El massismo intenta impugnar la asunción de Olmedo como diputado por violencia de género

EL SALTEÑO ALFREDO OLMEDO ESTÁ EN LA MIRA POR VIOLENCIA DE GÉNERO. OCURRE TRAS LOS HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA QUE EL DIRIGENTE PROTAGONIZÓ CONTRA SU ESPOSA CUANDO LO DESCUBRIÓ CON SU SUPUESTA AMANTE A LA SALIDA DE UN ALBERGUE TRANSITORIO.

El diputado salteño Alfredo Olmedo está en la mira por violencia de género y el massismo intenta impugnar su asunción. Así lo adelantó Fernanda Gil Lozano, Diputada electa para el Parlasur por el Frente UNA.

Esto ocurre tras los hechos de violencia física que el dirigente macrista protagonizó contra su actual esposa tras haber sido descubierto con su supuesta amante a la salida de un albergue transitorio.

Analizan las herramientas legales para arribar a una medida ejemplificadora que le prohíba el ejercicio de la función pública.

El hecho se produjo durante la madrugada del último domingo 25 de octubre, cuando el ahora ya electo Diputado Nacional por Salta fue encontrado por su esposa, Eliana Piombo, a la salida de un hotel con quien sería su amante.

Allí, Olmedo forcejeó con su esposa y le propinó varios golpes que le ocasionaron heridas de diversa consideración, algo que fue constatado por varios testigos que dieron inmediato aviso a la policía. Sin embargo, el dirigente se retiró del lugar antes que arribaran los efectivos y su mujer fue trasladada a la dependencia policial de Lavalle donde finalmente radicó la denuncia.

Ante esto, Gil Lozano, repudió los hechos y afirmó que está trabajando para “obtener el apoyo necesario que permita instrumentar los mecanismos que impidan que Olmedo pueda asumir su cargo de Diputado Nacional el próximo 10 de diciembre”.

A pesar de pertenecer al mismo espacio político, afirmó que “sería muy importante arribar a una sanción ejemplificadora para prohibirle al flamante legislador que asuma su banca en el Congreso Nacional”.

Finalmente, Gil Lozano exigió que “así como se reclaman penas e imprescriptibilidad para los hombres violentos, también es importante que se les impida ejercer puestos públicos” porque consideró que “una persona con esa conducta atroz no puede ocupar un lugar de representación parlamentaria ni ningún otro relacionado a la función pública”.