Una investigación reveló que el gobierno porteño invierte un peso en infraestructura escolar por cada 10 que deriva para subsidiar a la enseñanza privada.
En medio de la polémica por la falta de vacantes en escuelas, y la idea de implementar "escuelas container" por parte del gobierno porteño, una investigación reveló que la gestión macrista invierte un peso en infraestructura escolar por cada 10 que deriva para subsidiar a la enseñanza privada en la Ciudad.
Los datos fueron publicados por el diario Tiempo Argentino, a partir de un informe de un organismo de control, que cuestionó el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas, que son administradas en un 90% por la Iglesia Católica.
Según el informe de la AGCBA, la gestión macrista distribuyó 1.573 millones en subsidios en 2012 (último dato disponible) pero "no hay dictámenes jurídicos para el otorgamiento, baja o modificación en los aportes" y advirtieron que "no hay orden de prioridades, porque en ningún caso se realizó la evaluación" para definir cuáles son los colegios que más necesitan los aportes públicos.
De acuerdo con la Auditoría, no se cumple el artículo 25 de la Constitución porteña, porque jamás se realizaron las evaluaciones necesarias y "se han detectado incumplimientos en relación a la elaboración de los actos administrativos, la orden de prelación, la alteración del circuito de pagos y transferencias, junto a modificaciones sustanciadas en los aportes transferidos".
Como establece la Carta Magna porteña, el dinero correspondiente debe repartirse de la siguiente forma: "La ciudad puede realizar aportes (…) dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos".
Por otra parte, mientras la administración macrista plantea subsanar la ausencia de aulas con la instalación de contenedores, en 2013, el presupuesto para Infraestructura escolar aprobado por la Legislatura fue de 158 millones de pesos, una décima parte de los aportes derivados a la enseñanza privada.
Además, según los cálculos, 2012 y 2013 fueron los dos años de menor inversión en infraestructura escolar pública desde 2007, mientras que de acuerdo con Eduardo Epszteyn, representante del FPV dentro del colegio de auditores de la AGCBA, “entre 2008 y 2012 no se utilizaron 477 millones de pesos de presupuesto sancionado".
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