LA HUELGA DE LA UTA ENTRÓ EN SU NOVENO DÍA. ANOCHE SE HABÍA LLEGADO A UN ARREGLO, PERO LUEGO EL INTENDENTE MESTRE LO DESCONOCIÓ Y LOS CHOFERES ANUNCIARON QUE SIGUE LA HUELGA.
“Los trabajadores despedidos han perdido su puesto y las horas no trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha habido ningún acuerdo”. Con este tuit que publicó anoche, el intendente de Córdoba Ramón Mestre desconoció un arreglo que los choferes y su ministro de Trabajo habían anunciado dos horas antes, y así el paro de transporte en Córdoba entró en su noveno día consecutivo.
Con un esquema de emergencia para el transporte urbano en algunos corredores troncales de la capital cordobesa, ayer volvió a circular por la ciudad cerca de una cuarta parte de los colectivos, aunque con fuerte custodia de fuerzas de seguridad. El mismo esquema de emergencia será implementado durante la jornada de hoy. El resto de los choferes siguió con un paro que tuvo como condimento extra una fuerte interna entre la conducción nacional de Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los delegados de la seccional local. Uno de los orígenes del paro es histórico. La seccional de la UTA de Córdoba siempre se comportó de manera autónoma de la nacional. Pero hay otro más cercano: el acuerdo paritario de los colectiveros que fue homologado hace poco por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que fijó una suba del 21% en tramos, incremento que es considerado insuficiente por los colectiveros de Córdoba.
El acuerdo estableció un 1% de aporte por parte de todos los afiliados para la obra social sindical y otro 1% como cuota solidaria al gremio. Anoche, nadie sabía calcular de manera exacta cuánto dinero significa. “Es una fortuna”, se limitaron a estimar en una dependencia oficial.
La seccional Córdoba de la UTA está intervenida por la conducción nacional desde octubre del año pasado. Fue a raíz de una serie de conflictos entre diferentes líneas internas, un proceso electoral -de 2015- que nunca había terminado de cerrar y el caso de un secretario adjunto que había sido desplazado.
En marzo, para sumar elementos a la tensión, se convocó a elecciones de los cuerpos de delegados en las líneas de transporte y los que se impusieron mayoritariamente fueron los de los sectores más combativos.
Pero más allá de las pujas internas, en el conflicto hay otro ingrediente que aglutina: hasta 2013, en Córdoba se había aplicado un convenio colectivo que fijaba una pauta salarial diferente y que elevaba la suba salarial unos puntos por encima de la paritaria nacional. Ese convenio está hoy en desuso y su regreso es la principal bandera de los nuevos delegados.
Observadores locales señalan que los delegados se encontrarían divididos en tres grandes grupos. En uno es fuerte la izquierda y está concentrado sobre todo en la empresa de trolebuses Tamse, donde la mayoría de los conductores son mujeres.
De otro la cara más visible es Marcelo Marín, un dirigente que describen como de un lejano origen peronista y que hoy no sería orgánico de ninguna fuerza política. El secretario de Interior de UTA Nacional, Jorge Kiener, lo calificó de “trastornado”.
El tercer sector, el más moderado, es uno que se siente identificado con la UTA como institución, pero no con su conducción. De este grupo ayer algunos choferes retomaron sus tareas, tras una semana de paro total.
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, había acusado el domingo al Partido Obrero y al kirchnerismo de “nacionalizar un conflicto sectorial”.
Ayer hubo una reunión entre el gobernador peronista Juan Schiaretti, el intendente Mestre y legisladores de la provincia. De allí salió la idea de impulsar hoy una sesión especial en Diputados para declarar “esencial” al servicio de transporte.
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