En medio de una batalla retórica con el oficialismo, las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace comenzaron ayer el publicitado lockout por el cual dejarán de comercializar cereales y oleaginosas hasta el domingo próximo, en reclamo de la eliminación de los cupos a las exportaciones de trigo. La medida, fuertemente cuestionada desde el gobierno y desde un sector del empresariado rural, tiene un limitado impacto económico, pero un fuerte sentido político. “En términos prácticos, el paro agropecuario no es demasiado relevante, no sucede nada grave porque dejes de vender granos una semana, lo que se busca es impacto político”, explicó un estudioso de la cuestión agrícola.
Esa misma línea de interpretación es la que asumió el gobierno desde un primer momento. En este sentido, el titular de la cartera agrícola, Julián Domínguez, calificó como “absolutamente inocuo y carente de sentido” el paro de las patronales del campo. “Acá no se discute la rentabilidad del productor, porque tenemos precios internacionales y el productor tuvo rentabilidad, por lo cual no le encuentro sentido a la protesta, si la necesidad es vender”, afirmó el funcionario.
Desde el ámbito legislativo, el diputado santafecino Agustín Rossi (FPV) dijo que el gobierno está haciendo las cosas que tiene que hacer, y aseguró que el cese de la comercialización iniciado ayer tiene características más políticas que de reclamo.
En un acto de sinceridad poco habitual, el propio Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la naturaleza política del paro empresarial, y dijo que se trata de enviar al gobierno una señal de descontento por parte de los productores. “Es una medida simbólica de impacto político”, expresó el ruralista en declaraciones radiales.
Asimismo, Biolcati advirtió que habría nuevas medidas de fuerza si el actual lockout no logra que el gobierno “tome conciencia y flexibilice la comercialización de trigo”.
El conflicto tiene su origen en el precio que pagan las firmas que exportan cereal a los productores. Estos últimos no consiguen vender al llamado FAS teórico, que es el precio pleno fijado por el Ministerio de Agricultura y que actualmente es de $ 850.- por tonelada. Los molinos y las exportadoras, en combinación, les ofrecen $ 650.-
Se trata de la novena medida de fuerza de las entidades contra la política de Cristina Fernández y tiene lugar a pesar de la liberación de los cupos exportables para el trigo anunciada el miércoles por el gobierno.
En este contexto, la Mesa de Enlace -representante de las patronales agroterratenientes- se perfila como firme candidata a ganar el premio L.T.A. (La Tenés Adentro) del mes de enero, galardón entregado mensualmente por Currín On Line.
No hay comentarios:
Publicar un comentario