Sería el próximo jueves 21 en el plenario mensual del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo consiste en anular el organismo que lleva urbanizaciones y elecciones barriales.
A penas juren los nuevos 14 jueces que sumará la justicia porteña, el macrismo redoblará su ofensiva dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para eliminar la "Secretaría ad hoc de Derechos Sociales y Económicos", el organismo que tramita desde 2008 todos los casos de urbanización, atención de salud y elecciones dentro de las villas y núcleos habitacionales de emergencia de la Capital.
El ente, fue creado hace cinco años y funcionó desde entonces bajo la órbita del juez Roberto Andrés Gallardo, y luego de su colega Elena Liberatori de Haramburu, cuando el magistrado asumió el año pasado la Defensoría Adjunta del Poder Judicial.
Ambos jueces, con doce años en el fuero, son parte del grupo de magistrados de primera instancia más resistidos y combatidos por el PRO, especialmente por la cantidad de medidas que suspendieron desalojos, ordenaron soluciones habitacionales y concretaron elecciones de delegados tal como lo establece la Ley porteña 148.
Esa inquina política, acumulada desde que Mugrizio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, no sólo tiene el auspicio del fiscal general porteño Germán Garavano. También sumó desde el año pasado un proyecto elaborado por el consejero Juan Sebastián De Stéfano para relevar todos los casos que lleva ese organismo y redistribuirlos en todos los juzgados del fuero Contencioso Administrativo, que ahora tiene diez pero que después del 14 de marzo tendrá otros 14, hasta totalizar los 24 tribunales. De Stéfano es uno de los nueve miembros del Consejo, repartido en tres tríos.
Una terna representa a los jueces, otra a los abogados y la tercera a la Legislatura. En esa aritmética, con mayorías que se saldan con cinco votos, está De Stéfano que reporta al empresario de los juegos de azar y actual presidente del Club Boca Juniors Daniel "Tano" Angelici, uno de los principales operadores judiciales del doblemente procesado jefe de Gobierno.
Según la resolución que logró aprobar a fines de noviembre, el Consejo ordenó la realización de un informe que contenga un detalle con todos los expedientes que lleve adelante la secretaría villera, en vísperas del inminente ingreso de los juzgados y de 18 nuevas secretarías.
Macri y su eterno desprecio por los que menos tienen. ¡Cuánta razón tenías, Fito!
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