Sin la Federación Agraria, las patronales agrogarcas evaluaron el cese de comercialización

En unaconferencia de prensa en la sede de la Suciedad Rural Argentina, las entidades rurales que adhirieron a la medida evaluaron su alcance. "No hablamos de éxitos o fracasos", dijeron.

La sede de la Suciedad Rural Argentina (SRA) fue el lugar elegido por un sector del ruralismo (SRA, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas) para exponer los motivos del lockout patronal que comenzó a las 0 horas de ayer y se extenderá hasta mañana en todo el país, sin "riesgo alguno de desabastecimiento", según coincidieron los representantes de las entidades adherentes.

El titular de la SRA, Miguel Etchevehere, evitó presentar la medida como un paro de actividades y se refirió exclusivamente a un "cese de comercialización", en una inequívoca señal de debilidad ante el alejamiento de la Federación Agraria Argentina (FAA) y, consecuentemente, la imposibilidad de poner en escena a la denominada Mesa de Enlace.

Es que a diferencia de otras medidas de fuerza, esta vez a la mesa le faltaba la pata de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores, la Federación Agraria, cuyo origen se remonta a 1912 tras una declaración de huelga de arrendatarios históricamente conocida como Grito de Alcorta.

Etchevehere, como era de esperar, cuestionó con dureza la política agropecuaria del Gobierno Nacional y respaldó sus expresiones con un documento titulado "Es necesario un cambio urgente de rumbo" que leyó, de punta a punta, el titular de CRA, Rubén Ferreiro.

"Es inexplicable porque el Gobierno no revierte esta situación", sentenció el presidente de SRA, aunque luego admitió que "el campo sigue a la altura del desafío".

Asimismo, aprovechó la oportunidad para advertir a los precandidatos presidenciales respecto a la necesidad de cambiar el rumbo con la simpleza de imitar la política agropecuaria implementada por algunos países vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay.

"Los candidatos deberían tomar nota para no cometer los mismos errores", señaló el empresario rural en el salón principal de la entidad, que apenas completó el 30 por ciento de su capacidad.

Pobre fue la respuesta del presidente de Coninagro, Egidio Mailland, al responder la inquietud de la prensa respecto de una primera evaluación del acatamiento: "Es la voz del productor, no hablamos de éxitos o fracasos, aunque hemos recibido una enorme cantidad de adhesiones de economías regionales".

Más aún, Rubén Ferreiro lejos estuvo de aclarar el panorama: "No nos gusta decir acatamiento, los productores están ejerciendo el derecho de defender su producción".

Ferreiro también cuestionó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina, que prevé una compensación de 30 centavos por litro producido, durante tres meses, para los tamberos que producen hasta 2.900 litros diarios.

"El incentivo es para una franja minoritaria ya que el 80 por ciento de los productores lecheros no se ven beneficiados", subrayó.

El documento elaborado por las tres entidades hace referencia a la "situación terminal de la mayoría de las producciones del país", como resultado de "políticas públicas equivocadas que excedieron lo meramente sectorial para afectar a la ciudadanía en su conjunto".

Reclaman además "una reforma impositiva amplia, que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos", a la vez que le "exigen" al Banco Nación que "cumpla su rol fundacional de fomento".

"Los consumidores llegana pagar hasta 20 veces lo que recibe un productor, y se supone que estas políticas eran para defender la mesa de los argentinos", concluye el documento firmado por SRA, CRA y Coninagro.