Nuevo veto de Macri y van… No a la Oficina contra la Trata de Personas

Colaboración de Yoly Sganga

El jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, volvió a vetar una norma impulsada por una diputada del PRO. Se trata de la ley que creaba la Oficina contra la Trata de Personas, a instancias de la Legisladora María Eugenia Rodríguez Araya, quien había reclamado su puesta en marcha.

En efecto, el miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 102/10, por el cual Macri vetó la Ley 3369. Asegura que “la determinación de cómo debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de división de poderes que surge del sistema republicano".

Por otra parte, el proyecto de ley en consideración reitera definiciones o conceptos que fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o errores”.

La Legisladora porteña había afirmado que “una de las medidas indispensables que en la ciudad de Buenos Aires se debe tomar, es la instrumentalización de la Ley 3369, sancionada en el 2009, con la finalidad de organizar y coordinar todos los recursos que tiene el Gobierno porteño para proteger, asistir y reinsertar a las víctimas de trata de personas y a su familia”.

Esta iniciativa pertenece a la diputada del PRO, María Eugenia Rodríguez Araya, quien este Lunes reclamó al Poder Ejecutivo que pusiera en marcha la oficina lo antes posible. De esta manera, se suma un nuevo veto a proyectos impulsados por el propio espacio macrista.

Según los fundamentos del decreto “la trata de personas es un fenómeno complejo que incluye aspectos relacionados con la violación de los Derechos Humanos, la pobreza, las desigualdades socioeconómicas -dentro de cada país y entre los distintos países-, las desigualdades por razones de sexo, las políticas de migraciones y la lucha contra la delincuencia organizada”; a lo que agrega que “La cuestión de fondo con la que se vincula el proyecto de ley en estudio se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ‘Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional’ y su ‘Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños’”.

Asimismo, sostiene que “En el ámbito específico de la Ciudad, el marco jurídico básico es la Ley 2781, que expresamente indica en su artículo 1° que ‘la ciudad de Buenos Aires garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”.

Si bien la Ley 2781 aún no se encuentra reglamentada, en los argumentos del veto se afirma que “El Poder Ejecutivo está tramitando el dictado del decreto reglamentario en base a un protocolo anexo ya consensuado entre las diferentes áreas competentes en la materia (Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Derechos Humanos y Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) que comprende las actividades que el proyecto de ley citado se asigna a la Oficina”.

Por último, se asegura que “la determinación de cómo debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de división de poderes que surge del sistema republicano. Por otra parte, el proyecto de ley en consideración reitera definiciones o conceptos que fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o errores”.

La Legisladora porteña María Eugenia Rodríguez Araya había exhortado al gobierno de Mugrizio Macri para implemente la Ley 3369, de su autoría, la cual creaba una oficina contra la trata en la ciudad. Según la Diputada porteña, “en nuestro país debemos concertar estrategias comunes y coordinadas de combate contra la trata. Estos delitos no deben ser soslayados ante la mirada de la sociedad y del Estado”.

“Una de las medidas indispensables que en la ciudad de Buenos Aires se debe tomar, es la instrumentalización de la Ley 3369, sancionada en el 2009, la cual crea una Oficina Contra la Trata de Personas, con la finalidad de organizar y coordinar todos los recursos que tiene el Gobierno porteño para proteger, asistir y reinsertar a las víctimas de trata de personas y a su familia”, afirmó Rodríguez.

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