EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE CÓRDOBA CONDENÓ A SOLO TRES AÑOS DE PRISIÓN AL EX JUEZ PUGA Y AL EX FISCAL CORNEJO Y ABSOLVIÓ A OTROS DOS EX FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA FEDERAL EN EL VEREDICTO DE LA LLAMADA “CAUSA DE LOS MAGISTRADOS”. LOS CUATRO ESTABAN ACUSADOS POR CRÍMENES COMETIDOS EN LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN DE LA PROVINCIA DURANTE LA DICTADURA.
Apenas tres años de prisión fue la pena que recibieron dos de los cuatro imputados en la llamada “Causa de los Magistrados”, que investigó la complicidad de la justicia federal de Córdoba con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Estaban acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y de otros delitos.
El ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal federal Antonio Cornejo recibieron la pena de tres años de prisión, mientras resultaron absueltos el ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez (quien fue juez federal hasta 2009 y participó como vocal del primer tribunal que juzgó a Luciano Benjamín Menéndez en 2008), y el ex defensor oficial Federal, Ricardo Haro. Tras la lectura de las condenas hubo insultos al tribunal, que postergó la lectura de los fundamentos de la sentencia para el 7 de diciembre.
Durante los alegatos, que comenzaron el 18 de septiembre, las querellas habían solicitado cinco año de prisión para Otero Álvarez y tres para Puga y Cornejo. En tanto, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta habían solicitado penas de siete años para Otero Álvarez, cinco para Cornejo y Puga y dos para Haro.
Puga, Cornejo, Haro y Otero Álvarez estuvieron en el banquillo de los acusados por 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas en falsas fugas en 1976 en la cárcel UP1 del barrio San Martín. Son los mismos 31 asesinados por los que en 2010 ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en cárcel común los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Durante las audiencias pudieron escucharse testimonios como el de el sobreviviente Luis “Vitín” Baronetto, quien le apuntó a Carlos Otero Álvarez, uno de los que hoy fue absuelto y quien fuera el secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma, quien no estuvo entre los acusados por que murió antes del juicio.
Baronetto fue secuestrado y estuvo encarcelado desde el 15 de agosto de 1975 hasta 1982. El 11 de octubre de 1976 fusilaron a su esposa Marta González: una maestra de 26 años que acababa de ser madre dentro de la prisión y había sido secuestrada con él. “A mi mujer la mataron el 11 de octubre. Fíjense ustedes que suspendieron una audiencia del 15 de octubre por incomparecencia del abogado, pero ése fue el día que la enterraron. La justicia era instrumental al terrorismo de Estado”, denunció.
También aseguró que Otero Álvarez le dijo en el penal de Sierra Chica, adonde lo habían trasladado, que su esposa había muerto en un enfrentamiento armado “cuando ni siquiera en el mismísimo comunicado mentiroso (Vicente) Meli decía eso; sino que el vehículo militar fue interceptado a raíz de lo cual murieron mi mujer y otros presos en una intersección que no existía en barrio Lomas de San Martín”.
La viuda de Francisco “Paco” Bauducco apuntó contra Ricardo Haro, quien actuara como abogado defensor de oficio de su marido. El joven de 28 años, estudiante de periodismo, fue fusilado a quemarropa el 5 de julio de 1976 en el patio de la UP1 a la vista de cientos de presos políticos y comunes. “¿Por qué me mintieron? Me vinieron a decir que mi marido le había querido sacar un arma a un militar. ¿Cómo iba a querer hacerlo en el estado de sometimiento que estábamos? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no fueron jueces y abogados como la ley lo dice?”, dijo al señalar a Haro.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) integrado por los magistrados Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino mostró desde un principio su interés de que el juicio no trascendiera, al tratarse en varios casos de imputados que tuvieron el rango de jueces hasta hace pocos años. El proceso se llevó a cabo en una microsala donde apenas podían acomodarse una veintena de personas, con una sala de prensa contigua improvisada.
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