Denuncian persecución en SBASE

Intimaron a un funcionario por decir que no era necesario suspender la línea A. "Mi cuestionamiento es fundado, pero a la vez respetuoso", se defendió el ingeniero Raúl Ávila, con 23 años de experiencia en la empresa que amenazó con despedirlo.

Juan Pablo Piccardo, titular de SBASE.

La empresa pública Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) intimó por vía judicial a un delegado sindical de la Asociación del Personal Jerárquico de ese organismo (APDESBA) para que deje de realizar declaraciones a la prensa contra la suspensión de la línea A, que comenzó el sábado y se extenderá hasta el 8 de marzo. 

La medida fue cuestionada por los metrodelegados y también por el ingeniero civil Raúl Ávila, delegado del personal jerárquico de la empresa porteña, quien advirtió que no era "necesario cerrar el servicio". 

La declaración del funcionario ocurrió cuando la empresa conducida por Juan Pablo Piccardo, oficializó la interrupción del servicio y desde el martes pasado, el organismo le llamó "la atención por la reiterada violación a las órdenes e instrucciones impartidas por su empleador". 

El texto lleva la firma de Patricia Robles, apoderada legal de SBASE, y se basa en una curiosa advertencia que la empresa mandó a sus empleados el 26 de junio pasado, donde le recordó al personal "que las respuestas y comunicaciones de prensa, así como la difusión por cualquier medio de cuestiones vinculadas al objeto de SBASE, deben ser canalizadas a través del área de  Relaciones Institucionales y Prensa, con el propósito de no confundir a los usuarios del subte (...) con opiniones interesadas y de corte político". 

Con esa restricción, la empresa acusó a Ávila de violar la Ley de Contrato de Trabajo y dejó constancia de sus intenciones de despedirlo. En respuesta, Ávila se defendió con otra carta documento y contestó que las advertencias judiciales "pretenden limitar el derecho de libertad de expresión de los dependientes de SBASE sin asidero legal ni razonabilidad" y luego recordó a la empresa que sus declaraciones coincidieron con la voz de expertos, como el auditor del metro de Barcelona, Miguel Bonilla Ruiz. 

"Mi cuestionamiento es fundado, pero a la vez respetuoso", indicó el ingeniero -con 23 años de experiencia en la empresa-, que denunció la violación a sus derechos políticos y sindicales, consagrados por la Constitución Nacional.