Tras la publicación en Tiempo Argentino del supuesto "error" cometido por la administración porteña al ceder la superficie completa a Desarrollo Urbano, en lugar de sólo dos hectáreas, la justicia federal investiga al alcalde. ATE y la comisión interna de los Talleres Protegidos lo acusaron ante la Cámara Federal por defraudación e incumplimiento de sus deberes.
La justicia federal porteña ya investiga “el negociado millonario y la situación de los pacientes psiquiátricos que están a la deriva” por la decisión del gobierno porteño de construir en el predio en el que funcionan el Hospital Neuropsiquiátrico Borda el nuevo Centro Cívico de la Capital Federal. El gremio de estatales porteños ATE y especialmente la Comisión Interna de los Talleres Protegidos del Borda, patrocinados por la abogada Alejandro Blanco Rodríguez, formularon el viernes por la mañana la denuncia ante la Cámara Federal porteña.
Tras la publicación del diario Tiempo Argentino que dio cuenta del supuesto “error” cometido por la administración porteña, que en lugar de traspasar del Ministerio de Salud al de Desarrollo Urbano las dos hectáreas del Borda para levantar el Centro Cívico cedió todo el predio, los representantes de los trabajadores resolvieron llevar a los tribunales también esta situación.
Con documentación probatoria, Tiempo Argentino describió que tres semanas atrás, cuando los trabajadores decidieron hacer una acampada en defensa del Borda, "el subsecretario de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño (actual interventor del Borda), aseguró que su cartera ya había cedido las dos hectáreas en cuestión a Desarrollo Urbano, a cambio de que le llegaran fondos para llevar a cabo las obras estructurales en el resto del hospital. Recién en la reunión del martes del Consejo Asesor Técnico Administrativo, el funcionario exhibió el acta de cesión (que nunca fue girada a la Legislatura ni publicada en el Boletín Oficial), que contenía un 'error': las dos hectáreas cedidas eran 14, o sea, todo el neuropsiquiátrico, lo que despertó el reclamo generalizado, incluso de las cúpulas médicas afines al macrismo".
La denuncia se suma a otra que tramita en el fuero penal ordinario y que fue presentada hace unos diez días. El Juzgado de Instrucción Nº 9, subrogado por los próximos seis meses por el juez Juan Ramos Padilla, recibió la presentación hecha ante la Policía Federal por los malos tratos que acusan haber recibido los trabajadores.
La abogada Blanco Rodríguez explicó que se trata de "los atropellos, amenazas y aprietes acontecidos desde que empezó todo esto, el 8 de agosto hasta el 24". La investigación está delegada en el fiscal Patricio Lugones y ya fue ratificada por los denunciantes, quienes además aportaron documentación y sugirieron medidas de prueba. Tiempo Argentino informó que el jueves, "por cuarta vez en el mes, la Policía Metropolitana ingresó por la madrugada, sin aviso previo, a la zona de la cancha de fútbol y el Taller Protegido Nº 19 (el único intrahospitalario con fines de reinserción social y laboral), para tomar imágenes del grupo de trabajadores que duerme todas las noches allí para ‘preservar el patrimonio en riesgo del taller’ y en rechazo a la instalación de la nueva Jefatura de Gobierno, que abarcaría esos dos terrenos en conflicto, de uso activo para los internos".
La denuncia del viernes ante el fuero federal tiene otro objeto procesal. Más amplio, abarcativo y profundo. Bajo el ropaje de sacar un taller y trasladarlo a otro lugar, con lo que quedaría garantizada la atención de los pacientes, “se encubre el apoderamiento de todos los predios, sin destino cierto para los talleres”, reflexionó la representante legal de ATE en esta causa. “Los talleres terminan desapareciendo”, resumió.
La denuncia menciona una serie de figuras penales, a cada cual más grave: abuso de autoridad agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en perjuicio de la administración pública, estafa procesal agravada, falsificación de instrumento público, amenazas coactivas producidas y ejecutadas por un funcionario público. Si bien la presentación judicial sugiere que todos los delitos concurren entre sí, fuentes consultadas por Tiempo Argentino subrayaron que es virtualmente imposible tal situación. "Pero todo es materia de investigación", indicaron. "Sí es posible que esos hechos, que no necesariamente concurren entre sí, estuvieran apuntados a concretar un hecho ilícito".
La acusación apunta a toda la estructura del gobierno porteño enfocada en el área de Salud. Y sigue un recorrido piramidal que arranca en la figura del jefe de gobierno, Mugrizio Macri, y desemboca en las cabezas y segundas líneas de sus ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, pasando además por el de Seguridad, la dependencia de esta área que tiene la Policía Metropolitana. En ese punto en particular, la denuncia apunta a la existencia de "mecanismos coactivos agravados con una fuerza punitiva por parte de la Policía Metropolitana a horas de la madrugada a modo de hostigamiento".
A última hora de ayer, los principales impulsores de la denuncia por ATE, Ernesto Balbiano y Ricardo Talavena, aguardaban la notificación sobre qué juez federal tendrá a cargo la investigación. Probablemente pedirán que ambas causas se acumulen en el fuero de excepción, pese a que hay antecedentes que indican que habrá un conflicto de competencia.
ATE intentó desde un primer momento que interviniera la justicia federal, pero cuando se realizó la primera denuncia ante una comisaría los representantes del sindicato no consiguieron convencer a ningún magistrado de turno para que asumiera su competencia.
Un "error". Otro "error". Y, como de costumbre, los "errores" son siempre para el mismo lado; siempre en perjuicio de los más débiles.
El error, el verdadero y dramático error -de Dios o de la naturaleza en este caso- es que Mugrizio Macri haya nacido vivo.
El error, el verdadero y dramático error -de Dios o de la naturaleza en este caso- es que Mugrizio Macri haya nacido vivo.
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