El Ticket Social entrega $ 8 por familia, sin considerar la cantidad de hijos. El juez Scheibler dictó una medida cautelar y le ordenó al gobierno porteño que actualice los montos y reglamente la Ley de Acceso a los Programas Sociales. "Hoy depende de la voluntad del funcionario", dijeron en la Asesoría Tutelar.
En el marco de una acción iniciada por la Asesoría General Tutelar (AGT), con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el juez Guillermo Scheibler ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que regularice su política alimentaria para los sectores más vulnerables.
El magistrado estableció un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 1878, de 2006, de acceso al Programa Ciudadanía Porteña (CP) que, según la AGT, otorga hasta 1424 pesos para familias de 7 o más integrantes en situación de indigencia, y 750 pesos por mes para una familia en situación de pobreza compuesta por cuatro miembros.
Asimismo estableció que el Programa Ticket Social, que entrega 250 pesos mensuales por familia independientemente de su composición, cuente con un protocolo de procedimiento y una instancia de actualización periódica de los montos. Este programa es un paso previo al Ciudadanía Porteña.
Voceros del gobierno porteño evitaron aclarar si se apelará la medida o se acatará la resolución tras el cierre de la feria judicial.
"Tuvimos varias mesas de diálogo, pero no se pudieron concretar acuerdos. Los montos de los subsidios son muy bajos, y no contemplan si se trata de una familia de tres, cuatro o cinco personas. Se fueron indexando pero muy por debajo de lo requerido y sin un criterio fijo. Depende de la voluntad del funcionario a cargo. Además, está el tema de los plazos en el pasaje de un programa a otro. Puede tardar entre seis meses y un año, es muy laxo para la situación de estas familias. Todavía tenemos expectativa de que se llegue a un acuerdo porque queremos que efectivamente se cumpla, que no haya una sentencia vacía", explicó el asesor tutelar de Primera Instancia, doctor Jorge Bullorini, demandante en la causa.
La acción de amparo se sustenta, además, en varias resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre los inconvenientes relacionados con el ingreso y permanencia al programa Ciudadanía Porteña (CP).
La AGT había pedido al juez que hasta tanto no se realice el traspaso de beneficiarios, los montos Ticket Social sean equivalentes a los del CP.
Según datos del gobierno porteño, una familia en situación de pobreza recibe una ayuda social de tan sólo 8 pesos por día para comer, es decir unos 2 pesos por persona diarios si se trata de una familia clásica, un grupo compuesto por cuatro miembros.
Sin embargo, el juez negó ese pedido con el argumento de que se trata de programas con "objetivos y modalidades distintas".
"Estamos expectantes de la resolución de fondo. Es muy importante lograr la adecuación de la política alimentaria porque se trata de un sector de especial vulnerabilidad. Además, se necesita más y mejor información para hacer un diagnóstico preciso. Por ejemplo, no sabemos cuántas personas reciben el ticket social y están en condiciones de recibir el CP", señaló Luciana Bercovich, coordinadora del Derechos y Construcción Comunitaria en Villas de ACIJ.
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