Así lo define el senador Luis Juez. El gobernador cordobés cuenta con el apoyo del multimedios pero sus pares peronistas le dan la espalda. Su reclamo ante la Corte Suprema y el ajuste que lleva adelante en su provincia. Soledad y contradicciones.
Nadie puede negar la habilidad del gobernador cordobés, José Manuel de la Sota. Mientras su provincia está casi en llamas y todos los gremios estatales se movilizan para impedir el ajuste, buscar un diálogo y rechazar los cambios al sistema previsional que impuso entre gallos y medianoche, el cordobés sólo se preocupa por cómo llegar mejor posicionado al 2015. Judicializa sus reclamos al gobierno nacional, intenta sin éxito alentar una rebelión de gobernadores, planea con atención cómo ganar tapas en los medios distanciándose del Gobierno, y trata de esconder bajo la alfombra los números en rojo y la falta de gestión en su provincia. Si bien consiguió cierto guiño de la Corte Suprema que lo convocará a una audiencia de conciliación por un reclamo de coparticipación, el clima no está para festejos.
La capital cordobesa está irreconocible. La semana pasada el Centro Cívico amaneció vallado y rodeado de policías que buscaron impedir que los trabajadores de más de 24 gremios: municipales, de la educación, de la salud, del Banco de Córdoba, de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), entre otros, hicieran oír sus reclamos al gobernador. Si bien los motivos de tensión son varios, en la multitudinaria marcha del miércoles pasado el reclamo principal fue único: el pedido de derogación de la ley que difiere el pago del aumento a los jubilados por 180 días.
Todo comenzó hace una semana, cuando la Legislatura aprobó sobre tablas el ajuste a los jubilados cordobeses. Con el voto en soledad del bloque Unión por Córdoba (UPC), se aprobó la ley 10.078 que al ser promulgada sólo permitirá que los jubilados perciban sus aumentos diferidos en 180 días corridos a la entrada en vigencia del incremento a los activos. Según el mismísimo De la Sota, el déficit de la caja de jubilaciones alcanza los 2.010 millones de pesos, por eso “con esta actitud solidaria garantizaremos el mantenimiento de todos los beneficios de nuestro sistema jubilatorio”. También en relación al tema previsional, dispuso llevar el haber mínimo a 2.500 pesos, a través de un complemento solidario, y anunció que los desequilibrios que genere el régimen policial y penitenciario no serán cubiertos por los afiliados al sistema provincial, un viejo reclamo. En Córdoba, si bien los aportes jubilatorios son más altos que la media nacional, se cumple con el 82 por ciento móvil.
Pero la bronca de los 24 gremios estatales nace también porque ellos consensuaron una propuesta de 15 puntos para mejorar los ingresos en la caja previsional que no fue tenida en cuenta. Sin obtener el consenso de los gremios representativos de los trabajadores activos y los jubilados estatales, una vez más, el gobernador cordobés jugó su carta en silencio, perjudicando a los más indefensos del sistema. Como respuesta hubo varias marchas, el paro en diversos organismos y la promesa de José Pihen, legislador oficialista de Unión por Córdoba y titular del Sindicato de Empleados Públicos, de que el jueves 23 se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad de la ley 10.078. Según Pihen, uno de los líderes de la protesta que desde su banca votó en contra: “El solo hecho de que un jubilado tenga que esperar seis meses para cobrar el aumento es inaceptable. La mayoría de los gremios estamos de acuerdo con el modelo nacional, salvo en este punto en que estamos en contra de la política del gobierno nacional, porque dice que tenemos jubilaciones muy altas, pero se olvida que acá tenemos aportes más altos (los estatales de Córdoba aportan entre el 18 y el 20 por ciento, frente a los nacionales que aportan el 11 por ciento), entonces lo que hemos hecho es que rechazamos la ley De la Sota, pero tampoco bancamos achicar jubilaciones y reducir montos”.
El mal panorama en tierra cordobesa no termina acá. Entre varias medidas de ajuste tomadas, De la Sota envió un proyecto a la Legislatura unicameral de Córdoba para implementar una tasa a los combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC), con la cual pretende recaudar unos 500 millones de pesos que promete destinar a obras viales. La tasa será de 30 centavos por litro de los combustibles líquidos y 10 centavos por metro cúbico a los GNC de uso automotor, con la posibilidad de incrementar los gravámenes a futuro.
La provincia de Córdoba, una de las más ricas del país, colocó hace unos días títulos de deuda a 360 días por 105,5 millones de dólares con una tasa del 9,5 por ciento anual, con el fin de financiar obra pública. Pese a la delicada situación financiera de la provincia, tomó más del doble del dinero que buscaba. En medio de este panorama, la Legislatura cordobesa aprobó hace unos días la cancelación del pacto fiscal suscripto entre la Nación y la provincia en 1992, por el cual cede – al igual que otras provincias– el 15 por ciento de la coparticipación federal de impuestos para cofinanciar la ANSeS. Paso previo a que el gobernador cordobés presente una demanda judicial ante la Corte Suprema para que el Estado deje de retener esos fondos.
En este contexto, finalmente la Corte Suprema se declaró competente en el reclamo de 1.039 millones de pesos que hizo la provincia de Córdoba contra el Estado. Los recursos reclamados corresponden a un convenio de armonización previsional de 2009 por el que la Nación se comprometió a entregarle a la provincia 1.652 millones de pesos, pero que según De la Sota acumuló retrasos por 1.039 millones de pesos. La audiencia de conciliación a la que convocó el máximo tribunal será el 10 de septiembre próximo a puertas cerradas. El duelo será entre el ministro de Economía Hernán Lorenzino y el gobernador José Manuel de la Sota. Allí deberá determinarse si la provincia cumplió con su tarea de adecuar la caja previsional local a los estándares jubilatorios nacionales (años de aportes y de servicios y edad de retiro), una condición para recibir esos fondos reclamados. Ya que el compromiso de la Nación era que financiaría los desequilibrios que se producirían en esa transición.
La decisión de la Corte se da en el marco de otro reclamo por coparticipación hecho por Santa Fe. Una de las provincias que se sumó al reclamo de sublevación del cordobés que se encargó de mandar cartas a los gobernadores de todo el país, pidiéndoles abandonar el pacto fiscal. Iniciativa que no tuvo éxito. Los primeros en alzar su voz fueron los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez; de La Rioja, Luis Beder Herrera, y de San Juan, José Luis Gioja.
No quedan dudas de que De la Sota está siendo asesorado y cada uno de sus actos está siendo planificado al máximo como en una jugada de ajedrez. Sabe que su imagen no le alcanza para aspirar a sentarse en el Sillón de Rivadavia y debe distanciarse y enfrentar al Gobierno para poder ser reconocido como un potencial candidato en 2015. Como siempre, el ingenioso senador por Córdoba, Luis Juez, fue quien mejor lo definió: “El verdadero trasfondo de la pelea con la Nación por la coparticipación es la intención de De la Sota de posicionarse como candidato a presidente para el 2015”, señaló el senador por el Frente Cívico, integrante del FAP. Y agregó que De la Sota eligió justo este momento para “desmarcarse del gobierno nacional, para aparecer en el contexto nacional como un bonsai de caudillo federal, que viene contra los salvajes unitarios, pero eso es mentira”.
El gobernador cordobés no es nuevo en la política y menos en la provincia. Fue el responsable de conducirla desde junio de 1999 hasta 2007, y elegido nuevamente en 2011. Pero antes fue candidato a vicepresidente de Antonio Cafiero en la interna que la renovación peronista perdió a manos de Carlos Menem. Lo que hizo que el cordobés, rápido de reflejos, dejara su banca de diputado nacional para convertirse en 1990 en embajador de Brasil en la era menemista. Conoce las reglas de la política y sabe estar en el lugar justo en el momento adecuado. Por eso Luis Juez lo define en pocas palabras: “De la Sota es el candidato de Clarín, no tenga ninguna duda. Cada tres o cuatro meses van encontrando un tarado que ponga la cara. De la Sota es hoy el empleado del mes. Él lo dice donde va, está envalentonado con este apoyo”, advirtió Juez.
Para tener un panorama de los números de la provincia, basta recordar que pese al Programa Federal de Desendeudamiento acordado entre la Nación y las provincias en 2010, que permitió una reducción de deudas provinciales de 9.644 millones de pesos para el conjunto de las jurisdicciones, así como la reestructuración a largo plazo de deudas pendientes con la Nación, la deuda pública cordobesa no paró de crecer. Según el Ministerio de Finanzas de la provincia, pasó de 9.617 millones de pesos al cierre del ejercicio 2009, a 10.611 millones en 2010 y 11.099 millones al 31 de diciembre de 2011. Esto se debe a la expansión del gasto público provincial, a partir del 2003, a una tasa de crecimiento promedio anual superior en más de un punto porcentual a la del crecimiento de los ingresos. Desde su propia provincia le critican a De la Sota “medidas arbitrarias como las masivas jubilaciones anticipadas que se produjeron a partir del 2000”.
Diversos movimientos sociales de Córdoba en los que se incluyen el Movimiento Evita, Partido Frente Grande y la Junta Promotora por el Proyecto Nacional y Popular sostuvieron en un artículo publicado en La Mañana de Córdoba que “el reclamo de la provincia por el convenio de la Caja, además de resultar controvertido en cuanto al cumplimiento del compromiso de armonización, presenta una significativa desproporción cuantitativa con el caudal de recursos que por distintos mecanismos el Estado nacional transfiere en forma directa al gobierno provincial, que según el presupuesto nacional 2012 totalizarán este año casi 17.000 millones de pesos, entre coparticipación (13.300 millones de pesos) y otros nueve regímenes de distribución vigentes (obras de carácter social, Fedei, Fonavi, entre otros)”, señalaron. Y sin perder tiempo, concluyeron: “Es notorio que el reclamo pretende magnificar la significación de lo que se reclama por la Caja, como si la causa de la penuria financiera provincial fueran esos ingresos no percibidos, y no la irresponsable gestión del gobierno local. Mal podría sentarse sobre esta falacia la pretensión de mostrar como adalid del federalismo a nuestro gobernador”.Lo cierto es que De la Sota, antes de candidatearse para el 2015, debería primero no tener su provincia en llamas. Más teniendo en cuenta que es uno de los cordobeses que gobernó durante más tiempo su territorio y no puede deslindar responsabilidades por el mal manejo de las finanzas.
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