La comisaría 1ª de Monte Grande, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, fue señalizada como sitio de memoria para recordar que allí funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante el terrorismo de Estado.
El lugar, ubicado en pleno centro de Monte Grande, frente a la plaza principal y a metros del edificio municipal, fue utilizado entre 1976 y 1978 como “depósito” de detenidos ilegalmente por fuerzas de seguridad que se encontraban bajo el control operacional del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del fallecido ex general Guillermo Suárez Masson.
En el acto, del que participaron sobrevivientes, representantes de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, autoridades nacionales, de la provincia y municipales, la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, destacó las políticas públicas en materia de Memoria, Verdad y Justicia instaladas desde 2003.
Advirtió que “no vamos a dar marcha atrás” y que “a pesar de los hostigamientos, seguiremos derribando poco a poco los bastiones del terrorismo de Estado”.
“Tenemos una nueva generación consustanciada con estas políticas”, afirmó la funcionaria y sobreviviente de la dictadura cívico militar, al tiempo que remarcó que la señalización de la comisaría “es un mensaje claro que expresa que esto no puede volver a suceder”.
Frente a la comisaría que los alojó clandestinamente hace 35 años, se encontraron tres ex militantes de Vanguardia Comunista, Jorge Watts, Ricardo Wejchenberg y Faustino Fernández, quienes habían sido trasladados del centro clandestino El Vesubio, en el cruce de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri.
“Este era un depósito que funcionó como paso previo a la legalidad antes de quedar detenido la cárcel de La Plata”, explicó Watts, autor del libro Memoria del Infierno, en diálogo con Télam.
Watts fue querellante en la causa Vesubio que en 2011 condenó a siete militares por delitos de lesa humanidad y espera que en febrero de 2014 se ventile en juicio oral el segundo tramo por cien víctimas más.
Los tres coincidieron en que el cautiverio en Monte Grande, fue apenas una sombra del horror vivido en El Vesubio, donde las torturas, las cadenas, las capuchas y el aislamiento eran moneda corriente.
En su mensaje, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, subrayó la importancia de que “cada vecino que pasa por aquí conozca la historia reciente” y renovó su “compromiso para seguir trabajando en defensa de los derechos humanos”.
“Como funcionario, como militante y como sobreviviente de una generación que dio su vida, continuaremos trabajando y para que en todos los municipios exista una Secretaría de Derechos Humanos”, afirmó Carlotto.
Del ámbito local, participaron el intendente Fernando Gray y el director de Derechos Humanos, Horacio Cruz, quien señaló que “con los años logramos romper la bolsa del silencio y aprendimos que la dictadura fue un golpe cívico-militar con responsabilidades civiles y eclesiásticas”.
También estuvieron presentes referentes del Movimiento Evita y de la delegación local del gremio docente Suteba, que a través de su referente, Aníbal Balmaceda, reivindicó “la memoria de los 30 mil detenidos-desaparecidos” y el compromiso por “tomar su bandera por la distribución de la riqueza, más trabajo y más educación”.
En el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se mencionan cuatro centros clandestinos de detención ilegal en el partido de Esteban Echeverría: el Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica (Cipra), en Autopista Riccheri Km 5/500, camino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza; "La 205" en la ruta nacional homónima; la Unidad Penal 3 de Mujeres, de Ezeiza, y la Comisaría 1ª en Monte Grande.
Con esta señalización, ascenderán a 66 las instaladas por el Estado Nacional en todo el país en cumplimiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
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