EL RÉGIMEN FASCISTA DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS DECRETÓ LA CREACIÓN DE LA EMPRESA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. QUE SURGIRÁ DE LA FUSIÓN DE LAS ACTUALES COMPAÑÍAS ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA) Y EMPRENDIMIENTOS BINACIONALES S.A. (EBISA) Y DISPUSO LA VENTA DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO EN EL SECTOR, QUE INCLUYEN SEIS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN DISTINTAS COMPAÑÍAS.
Así se dio a conocer ayers con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 882/2017 que firmaron Mugrizio Macri Blanco Villegas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez y el CEO de Energía, Juan José Aranguren, en el cual también se determina la reasignación de sus nombres originales a las represas hidroeléctricas en construcción sobre el Río Santa Cruz, las que volverán a llamarse Cóndor Cliff y Barrancosa, en lugar de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.
El artículo 1 del Decreto instruye al Ministerio de Energía y Minería para que en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa), "impulse los actos y recaudos societarios necesarios a fin de efectuar la fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo Enarsa el carácter de sociedad absorbente, la que pasará a denominarse Integración Energética Argentina S.A.".
Por la venta de activos energéticos, el Estado podrá recaudar, en una estimación conservadora, unos 1.000 millones de dólares, los que serán destinados al repago de obras ya en ejecución u otras encaradas a futuro, mientras que se mantendrán ajenas a ese proceso de valorización las dos represas santacruceñas, la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto del Noreste Argentino GNEA y la ampliación de tres gasoductos de reciente adjudicación.
Fuentes gubernamentales explicaron que las medidas pretenden "generar condiciones para una mayor eficacia, a tono con el programa que se anunciará este miércoles de desburocratización del Estado, mediante la reducción de su peso en muchas decisiones económicas pero sin dejar de controlar los procedimientos administrativos".
A esto se suma "la larga historia de Enarsa de falta de transparencia que el Gobierno comenzó a modificar en diciembre de 2015 mediante una transición que hoy se completa con esta medida que, además busca generar las condiciones para que sea un instrumento para la integración interna y con los países vecinos".
Así, las principales medidas del decreto contemplan en primera instancia la absorción por parte de Enarsa de la empresa Ebisa, la que tiene por responsabilidad principal la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por lo cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en la Entidad Nacional Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
Tras concretarse la abosrción, el Decreto dispone que se cambie la denominación de la nueva compañía para pasar a llamarse integración Energética Argentina S.A. y de esta forma "darle un punto de quiebre al pasado de Enarsa", la empresa creada en diciembre de 2004 que tiene bajo su responsabilidad, entre otras funciones, la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile y las compras de los embarques de GNL.
"Queremos lograr una mayor eficiencia con la fusión y tener una única empresa que maneje los emprendimientos energéticos que están siendo ejecutados por el Estado nacional y aquellos que en el futuro puedan hacerse desde el Estado", explicó las fuentes sobre el contenido del decreto del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, aquellos emprendimientos que hoy están en cabeza del Estado nacional como los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el Río Santa Cruz como la terminación de la construcción de la Central Térmica de Río Turbio, de los tres gasoductos cuyos contratos se firmaron la semana pasada (Cordillerano, De la Costa y del Centro) el comitente pasa a ser la nueva empresa Integración Energética Argentina S.A.
Las fuentes explicaron que el directorio de la compañía creada ayer será el mismo que conduce actualmente Enarsa, pero los mismos serán refrendados una vez que se concrete la fusión, para la cual se instruye los mecanismos a seguir en la misma norma.
El decreto también instruye la puesta en venta de los activos energéticos de Enarsa y del Ministerio de Energía mediante mecanismos licitatorios transparentes y con el control valuatorio del Tribunal de Cuentas de la Nación, además de las participaciones accionarias ya sean controlantes o minoritarias de otras empresas.
Así, el Estado se desprenderá de las centrales de ciclo abierto Ensenada Barragán en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López en la provincia de Santa Fe, que actualmente se encuentran bajo la órbita de Enarsa, pero con el compromiso que deberá asumir el comprador de completar los cierres de ciclos ya proyectados de ambas plantas, lo que sumará al sistema unos 450 Mw adicionales.
También serán ofrecidas al sector privado las inversiones concretadas mediante el Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM), creado de 2005 para incrementar la oferta energética y que incluye las centrales térmicas de ciclo combinado de 800 MW General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown, en Buenos Aires, y General San Martín, en Santa Fe.
Para la concreción de estas compras, el régimen macrifascista va a permitir que las liquidaciones de ventas que aún están en manos de una veintena de empresas generadoras de energía eléctrica -por suministros no pagados oportunamente por Cammesa y estimados en 12.000 millones de pesos-, sean utilizadas para poder saldar parte de la compra de los activos.
El régimen también decidió desprenderse de las participaciones accionarias del 50% que Enarsa tiene en la compañía Citelec, empresa titular del 52% de Transener, la transportista de ultra alta tensión, las cuales el Estado adquirió en 2016 a un valor de 7,2 pesos la acción y hoy cotiza en el mercado por encima de los 40 pesos.
El mismo camino seguirán las tenencias públicas de acciones -en todos casos inferiores al 10 por ciento del total- en las empresas Central Puerto, Transba, Dique SA y Central Térmica Güemes, y el 51% accionario que saldrán a futuro al mercado de la empresa Dioxitek, cuya planta se está construyendo en la provincia de Formosa para transformar el dióxido de uranio en pastillas de uranio, elemento combustible para las centrales nucleares.
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