EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) CONSIDERÓ "PREOCUPANTE" QUE FUNCIONARIOS NACIONALES HAYAN SEÑALADO AL CUD COMO INSTIGADOR DE LA PROTESTA DE LOS PRESOS DE DEVOTO. LO CONSIDERÓ UN "ATAQUE" A “UNA DE LAS EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL MÁS IMPORTANTES” REALIZADAS EN EL SISTEMA CARCELARIO ARGENTINO.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos aires (UBA) calificó de “ataques” a las acusaciones que funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Justicia, Germán Garavano, realizaron contra los responsables del Centro Universitario que funciona en la cárcel de Devoto (CUD), a quienes señalaron como los instigadores de las protestas que detenidos de ese penal realizaron la semana pasada en contra de la reforma del sistema de ejecución de penas.
La semana pasada, el régimen macrifascista acusó al kirchnerismo de estar detrás de la protesta de detenidos contra la reducción de las salidas transitorias a quienes cometieron delitos graves. “Entiendo que son secuelas de la actividad que ejerció durante años Vatayón Militante”, dijo Garavano, en referencia a al grupo de trabajo con detenidos de ese y otros penales.
En este sentido, el ministro sostuvo que la manifestación y huelga de hambre que concretaron quienes están privados de su libertad en Devoto tuvo “una intencionalidad política” y vinculó en ello al CUD.
El máximo organismo de la UBA manifestó su “preocupación” por esos dichos que, subrayaron, “desacreditan el trabajo de docentes y alumnos del Programa UBA XXI” de estudios superiores en establecimientos penitenciarios, que tiene 30 años de vigencia.
A la vez, la autoridades de la casa de estudios reafirmaron la “importancia y trayectoria” de ese programa, al que calificaron como “una de las experiencias de inclusión social más importantes” realizadas en el sistema carcelario argentino.
Además de los funcionarios nacionales, varios operadores periodísticos del régimen se hicieron eco de la lectura de los hechos que hizo Garavano, luego de que un juez de la ciudad entrerriana de Gualeguay le concediera la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien cumplía una pena por delitos de abuso sexual, y que al salir violó y mató a la joven Micaela García.
Ese hecho fue aprovechado por el oficialismo para endurecer la política carcelaria y reimpulsar en el Congreso la discusión de la ley 24.660, que regula las penas privativas de libertades.
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