EL JUEZ ARIEL LIJO REQUIRIÓ LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL HOLDING DE LA FAMILIA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS. TOMO LA DECISIÓN LUEGO DE QUE EL FISCAL JUAN PEDRO ZONI ADVIRTIERA QUE LAS RESPUESTAS DADAS HASTA AHORA EN LA CAUSA EN LA QUE ESTA IMPUTADO EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO "RESULTARON SER INSUFICIENTES".
Los datos que el Grupo Macri aportó en la causa penal por el escándalo del Correo Argentino no convencieron al juez Ariel Lijo, quien ahora requirió al Banco Central la entrega de toda la información contable de las empresas del holding de la familia del Presidente. El magistrado solicitó los libros contables, las actas de asamblea y directorio, balances, inventarios y libros extracontales para tratar de avanzar en la investigación de la causa que tiene a Mugrizio Macri Blanco Villegas como principal imputado.
La decisión del magistrado fue tomada luego de que el fiscal Juan Pedro Zoni considerara que la documentación y las respuestas dadas por Sideco, Socma y Correo Argentino en junio pasado "resultaron ser insuficientes”. Por entonces se habían pedido los libros contables, actas de asamblea, registro de acciones e inventarios, entre otros papeles.
Lo que se trata de establecer es si existieron irregularidades en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado, a través del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aceptó el año pasado para que la familia Macri salde su deuda millonaria por la concesión del Correo Argentino, con una quita del 98,8 por ciento.
A principios de este año, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, había estimado que la quita representaba un multimillonario perjuicio para el erario público. El propio Macri Blanco Villegas fue imputado en el caso por un posible conflicto de intereses. Pero luego de que su participación fuera desestimada, la nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento a favor de las empresas controlantes en perjuicio de los acreedores".
En la causa también fueron imputados Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Luego se agregaron más directivos del Grupo Macri. Zoni, en tanto, se basó en dictámenes de su colega del fuero comercial Gabriela Boquín, quien en un comienzo denunció que el acuerdo por la deuda de 4000 millones de pesos era “ruinoso” y “abusivo” y luego detectó maniobras de todo tipo vinculadas a ese proceso.
Una de ellas, en sus propias palabras, eran movimientos de dinero (de las cuentas del concurso preventivo) para, por ejemplo, que el Correo Argentino le comprara a Socma acciones de una sociedad radicada en Uruguay llamada Neficor para un negocio automotriz por 2.100.000 dólares. Y si el Correo quebraba las acciones se las quedaba Socma.
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