Se trata de tres proyectos de ley presentados por el diputado del Frente Para la Victoria Eduardo “Wado” de Pedro, que tienen por objeto fortalecer el sistema de control y agilizar la destrucción de las armas ilegales y las secuestradas por las fuerzas de seguridad.
Estos proyectos proponen la creación de un organismo encargado no sólo del registro de armas, sino también de la activa participación en el diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia armada; la agilización del proceso judicial para destruir las armas rápidamente; y el establecimiento de mayores requisitos para quienes soliciten la autorización para ser legítimos usuarios.
En este sentido, el diputado "Wado" de Pedro manifestó la necesidad de trabajar en proyectos de ley que "le den herramientas al Poder Ejecutivo para reducir la cantidad de armas que circulan ilegalmente".
El primero de los proyectos consiste en la creación de la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que reemplazaría al actual Renar, y apunta a que el Estado nacional cuente con un organismo que permita institucionalizar las políticas de control de armas que se vienen dando durante la última década, en el cual se pueda trabajar tanto en el registro y control de armas como en la prevención de la violencia armada, en la formulación de estadísticas e informes sobre circulación de armas legales e ilegales que ayuden a las fuerzas de seguridad y a los fiscales en la tarea investigativa.
"De esta forma -aseguró de Pedro-, se podría contar con un organismo más flexible, dinámico y con recursos propios, ya que hoy los recursos para el control y la fiscalización de las armas surgen del propio mercado de la venta de armas”.
Por otra parte, el diputado por el Frente para la Victoria propuso la incorporación del artículo 23 bis al Código Penal, a fin de que los jueces dispongan de seis meses como máximo para realizar las pericias necesarias de las armas incautadas y enviarlas para su destrucción definitiva.
Asimismo, agregó que de esta manera "se destruirían más del doble de armas de las que se están destruyendo actualmente, evitando de esa forma que vuelvan a entrar en el circuito ilegal y liberando espacios y recursos que actualmente están destinados a proteger la guarda de esas armas".
Finalmente, el tercer proyecto de esta serie de medidas, establece la incorporación a la Ley nacional de armas y explosivos (Nº 20.429) de los requisitos para ser Legítimo Usuario de Armas en la Argentina.
Dichos requisitos, que están en consonancia con las normas más exigentes del mundo al respecto, actualmente están establecidas por una Disposición del Director del Renar. Con este proyecto, entonces, se institucionaliza la medida, otorgando jerarquía de ley a los requisitos exigidos a todos aquellos que quieran acceder a un arma.
Finalmente, "Wado" expresó que "para la redacción consensuada de los proyectos, fueron consultados importantes funcionarios del Poder Judicial, como fiscales y otros especialistas en el tema y del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Renar que es un organismo cuya política de desarme fue premiada por la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU".
Los proyectos presentados por De Pedro fueron acompañados con la firma de los diputados Anabel Fernández Sagasti, Marcos Cleri, María Luz Alonso, Mayra Mendoza y Diana Conti, en lo que respecta al proyecto de modificación del artículo 23 bis del Código Penal.
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