La fiscalía consideró probado que Santibañes proveyó dinero para el pago de soborno a senadores

La fiscal del juicio oral que se sustancia por el pago de sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral, Sabrina Namer, consideró probado que el entonces jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, proveyó el dinero para concretar la maniobra.

 

Fernando de Santibañes y la fiscal Sabrina Namer

En el segundo día de su alegato previo a pedir la pena, Namer calificó de “absolutamente falsas” las declaraciones del ex jefe de la agencia de inteligencia en torno a las cuentas del organismo y aseguró que con ello se trató de ocultar la detracción de 6 millones de pesos/dólares para los pagos.

 

“No fueron mentiras por razones de seguridad nacional o de contraespionaje, porque a ningún servicio extranjero le podría interesar si la SIDE tenía una unidad de contralor externo”, dijo y dio por probado que el organismo contaba con más de 20 millones de pesos ahorrados en cuentas secretas para manejar discrecionalmente.

 

Santibañes reiteró ante el Tribunal Oral Federal 3, que lo juzga junto al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex ministro Alberto Flamarique y a los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo, que la SIDE manejaba sus cuentas mes a mes por lo que debió pedir un adicional presupuestario de 30 millones.

 

Por su oposición a esa partida secreta, fue relevado en aquel momento el entonces jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, en cuya ausencia por viaje el Presidente firmó la partida y lo removió del cargo.

 

También está siendo juzgado el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien se autoincriminó al relatar cómo, por orden del fallecido senador radical José Genoud, transportó el dinero desde la SIDE hasta el domicilio del también imputado Emilio Cantarero, ex senador del PJ y declarado incapaz por el tribunal.

 

El martes, la fiscal Namer consideró probado que de la Rúa aprobó el mecanismo de los sobornos para lograr la aprobación de la ley 25.250, de flexibilización laboral, que buscaba ganar la confianza de los organismos multilaterales de crédito.

 

La semana pasada la Oficina Anticorrupción, que es querellante, pidió una condena a seis años y medio de prisión para el ex presidente como “instigador” del delito y de cinco años para los senadores que cobraron el dinero a cambio de votar la ley.