Nota de la revista Veintitrés
Los allanamientos aportaron nuevos datos a la causa que investiga una mega red acusada de eludir al fisco. Las pistas que llevaron al periodista Lapegüe y a un ex funcionario de Duhalde.
Los allanamientos aportaron nuevos datos a la causa que investiga una mega red acusada de eludir al fisco. Las pistas que llevaron al periodista Lapegüe y a un ex funcionario de Duhalde.
La maniobra, por conocida, no deja de sorprender. Una empresa compra facturas truchas a una proveedora para asentar en sus libros contables gastos que nunca hizo. Esto permite, al mismo tiempo, esconder ganancias y eludir impuestos. El mecanismo es un clásico al que recurren firmas de todo porte: grandes, medianas y pequeñas. Eso, al menos, es lo que surge de un expediente judicial donde se investiga decenas de sociedades acusadas de haber recurrido a estas verdaderas usinas de papeles apócrifos.
La causa que orienta el juez de Lomas de Zamora Alberto Santamarina se inició en 2012, pero ganó notoriedad hace unos quince días cuando el magistrado dispuso un megaoperativo en todo el país. Centenares de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron en forma simultánea 117 empresas de diferentes rubros en busca de facturas apócrifas “con la finalidad de desenmascarar claras maniobras de evasión efectuadas por una cadena de concesionarias de autos, un bingo y otras reconocidas empresas”, señaló la agencia fiscal por medio de un comunicado que arrojó indicios sobre una presunta evasión por más de 36 millones de pesos.
Entre las firmas allanadas lucían concesionarias de renombre como Taraborelli, Guido Guidi, Gigliuti Guerini (Mercedes-Benz), Ford Camiones y la agencia de Volkswagen denominada Strianese. También se relevaron los bingos de Adrogué y de Mendoza, la cadena de farmacias Farmacity, el laboratorio Roemmers –uno de los principales fabricantes de medicamentos del país– y la empresa de medicina prepaga OSDE, la firma con más pacientes de la Argentina. Thyssenkrupp, la fábrica de ascensores, recibió la visita de los sabuesos al igual que la Constructora Criba, la empresa de equipamientos para cocina TST, la de fabricación de tubos YPS, y la alimenticia Granja Tres Arroyos. Pero la definitiva notoriedad del operativo se alcanzó con el allanamiento al Club Boca Juniors y la inspección a domicilio de dos periodistas del canal de noticias TN, el conductor new age Sergio Lapegüe y el cronista Darío Lopreite.
En un principio, el Grupo Clarín –propietaria de TN– intentó presentar los allanamientos a sus empleados como un “apriete” gubernamental, pero la tesis defensiva se fue deshilachando a medida que se difundieron datos de la investigación, de la que ahora se conocen más detalles.
La causa 10834/2012 está caratulada como “Quality Tech SRL” y se inició el 18 de octubre de 2012. La maniobra investigada consiste en el presunto reclutamiento de personas de bajos recursos, la mayoría de ellas habitantes de barrios carenciados de Florencio Varela y Lomas de Zamora, a las que se les pagaban sumas de dinero –entre 100 y 200 pesos– con el fin de que firmaran papeles cuyo contenido desconocían. Con esas identidades y firmas se habrían constituido las usinas de facturación apócrifa que las firmas investigadas habrían utilizado para evadir el pago de ganancias e IVA. La investigación está tipificada como asociación ilícita.
El 7 de febrero de este año se realizó el primer operativo, con allanamientos en seis domicilios donde operaban las usinas y la escribanía que, se sospecha, habría urdido la maniobra. El profesional investigado es Francisco Osvaldo Mirabella, y ostenta un dato curioso: fue funcionario durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Según consta en el Boletín Oficial, el escribano bajo sospecha fue nombrado en julio de 2002 al frente de la Organización Nacional de Administración de Bienes del Estado, la estratégica ONABE que tiene a su cargo las tierras fiscales que la Nación posee a lo largo y ancho del país. El decreto con su nombramiento lleva la firma de Duhalde, quien jamás habría nombrado allí a una persona que no gozara de su extrema confianza. Mirabella, por cierto, aún suele ufanarse ante propios y extraños de su cercanía con el ex caudillo bonaerense.
El 10 de mayo se realizó el segundo procedimiento en 117 domicilios pertenecientes a las empresas que utilizarían el servicio de facturas truchas. El operativo abarcó 40 localidades y requirió de 670 agentes de la AFIP y 150 efectivos de fuerzas federales. Entre las empresas allanadas estuvieron los contribuyentes “En el Medio Producciones SRL” y “Sean Amigos SRL”, cuyos titulares son los periodistas Lapegüe y Lopreite. La pista que guió a los sabuesos hasta sus domicilios fue que ambas firmas poseían facturas apócrifas emitidas por la presunta usina Persol Publicidad S.A.
En la causa que instruye Santamarina, Persol ostenta el récord de facturación: 11,6 millones de pesos. La cifra la coloca a la cabeza de los contribuyentes sospechados de emitir facturas sin contraprestación real. Según la pesquisa de la AFIP, la sociedad “En el Medio Producciones”, propiedad de Lapegüe y Lopreite, poseía facturas de Persol por unos 40 mil pesos, mientras que a “Sean Amigos SRL”, propiedad de Lapegüe y Silvia Raquel Todaro, se le detectaron facturas sospechosas por 220 mil pesos emitidas por Persol y por Ángel Alberto Legal, un cartonero de vida humilde que, en el período investigado, facturó 1.967.000 pesos y figura como socio en media docena de sociedades. Según se constató en el allanamiento al periodista que prende y apaga la luz, entre el 2010 y el 2013 los principales clientes de sus firmas fueron Radio Libertad, Radio Mitre, Benito Roggio, Edesur, Edenor, La Campagnola, Provincia Seguros y Metrovías S.A.
El indigente Ángel Legal no es la única persona de condición humilde que figura en el expediente. Daniel Edgardo Aguilar –discapacitado, sin vivienda, analfabeto– declaró haber firmado papeles en el hospital donde estuvo internado. Romina Leguiza, que en los libros figura como socia de la constructora CHH SRL y directora suplente de Bulones Coiro S.A., es en realidad una desempleada que admitió cobrar 100 pesos por cada firma. Una cifra idéntica cobraba el desocupado Jorge Abraham Rojas, un desocupado con presencia en el directorio de cuatro sociedades. Otros contribuyentes en la mira por emitir facturas presuntamente apócrifas son Christian Sanabria, Jorge Luis Telli, Mármol 2007 S.A., Víctor Galve, Metal Point S.A. y Manchester Steal S.A., entre otros.
Según contabiliza la AFIP, entre todos ellos habrían emitido papeles por 36,2 millones de pesos que habrían sido utilizados para eludir impuestos por una cifra similar. Un ejercicio, por cierto, muy poco amistoso.
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