Sólo 26 jueces controlan a 25.110 presos condenados

Magistrados reclaman la creación de mayor cantidad de juzgados de ejecución penal, encargados de monitorear el cumplimiento de las condenas, la efectiva resocialización y los distintos tipos de “libertades”.

 

Juez Fernando Bellido

En medio del debate por los beneficios con salidas transitorias que reciben los detenidos con condenas firmes en cárceles, la situación de los jueces encargados de firmar los permisos es desbordante: en la provincia de Buenos Aires funcionan 26 juzgados de ejecución, encargados de analizar los pedidos de 25.110 presos con sentencias. En promedio, cada magistrado debe atender 966 expedientes.

 

El dato sobre la cantidad de juzgados de ejecución y cantidad de causas atendidas en 2012 forma parte del último estudio -con cifras preliminares- del Área de Estadísticas dependiente de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En 2011, la cifra final fue de 29.897 causas para los mismos magistrados.

 

El juez Fernando Bellido, integrante de la Sala 1 de la Cámara Penal de Morón y presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, solicitó un tratamiento legislativo para la pronta creación de juzgados de ejecución. "Sólo en el Departamento Judicial de Morón, que incluye Ituzaingó y Hurlingham, dos juezas de ejecución tienen a su cargo y deben decidir sobre 1.400 detenidos con condena firme. Es un despropósito", dijo el magistrado.

 

"El esquema es realmente complejo. Porque intervienen muchas variables. Por ejemplo, es muy importante el contacto directo entre el magistrado que debe tomar la decisión y el detenido. Pero los internos son trasladados a unidades alejadas de sus departamentos judiciales, y se hace imposible esa tarea", señaló Bellido.

 

Asimismo, explicó que "el rol de los jueces de ejecución es muy importante, porque se encargan de verificar el cumplimiento de la condena que recibieron los detenidos, que reciban educación, tareas laborales y también de firmar los permisos para sus salidas, siempre en el marco de lo que impone la normativa vigente, con leyes y tratados internacionales a los que adhirió nuestro país y que los jueces deben respetar".

 

Datos de los juzgados de Morón del presente año resultan reveladores: de los 1.400 detenidos que son monitoreados por los dos magistrados a cargo, en este 2013 se firmaron 13 libertades condicionales, 43 libertades asistidas y 39 salidas transitorias. De esos 95 internos con beneficios, 8 se fugaron. Casi un 10%.

 

El magistrado Bellido destacó que actualmente "hay 10 figuras distintas para denominar a los beneficios de salidas que reciben los detenidos con condena firme", agregando que "esta situación es relativamente nueva, tiene unos 15 años, a partir de modificaciones a las leyes que se vienen realizando, mientras que previamente se cumplía la condena completa o se recurría la libertad condicional".

 

"La realidad es que muy difícil que los detenidos con condena cumplan la pena completa que les impusieron los tribunales orales. El Estado fue adhiriendo a tratados internacionales tendientes a mejorar la situación de detención de los internos, y a partir de allí se fueron creando leyes que van en ese carril. Por ello, hoy tenemos 10 tipos de salidas o beneficios. El problema es que eso no se acompaña con lo necesario para que se cumplan satisfactoriamente", expresó el magistrado y brindó un ejemplo: "Una persona condenada a 12 años de prisión, con el esquema actual obtendrá la salida en 6 años. Por eso decimos que tenemos que repensar todo el sistema, debatirlo en profundidad y de manera urgente con la sociedad en conjunto", indicó.

 

Para Bellido, "los jueces están obligados por el marco legal vigente, y la realidad es que nadie puede hacer futurología, entonces aparecen informes penitenciarios excelentes sobre determinado interno, y al mismo tiempo la normativa exige que se le permitan las salidas, pero luego pasa que una vez en esa instancia la persona reincide en el delito, y ahí debe decirse que entra en juego la problemática del control de las salidas y si la socialización en el penal fue eficiente".

 

"No se trata de echarle la culpa a nadie. Pero los juzgados de ejecución no tienen capacidad operativa para atender todos los casos", dijo Bellido y agregó: "esperamos que se cumplan las condenas completas".

 

"Soy juez, y puedo decir que todos los magistrados, cuando redactamos una condena, esperamos que se cumpla en su totalidad. Si la pena es de 24 años, el juez espera que la persona condenada pase esa cantidad de años en la cárcel", concluyó Bellido.