firme por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita por el caso de las escuchas ilegales y está imputado también por las causas de la UCEP y del mobiliario urbano, Mauricio Macri debiera estar inhabilitado para volver a ser candidato en la Ciudad.

Reparemos un momento en la siguiente situación. La ley 471 de 2000, modificada en su artículo 7 por la 3386 del 4 de febrero de 2010, ni siquiera le permitiría a Mauricio Macri sumarse a la administración pública como empleado. Cualquier aspirante a un puesto en su situación quedaría descartado al tramitar el certificado de antecedentes penales que se requiere. Es decir, aun descartando la inhabilitación como candidato, las condiciones legales para la contratación de empleados de la  Ciudad, avaladas por el macrismo mismo, conllevarían el absurdo de que el Jefe de Gobierno no podría contratarse como empleado municipal. Con estos ejemplos resulta evidente la típica situación asimetrica que impulsa cotidianamente el macrismo, donde las leyes de la Ciudad son un garabato para los funcionarios o empresarios amigos y se aplican con el mayor rigor a cualquier hijo de vecino.

(*) Gabriela Cerruti es periodista y legisladora porteña por Nuevo Encuentro
      http://www.gabrielacerruti.com/