Silvina Martinez, ex funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) y abogada de Margarita Stolbizer -convocada como perito por el juez Federal Claudio Bonadio en la denuncia de la diputada del GEN contra Hotesur-, fue denunciada por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Andrea García (Frente para la Victoria), quien sostuvo que Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, "no es un perito parcial por sus permanentes acciones legales contra la IGJ y su relación de dependencia con la diputada opositora Margarita Stolbizer".
La denunciada se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ durante los años 2009 y 2012 y, tal como sostuvo García, “es la abogada de Margarita Stolbizer, a quien patrocina en diversas causas contra el organismo que ella misma dirigió” y también su asesora en la Cámara de Diputados de la Nación.
Después del cese de su designación en la IGJ inició diversas acciones legales contra el organismo y comenzó a aparecer como fuente destacada y habitual entrevistada de los medios del grupo Clarín y del diario La Nazión, donde reitera y destaca “la desaparición de tres expedientes vinculados a la ex Ciccone Calcográfica”, que tuvieron lugar durante su gestión en la IGJ, y la deficiente reconstrucción que fue llevada a cabo por personal que reportaba directamente a ella en un área que estaba bajo su responsabilidad.
Respecto al juez federal Bonadio, la diputada del FpV remarcó que "es absolutamente arbitrario", ya que "tiene nueve expedientes de denuncias de irregularidades en el Consejo de la Magistratura y pretende extorsionarnos".
Martínez, lejos de tratarse de una “perito imparcial” como la considera Bonadio, “es parte interesada en la causa: su mal desempeño en la IGJ, los juicios iniciados contra el organismo y su militancia opositora así lo demuestran”, afirmó García.
"Estas acusaciones tardías podrían resultar una maniobra llevada a cabo por Martínez", denunció la diputada del FpV, con el objetivo de "eludir el tratamiento de su propia responsabilidad penal, no habiendo denunciado tempestivamente delitos que habrían llegado a su conocimiento en su calidad de funcionaria pública".
"Algunos jueces federales han olvidado que son también el Estado y se prestan en la defensa corporativa y como estación de playa para alguna aventura electoral o, lo que es más grave aún, como herramientas en la estrategia de desestabilización de un gobierno elegido por los argentinos", afirmó García, y concluyó señalando que "no le perdonan a nuestra Presidenta que su único compromiso sea con el pueblo".
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