Julio Piumato, lameculo de Hugo Moyano, llamó a un paro del gremio de los judicales para oponerse al proyecto que pretende democratizar la justicia. Por otro lado, se suman las voces en apoyo a la iniciativa del Ejecutivo.
El sindicato de empleados judiciales que lidera el moyanista Julio Piumato, decidió en plenario realizar un paro de actividades por 72 horas, desde el próximo miércoles.
Ese día, llevarán adelante una movilización a partir de las 11 de la mañana para pronunciarse en contra del proceso de democratización de la Justicia impulsado por el gobierno nacional.
El anuncio fue hecho por el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, quien propuso “defender la Constitución Nacional y la división de poderes”. “Se evaluó en el plenario y fue aceptado”, aseguró el gremialista cercano a Hugo Moyano, líder de la CGT opositora.
Si se concreta la medida de fuerza, el jueves 18 coincidirá con la marcha convocada por distintos sectores de la oposición, con el objetivo de establecer críticas, entre otras cosas, a las iniciativas que se comenzaron a tratar esta semana en el Congreso, de las cuales tres ya cuentan dictamen de mayoría en el Senado.
Pero la intespestiva postura de Julio Piumato se contrapone a la mirada de bastos sectores del Poder Judicial que están muy lejos de abroquelarse en contra del proyecto.
El juez del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, indicó en tal sentido que "en términos generales, en al menos cuatro de los seis proyectos hay un consenso tanto de los sectores involucrados en la gestión judicial como en la sociedad toda. Los proyectos que aparecen como más difíciles de consensuar en este momento se relacionan con la reforma del Consejo de la Magistratura y aquello vinculado al nuevo régimen de medidas cautelares".
"Con respecto a la Magistratura, la verdad es que habrá que ver en la futura discusión del proyecto en las Cámaras si se puede precisar bien cuál es el mejor mecanismo a través del cual los jueces serán electos por el voto popular, de qué manera. Me parece bien que haya una mayor amplitud en la participación de la gente para elegir a quienes van a representar a los jueces", afirmó Carral.
En tanto, puntualizó: "Ahora, si esto significa necesariamente que tengan que ir en una boleta o a través de partidos políticos es algo que quizá tenga que discutirse, o si existen otros mecanismos que se puedan someter a la decisión popular".
El fiscal federal Félix Crous, por su parte, sostuvo: "La reforma del Consejo incorpora dos elementos fundamentales: la elección popular de los electores de los jueces y los partidos políticos como instancia mediadora, el sinceramiento y la jerarquización de la política de partidos en todos los departamentos del Estado".
Además, manifestó: "Creo que son un conjunto de proyectos muy interesantes en cuanto, no sólo a la transformación que plantean, sino al sistema de organización. Como posición global, a mí me parecen muy importantes. Todos los proyectos son muy interesantes, pero algunos atacan temas más estructurales, dos de ellos sobre todo. El tema de la reforma del Consejo de la Magistratura y, en segundo orden, el sistema de ingreso al Poder Judicial".
Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, sostuvo: "En términos generales la reforma es favorable, muy positiva porque tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado que es el Poder Judicial y las relaciones entre ese poder y la sociedad". "Democratización, transparencia, agilidad son básicas", agregó el magistrado.
En ese sentido, Slokar manifestó que la reforma va en contra de las condiciones actuales: "El desprestigio social que tiene el Poder Judicial es porque se lo observa como un poder demasiado autoritario, con privilegios anti igualitarios y poco abierto a la sociedad. Y una exigencia elemental de la democracia es el deber de rendir cuentas, que además hace a una esencia ética y de responsabilidad".
"En ese orden, el conjunto, el paquete de iniciativas que comprenden la reforma me parecen decididamente loables porque tienden a la reconstrucción de un puente entre el Poder Judicial y la sociedad y de otra parte a la transformación del poder del Estado como un poder más plural, más democrático y, en definitiva, más fuerte", remarcó.
"Que la Corte se ocupe de dictar sentencias y no de administrar el Poder Judicial, porque para administrar el Poder Judicial la Constitución dice que está el Consejo de la Magistratura", concluyó Slokar.
Por último, Carral afirmó: "Respecto de las cautelares, me parece que hay muchísimos ejemplos que nos tienen que hacer repensar que el régimen vigente expone a los jueces a una posición de arrogarse también, en definitiva, la suma del poder público. Porque hay ejemplos claros de leyes sancionadas que no pueden entrar en vigencia porque a un juez se le ocurre sacar una cautelar. Y esa cautelar, como toda medida cautelar, es una medida provisoria, revisable, y sin embargo está vigente durante años y no se resuelve la cuestión de fondo".
"Entonces, poner algún límite temporal para que los jueces terminen de resolver la cuestión de fondo cuando media una medida cautelar es algo admirable. En cualquier caso, en aquellos que son noticia todos los días y en algunos otros que no son tan noticia que la gente debiera pensar también, por ejemplo cuando hay una persona que está detenida con prisión preventiva. Los jueces no pueden estar años con una persona bajo prisión preventiva, eso es una medida cautelar también", agregó.
Y subrayó: "Esta regulación, en principio, no me parece mal. Siempre y cuando, y así parece que la ley lo deja establecido, se preserven particulares situaciones para la vida, la libertad, la integridad física e incluso para el medio ambiente".
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