El fiscal de instrucción José María Campagnoli rechazó la prescripción de una causa conexa a la venta a precio vil, durante el menemismo, del tradicional espacio de Palermo. Firme postura por el destino social de las 12 hectáreas.
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José María Campagnoli, fiscal de instrucción
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El fiscal de instrucción José María Campagnoli rechazó la prescripción de una causa conexa a la venta a precio vil del predio ferial de Palermo, durante el gobierno del turco innombrable, e insistió en la necesidad de recuperar esas 12 hectáreas del "parque más importante" de la Capital Federal para el uso público.
En un dictamen de diez páginas repletas de cuestionamientos hacia las actitudes dilatorias de los imputados –con cierta anuencia de la Justicia, según describe– el fiscal de distrito del barrio porteño de Saavedra se opuso a la prescripción de la causa planteada por 17 funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Suciedad Rural Argentina y sus "satélites comerciales".
Se trata de los planteos de Raúl Navas, Rodrigo Arboleda Halaby, Marcelo Vierheller, Verónica Mercado, Eduardo Ordoñez, Javier Fernández, Luis Walter, Carlos Simone, Juan González, Eugenio Cánepa, Vicente Francos, Carlos Dellepiane, Hugo Néstor Pifarré, Osvaldo Rial, Víctor Migliano, Juan María de Anchorena y Rubén Lucich. En algunos casos, el fiscal rechazó por tercera vez la aspiración de dar por terminada la persecución penal.
Pero además, Campagnoli pidió una vez más que sean "anuladas las operaciones de venta, permisos de obra ilegales y financiamiento fraudulento merced a las cuales fueron substraídas del uso y dominio público las 12 hectáreas del predio ferial del Parque 3 de febrero". El fiscal propuso esas medidas por primera vez, según recordaron fuentes con acceso al expediente, el 2 de mayo de 2000, y lo reiteró por última vez, antes del dictamen conocido ayer, el 22 de octubre de 2012.
El Poder Ejecutivo dispuso por decreto anular la venta del predio a la Suciedad Rural concretado a fines del gobierno del riojano mufa en unos 30 millones de dólares cuando el valor de mercado superaba los 130 millones de la misma moneda. Pero una medida cautelar dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal puso en el freezer la recuperación de ese paseo público.
Al mismo tiempo, hay una causa en la Justicia Federal y otra, relacionada con un mega emprendimiento de entretenimientos y gastronómico que planeaban llevar a cabo los nuevos "dueños" y que nunca se concretó, pese a la concesión de un crédito millonario por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando Ednarco Duhalde era el gobernador del territorio bonaerense.
Esa causa está al borde de la prescripción. De hecho, la información publicada por Tiempo Argentino advirtiendo sobre esa situación motivó la reacción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las novedades sobre ese expediente no son buenas: el fiscal Sandro Abraldes apeló la prescripción decretada para un grupo de funcionarios y empresarios, pero la Sala Séptima rechazó el recurso. Por vía de "queja", el expediente llegó a la Sala Tercera de la Cámara de Casación, pero sus posibilidades de éxito allí aparecen limitadas. Y una ratificación de la prescripción por el máximo tribunal penal sería casi decisiva para el futuro del expediente.
Mientras ello sucede en la Casación, otros imputados insisten en las instancias inferiores en escalonar los pedidos de prescripción, de modo tal de mantener la causa paralizada. Campagnoli lo viene alertando desde hace largo rato.
Pero además intuye que un sobreseimiento por prescripción puede incidir en la otra causa, la que se vincula con la recuperación del predio por parte del Estado. Por eso pidió que se decrete una medida de "no innovar" para que el predio no pueda ser modificado física ni jurídicamente.
En cuanto a los pedidos de prescripción, Campagnoli consignó que "a trece años de formulados y probados los cargos, en el mes de mayo de 2000, desde entonces, una y otra vez la instrucción se conduce a un punto muerto en razón de periódicas reediciones de cuestiones incidentales planteadas por las defensas antes y después de las indagatorias ordenadas entre 2004 y 2005".
Esa fecha es medular en la causa. Campagnoli sostiene que el delito que se está investigando es "malversación de caudales públicos". Se trata, según el dictamen, de juzgar "la intempestiva venta propiciada por Carlos Saúl Méndez, Domingo Cavallo y Carlos Grosso a un precio vil y sin previa desafectación del dominio público del Estado, continuado con la completa sustracción del bien al uso y goce de los ciudadanos y al soterramiento de la enorme extensión de 12 hectáreas de parque debajo de las miles de toneladas de hierro y hormigón de las construcciones graciosamente permitidas por los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prontamente aseguradas por los del Banco de la Provincia de Buenos Aires en nuevos episodios de una misma especie de delito".
El artículo 261 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". Así, la pena máxima sería de diez años y desde las indagatorias de 2005 (último acto que interrumpió los plazos de prescripción) hasta hoy no pasó el tiempo establecido para la pena máxima. Ergo, la causa no está prescripta. Pero lo estará si persiste "el tiempo perdido en inútiles paréntesis a los que han conducido los planteos dilatorios de las defensas". Según obliga a agotar el análisis en torno a la significación jurídica de los hechos.
El representante del Ministerio Público pidió "la inmediata restitución al uso público del espacio usurpado, donde actualmente funciona el centro de exposiciones de La Rural".
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