LA EX PRESIDENTA DE LA NACIÓN Y ACTUAL SENADORA NACIONAL Y EL EX CANCILLER, SOLICITARON QUE SE HABILITE LA FERIA JUDICIAL.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman solicitaron ayer habilitar la feria judicial para que la Cámara Federal de Casación revise sus procesamientos por supuesto encubrimiento por el Memorándum con Irán.
La abogada de ambos, Graciana Peñafort, presentó el recurso ante la sala de feria del máximo tribunal penal del país, que si acepta el pedido deberá revisar los procesamientos dictados por el impresentable juez federal clarinista Claudio Bonadio en diciembre del año pasado.
La presentación se realizó después de que la Sala II de la Cámara Federal confirmara los procesamientos con prisión preventiva y el pedido de desafuero de la actual senadora, que la oposición denunció como un claro ejemplo de persecución política. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron el 27 de diciembre la acusación por “traición a la patria” pero mantuvieron la de encubrimiento del atentado a la AMIA. Ahora, la decisión final la tendrán los camaristas Eduardo Riggi y Angela Ledesma, si aceptaran abrir la feria y resolver la cuestión en las próximas semanas.
Cristina y Timerman están procesados desde el 7 de diciembre, cuando Bonadio dictaminó la prisión preventiva para ambos y los otros cuatro acusados Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, quienes nunca dejaron de responder a la Justicia.
El ex canciller, sin embargo, fue excarcelado la semana pasada por el juez federal Sergio Torres, por razones humanitarias, debido al deterioro de su salud, y después de que se le negara la entrada a Estados Unidos para continuar con su tratamiento.
A todos los acusados se los vincula con la denuncia del fallecido, corrupto, inoperante y putañero fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, quien había sostenido que ese acuerdo escondía un supuesto encubrimiento a los cinco iraníes imputados y, por ello, acusó a la ex presidenta y a los demás funcionarios y dirigentes por el presunto delito de “traición a la patria”, acusación desestimada en dos instancias judiciales posteriores.
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