Las claves de la permanente pulseada entre el gobierno porteño, la Constitución de la Ciudad y los jueces. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Capital Federal relevó los incumplimientos de la gestión del PRO. Espacio público, vivienda, salud y educación son las áreas más desatendidas y vulneradas.
Cuando asuma su segundo mandato, el próximo 9 de diciembre, el jefe de gobierno porteño, Muguricio Macri, volverá a mencionar su apego a la legalidad y las instituciones. Lo hará cuando suba al estrado central de la Legislatura junto la vicejefa electa, María Eugenia Vidal. Allí, rodeado de aplausos, jurará “en nombre de Dios y los Santos Evangelios, ejercer el cargo con honestidad y respetar y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, posiblemente se olvide del desencuentro íntimo que mantiene desde hace cuatro años con las obligaciones que establece la Carta Magna que proclamó la autonomía porteña en 1996 y que le otorga rango constitucional a una serie de derechos sociales, que siempre terminan en los Tribunales de la Ciudad y ponen en serios aprietos al macrismo y a sus políticas públicas.
Ese conflicto permanente del PRO fue relevado por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad y confirma que la gestión macrista viola, al menos, una decena de derechos consagrados por la Constitución y varias leyes porteñas. Según el último informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Ciudad, que será presentado mañana, los mayores conflictos del macrismo con la ley, durante 2011, se libraron en espacio público, vivienda, seguridad, salud, accesibilidad, educación, políticas de la memoria y educación sexual.
Respecto a la doctrina macrista del “espacio público innegociable”, el estudio advierte que los proyectos de ley que presentó el gobierno PRO para castigar a trapitos y cuidacoches volvieron a instaurar el viejo sistema de los edictos policiales. “No apuntan a proteger los bienes ni la vida de los porteños, sino que pretenden eliminar del paisaje urbano las molestias para los vecinos”. La iniciativa, que aún no prosperó en la Legislatura, es un callejón sin salida, parecido al funcionamiento de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), el organismo porteño creado por Macri, que se dedicó hasta el año pasado a “identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar” a personas en situación de calle.
El ODH presentó hace dos años las filmaciones de varios desalojos forzosos de personas sin techo, pero la justicia no resolvió el procesamiento de 29 funcionarios implicados, entre ellos Matías Lanusse, ex director de la UCEP, que asumirá el cargo de representante comunal por Recoleta, a pesar de las impugnaciones presentadas en su contra.
El derecho a la vivienda, protegido por el artículo 31, es otra zona de combate que sigue empeorando, cuando falta menos de una semana para conmemorar el primer año de la toma del Parque Indoamericano. “La crisis habitacional ya no es solamente el déficit de viviendas, sino también la falta de controles sobre los precios de alquileres, la segregación de los pobladores menos favorecidos, el propiciamiento de un boom inmobiliario descontrolado, el procesamiento de los líderes sociales de los barrios linderos al Indoamericano y la negación de la existencia de un barrio histórico como Rodrigo Bueno, en Costanera Sur”, sostiene el informe.
Para la Constitución, la seguridad es “un deber propio e irrenunciable del Estado”, sin embargo, este año la Policía Metropolitana sumó cuatro casos de gatillo fácil.
En el caso de la Salud Pública, la Carta Magna establece en su artículo 17 que “la Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión”, pero en los últimos cuatro años, esa manda constitucional ha sido virtualmente ignorada y para el año que viene, el escenario podría ser peor. “Si bien hay un aumento para 2012, la comuna planea llevarlo a cabo con menos personal, una falencia notoria en las áreas más afectadas por la crisis sanitaria: Salud Mental, Enfermería, Pediatría, Neonatología y Anestesiología”.
En el artículo 18, el estado porteño está obligado a evitar que las respuestas sanitarias incrementen las desigualdades entre norte y sur, pero la tasa de mortalidad infantil demuestra un índice del 12 por mil en el sur, y del 2,3 en el norte, con cifras que no tienen datos consolidados, es decir, que podrían ser fácilmente manipuladas. En el área de la Salud Mental, el ODH advierte que la comuna “ha utilizado el castigo” para disciplinar a cinco directores de hospitales psiquiátricos por denunciar “la precarización y el desmantelamiento del sector”.
El acceso a la educación esta garantizado en el artículo 23, pero sólo en 2010 el 52% del Presupuesto “no se utilizó para los fines previstos” y ante la falta de becas, la Ciudad optó por duplicar los subsidios para colegios privados, una imposición de la Iglesia Católica.
El lobby de Dios también tocó las puertas del artículo 24, el texto que creó “programas de educación sexual”, que este año se quedaron sin partidas de financiamiento, mientras que el programa “Sexualidad, Género y Derechos” redujo los talleres en un 80% y sólo se dictan en 12 de los 1000 colegios porteños.
Ganó con el 47% de los votos en la primera vuelta y con el 64% en la segunda. Así que, estimado lector, durante 4 años más... ¡¡¡A COMERLAAAAAA!!!
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