EL FPV-PJ Y EL MASSISMO LO RECHAZARON Y SI SE UNEN EN EL RECINTO LA CORTE DEJARÍA DE ESTAR A CARGO DEL SISTEMA.
El Frente para la Victoria y el massismo se unieron en la bicameral de trámite legislativo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que prorrogó por tres años las autoridades del área encargada de controlar las escuchas judiciales, bajo el mando de la Corte Suprema de Justicia.
Los 8 legisladores del FPV-PJ, el massista Raúl Pérez y Adolfo Rodríguez Saá firmaron un dictamen en contra del DNU, que de todos modos seguirá vigente, hasta que esa mayoría no se reúna en ambas cámaras para anularlo.
Como eso nunca le pasó, Macri se acostumbró a gobernar con decretos sin respaldo de mayorías parlamentarias y con el riego de ser eliminado en los recintos, como ya amenazó Graciela Camaño que tarde o temprano ocurriría.
Ayer a la tarde, sólo los seis legisladores de la alianza de derecha Cambiemos de la bicameral aprobaron el decreto 102, que extiende por tres años a los camaristas Martin Irurzun (Capital Federal) y Javier María Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia), como director y subdirector de la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado del Poder Judicial.
Esa dependencia fue creada por la Corte cuando Mugrizio Macri le transfirió las escuchas que históricamente estuvieron a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y Cristina Kirchner había pasado a la Procuración.
En el DNU recién dentro de tres años, justo cuando termine su mandato, la Corte sorteará otras autoridades para cubrir los cargos de Irurzun y Leal de Ibarra, en el ojo de la tormenta por la filtración de conversaciones entre Cristina y Oscar Parrilli.
"No hay necesidad y urgencia y el decreto ni siquiera lo firma el ministro de Justicia Germán Garavano", denunció el senador chubutense Mario País. "Estaba de vacaciones", fue la extraña respuesta de Pablo Tonelli, el diputado encargado de defender cada DNU de Macri.
El radical Luis Naidenoff recordó que era habitual que Cristina Kirchner firmara decretos sin la rúbrica de ministros, mientras que el diputado Martín Hernández, también radical y de Formosa, recordó que la urgencia está basada en que los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra vencían y Macri prefirió prorrogarlo el mismo.
"No puede ser que el propio órgano que debe velar por la imparcialidad, sea el que controle las escuchas", protestó la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, al tiempo que la diputada Diana Conti, también kirchnerista, le repudió a su par Nicolás Massot (PRO) haber firmado en septiembre un acuerdo con la Corte para respaldar su tarea en las escuchas.
"Las Cámaras se expresan por los plenos. No pueden dar una opinión algunos jefes de bloque. La justicia es el poder más oligarca del país, compuesto por gente elegida circunstancialmente. No se puede velar por la antipolítica", protestó.
"Yo me haré cargo de las cosas de mi gobierno, ustedes háganse cargo del gobierno anterior", se defendió Massot, en un breve duelo personal con Di Tullio.
"Su problema es que no cree en la república", le replicó Tonelli. Rodríguez Saá se mantuvo en silencio pero votó en contra, mientras que Pérez si justificó su rechazo. "El poder judicial no puede aparecer como juez y parte. Sino mañana vamos a poner en duda el régimen de obras públicas y se lo vamos a dar la Corte", explicó y criticó la filtraciones judiciales recurrentes. "No es sano que la información que debe ser secreto de sumario aparezca en los medios, O que los detenidos hagan entrevistas", cerró Pérez.
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