LA DECISIÓN DE QUE EL EXPEDIENTE PASE A MANOS DEL MAGISTRADO LA TOMÓ EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA, MARTÍN IRURZUN, QUIEN DEFINIÓ ASÍ EL CONFLICTO DE COMPETENCIA PLANTEADO CON EL JUEZ ARIEL LIJO.
Bonadio y Cristina Fernández de Kirchner vuelven a cruzarse tras la decisión Irurzun, que dejó en manos del primero -a quien CFK acusó de perseguirla- la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y otros funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.
El mismo juez ya la procesó en otras dos causas, la del dólar futuro y Los Sauces. En la última de las causas, luego de procesarla por supuesta asociación ilícita con el propósito de beneficiar a ciertos empresarios con obras públicas, se declaró incompetente y le envió el expediente a su par, Julián Ercolini.
La denuncia realizada por el corrupto y putañero Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas y por la Cámara Federal, que sentenciaran que no había ningún delito en la firma del Memorándum con Irán. Inclusive, Casación convalidó un dictamen fiscal en el mismo sentido.
Con el cambio de gobierno algunos fiscales federales, la dirigencia de la DAIA y denunciantes afines al macrismo volvieron a la carga con el tema por dos vías: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” en la causa que Rafecas había archivado e hicieron una nueva denuncia con esos elementos por “traición a la patria”.
En diciembre de 2016, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el Memorándum de Entendimiento con Irán pudo ser una fuente o un resultado de delitos. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa ordenaron reabrir la denuncia del fallecido fiscal contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA.
Tanto Rafecas como los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero fueron apartados del caso por Casación, que les cuestionó haber resuelto de manera “prematura, arbitraria y parcial” el expediente. Además aceptaron que la DAIA fuera querellante y ordenaron que se recabaran las 45 medidas de prueba que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita.
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