El constitucionalista Roberto Boico presentó un amparo contra el polémico 0800 por considerar la medida "violatoria" de varios artículos y por tratarse de "un mecanismo de persecución política" y una "estigmatización evidente" hacia los alumnos que participan.
El abogado constitucionalista Roberto Boico presentó ayer un amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para declarar la inconstitucionalidad del 0800-Nazi habilitado por el gobierno porteño para denunciar la “intromisión política” en los colegios de la ciudad, anunciado la semana pasada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich.Entre los puntos del texto, se destaca que se busca declarar “inconstitucionalidad de la norma -o vía de hecho- habilitante de la línea de atención telefónica gratuita para recibir denuncias sobre 'intromisión política' en los colegios de la ciudad”, además de “el cese inmediato de la persecución política a jóvenes militantes, en los términos de los arts. 23 de la C.A.D.H. y 39 de la C.N”.
Según Boico, la medida tomada por Bullrich resulta “violatoria de los derechos del art. 1, 5 16, 18, 19, 31, 33, 75.22 de la C.N., Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos” y sostiene que “se ha montado un mecanismo de persecución política de la libertad de expresión y de participación política de los alumnos, así como también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión política de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos”.
Según el abogado, Bullrich pretende “justificar una medida de espionaje institucional a través de la incentivación de denuncias telefónicas sobre aspectos que se corresponden con el saludable ejercicio de la ciudadanía democrática” que poco tiene que ver con sus declaraciones sobre "usos de dineros públicos para el adoctrinamiento”, que se encuadrarían dentro de de otro delito, “que en lenguaje jurídico equivaldría al reproche de malversación de caudales públicos, según tipología del art. 261 del Código Penal”, según consigna el texto.
También agrega que el gobierno porteño busca “menguar el derecho de participación de un grupo determinado de jóvenes considerados como los 'delincuentes de la política'” y que “varios referentes” del PRO tienen un “particular desprecio y encono hacia la juventud que comulga ideológicamente con el modelo político implementado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el extinto ex presidente Néstor Kirchner”, lo cual constituye, según Boico, una “estigmatización ostensible y evidente”.“Lo que pretende el Ejecutivo local es implantar una medida de seguridad: el anoticiamiento, que sólo responde a un poder persecutorio, de identificación nominal del diferente político, para lo cual se establecería una base de datos suministrados por la población, haciéndoles creer que las actividades susceptibles de denuncia son ilegales. Estas medidas de prevención son absolutamente repudiables en un estado de derecho, y solo equiparables a medios de dominación panóptico similares a las utilizadas en los peores escenarios institucionales del país”, agrega el letrado en el texto.
Y concluye: “Ante la inocultable invalidez normativa de la línea de persecución 0800, se requiere una inmediata medida cautelar de no innovar y de paralización del mecanismo implementado por la ciudad”.
De más está decir que apoyamos la presentación de Boico y, desde nuestro humildísimo lugar, seguiremos luchando sin tregua en contra de la intención de Mugrizio Macri y su runfla de secuaces de instaurar un 'Estado policial' en la ciudad de Buenos Aires.
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