El senador nacional Marcelo Fuentes se refirió ayer al proyecto de ley presentado ante el Congreso por la presidenta de la Nación que apunta a la disolución de la Secretaría de Inteligencia y su reemplazo por una Agencia Federal.
Al respecto, Fuentes aseguró que la reforma establece “un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los derechos humanos”.
El senador por el Frente para la Victoria analizó la reforma del organismo nacional de Inteligencia que comenzará a debatirse esta semana en la Comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales, que preside.
“La reforma establece lo más importante, que es un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”, aseguró el parlamentario y llamó a la oposición a asumir “un criterio patriótico” para resolver “una cuestión de Estado”, tal como definió al tema.
Con respecto a los criterios de reordenamiento del sistema de Inteligencia nacional, Fuentes resaltó “la necesidad de un sistema de Inteligencia en defensa de los intereses de la Nación ante el conglomerado de amenazas existentes” y al mismo tiempo, señaló como otro punto central “los episodios concretos propios de la resistencia de sectores reacios a la democratización”.
“En el caso particular de Inteligencia, hay que estar atento al entrecruzamiento de intereses de otros organismos de Inteligencia internacionales, en torno de sus propias agendas geopolíticas”, lo que, según el legislador, explica la necesidad de tener “una Inteligencia autónoma, propia, no dependiente de centros de poder extranjero”.
Con respecto al impacto nacional de la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, destacó que la reforma implicará un trabajo “de criterio federativo”, explicó, “lo que implica mayor nivel de coordinación con las jurisdicciones distritales, dando un salto de calidad en la cooperación con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen”.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también defendió el traspaso de las funciones de la Dirección de Observaciones Judiciales de la ex Secretaría de Inteligencia, entre las que se destacan las escuchas telefónicas, a la órbita del Ministerio Público Fiscal y rechazó que esas tareas deban ser desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, declaró que el traspaso “es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio” y aseguró que las críticas opositoras contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, “forman parte de la campaña electoral”.
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