La jueza civil y comercial federal Silvina Bracamonte rechazó un pedido de la Sociedad Rural Argentina que buscaba frenar la vuelta del predio ferial de Palermo al Estado, dispuesta por el Gobierno la semana pasada.
Fuentes judiciales dijeron que el rechazo de la jueza ya fue apelado por la SRA ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, cuyo presidente, Ricardo Guarinoni, forma parte también del tribunal que tiene en estudio el fallo del juez Horacio Alfonso que declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Medios.
En su rechazo, la magistrada consideró improcedente el pedido hasta tanto no se resuelva la denuncia planteada por la entidad agropecuaria en contra del decreto presidencial 2552.
La Rural reclamó la cautelar un día después de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunciara el decreto declarando la “nulidad insanable” de la venta realizada en 1991 y el regreso del predio de 14 hectáreas al Estado.
El predio del barrio de Palermo históricamente perteneció al Estado nacional, que se lo cedía en alquiler a la Sociedad Rural para realizar la tradicional muestra anual ganadera.
Durante el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Mufa se vendió por decreto a 30 millones de dólares en cuotas, pero una pericia de tasadores de la Corte Suprema de Justicia estableció que el valor de mercado era de 131.800.000 millones de dólares.
Tras establecer el precio vil de la operación, el juez federal Sergio Torres procesó en 2010 por el delito de “peculado”, entre otros, al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, principales responsables del traspaso del predio.
El ex presidente Mufa fue beneficiado por una resolución de prescripción dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero fue apelada y la causa penal -diferente de la patrimonial abierta ahora por la Rural- se encuentra a resolución de la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a la reapertura de la causa.
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, pedirá que la Cámara habilite la feria judicial para tratar la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios. “La Corte pidió celeridad y dijo que los plazos de desinversión estaban vencidos”, sostuvo.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) , Martín Sabbatella, y el ministro de Justicia, Julio Alak, adelantaron que se presentarán ante la Cámara en lo Civil y Comercial para solicitar que se habilite la feria para tratar “con celeridad” la apelación de Clarín de dos artículos que frena la plena aplicación de la Ley de Medios.
La presentación se realizará por parte de la AFSCA y la Jefatura de Gabinete este miércoles, primer día hábil de la feria.
El ministro de Justicia, Julio Alak, pronosticó ayer que la Ley de Medios se aplicará en el primer semestre de 2013. "El Estado va a poner toda la energía para que la ley se aplique en el primer semestre de 2013".
“Se debería habilitar la feria de enero y le pedimos a la Cámara en lo Civil y Comercial porque la Corte lo ha exigido y por la gravedad institucional que tiene la paralización de 3 años y dos meses de demora”, afirmó.
Además, recordó que el juez “Alfonso ha fallado de forma impecable y la Cámara debería avocarse de inmediato a la causa” para que todos los medios cumplan con la norma. “El plazo de un año que otorga el articulo 161 está cumplido, no hay un año mas de plazo desde la sentencia definitiva”, aclaró Alak.
Por su parte, Sabbatella sostuvo que “tenemos un fallo de primera instancia favorable pero se necesita que la Cámara se avoque a este tema y dictamine, que resuelva lo que tiene que resolver. Lo que va a suceder es que la ley se va a aplicar, es una cuestión de tiempo porque ya no se trata de un debate sobre la constitucionalidad, no hay duda de eso, sino que se discuten las maniobras dilatorias de un grupo que tiene que cumplir la ley”.
Según el funcionario, la Corte ratificó el pedido de celeridad en el fallo del jueves y por ese motivo el organismo puede pedir que se habilite la feria. “La Cámara debe actuar rápidamente”, enfatizó.
Además, sostuvo que "estamos ante una Cámara que ha sido denunciada, investigada, y eso no favorece la credibilidad de la Corte".
En ese mismo sentido, el jueves, Martín Sabattella había manifestado su incorformidad por el rechazo del per saltum y la extensión de la medida cautelar: “Por supuesto no estamos de acuerdo con la resolución, pero somos respetuosos de la Justicia".
La justicia de Tucumán resolvió procesar 40 imputados, entre ellos militares, policías y civiles, por los delitos cometidos durante el denominado "Operativo Independencia"; allí torturaron y asesinaron militantes políticos antes del golpe militar de 1976.
Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. Otra vez procesados.
Entre los procesados se encuentran Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez.
El “Operativo Independencia” comenzó en Tucumán en 1975 bajo el mando de Adel Edgardo Vilas y también de Antonio Domingo Bussi. Durante el mencionado operativo se produjeron violaciones masivas a los derechos humanos contra militantes políticos.
Isabel Perón, quien ejercía la presidencia de la Nación en ese entonces, no fue procesada ya que se estimó que no conocía los sucesos.
Con fecha 27 de diciembre de 2012 se dictó auto de mérito disponiéndose el procesamiento con prisión preventiva de Jorge Rafael VIDELA (autor mediato), Carlos César Idelfonso DELIA LARROCCA (autor mediato) Roberto Heriberto ALBORNOZ (autor mediato y material), Ricardo Oscar SÁNCHEZ (autor material y partícipe necesario), Luis Armando DE CÁNDIDO (autor material y partícipe necesario), Ramón César JODAR (autor material), Miguel Ángel MORENO (autor material), Jorge Omar LAZARTE (autor mediato), Enrique José DEL PINO (partícipe necesario), José Luis del Valle FIGUEROA (autor material) Ernesto Nicolás CHÁVEZ (autor mediato), Jorge Gerónimo CAPITÁN (autor mediato), Pedro Adolfo LÓPEZ (autor material), Mario Benjamín MENÉNDEZ (autor mediato), Pedro Roberto ROJAS (autor material), Alberto Alfredo SVENDSEN (autor mediato), por la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad agravada, tormentos, tormentos seguidos de muerte, delitos sexuales, homicidio y asociación ilícita gravada en grado reiterado.
Joaquín Morales Solá (el primero de la derecha, con campera), visitando a ¿sus amigos militares? durante el Operativo Independencia.
El magistrado consideró la situación política en la que los delitos fueron cometidos para aplicar un plan económico: “(i) El plan represivo de las FFAA, se inicia en la dictadura de Onganía sobre un objetivo económico (reconversión económica de fondo asentada en la promoción de sectores más eficientes y dinámicos de la economía particularmente ligados al capital transnacional) y político (combatir el 'comunismo'). Dicho plan produjo desastres políticos y económicos, con la concreción de lesiones irreparables a los derechos civiles y sociales de grandes parcelas de la sociedad tucumana cuyas repercusiones se extienden hasta la fecha, principalmente en los sectores desplazados de su actividad económica habitual relacionada a la industria azucarera, produciendo el ocaso de pueblos enteros vinculados con dicha labor".
"Como consecuencia de las políticas económicas iniciadas durante la dictadura de Onganía y continuada hasta fines de la dictadura de 1976, la persecución y desmantelamiento de sectores industriales y productivos calificados de “comunistas”, produjo que miles de tucumanos/as perdieran su vivienda, su tierra, su empleo, la posibilidad de participar en política, los medios de subsistencia, el acceso a la educación de las niñas y los niños, sufrieron la desintegración de la estructura del hogar, la pérdida de las redes sociales y comunitarias, y el incremento de la marginación, entre otros daños", agregó el fallo.
Pan American Energy (PAE) anunció una inversión de 3.400 millones de dólares para los próximos cinco años destinados a la producción de gas en nuestro país, permitiendo un crecimiento de 4,3% en la inyección anual de gas al sistema nacional.
La Presidcenta Cristina Fernández y los directivos de PAE, durante la firma del acuerdo.
El ministro Julio De Vido indicó que esa mayor inyección de gas "redundará en un aumento de 4 millones de m3/día adicionales hacia el final del convenio". "La inversión es parte del acuerdo firmado entre la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversión Hidrocarburíferas y PAE, e implica un crecimiento de 4,3% en la inyección anual de gas de la empresa entre 2013 y 2017", precisó.
El funcionario destacó que "el acuerdo trae asociado un ahorro fiscal para el Estado de 4.300 millones de dólares, y evitará una salida de divisas por sustitución de importaciones de gas y combustibles líquidos equivalente a 6.800 millones de dólares".
PAE anunció el jueves por la noche a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -en la Casa de Gobierno, donde se rubricó el acuerdo- una inversión de 3.400 millones de dólares para los próximos 5 años, destinados a la producción de gas.
De ese encuentro participó el ministro De Vido, acompañado por el representante de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, Emmanuel Antonio Álvarez Agis, y el Subsecretario de Coordinación de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Por parte de PAE asistieron el accionista mayoritario de la petrolera, Carlos Bulgheroni, y su CEO, Oscar Prieto. La Presidenta -en un comunicado oficial hecho publico ayer- elogió "la importante inversión de la firma" y destacó "la apuesta de sus directivos en nuestro país".
En el mismo comunicado, calificó a la inversión como un nuevo "hito", que está en línea con el anuncio que hiciera en la clausura de la 18ª Convención Industrial de la Unión Industrial Argentina, donde anunció el nuevo precio reconocido a la producción adicional de gas de YPF, de 7,5 dólares el millón de BTU (medida calórica).
Ayer, durante un encuentro con intendentes bonaerenses en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda, De Vido dijo: "El acuerdo nos permitirá recuperar, en cuatro o cinco años, 20 millones de metros cúbicos, que se suman a los casi 40 millones ya recuperados con YPF".
Agregó que a partir de este acuerdo, la población tendrá un aporte adicional de "13 millones de metros cúbicos por día en los próximos cuatro años, sin contar lo que vendrá de los yacimientos de Neuquén".
De Vido destacó que se trata de "otro importante paso hacia el logro del autoabastecimiento energético y hacia el desarrollo en escala de los hidrocarburos no convencionales en nuestro país".
En ese sentido agregó que "habiendo adherido YPF y PAE queda marcado el camino a seguir, ya que genera una señal muy clara al sector industrial y particularmente al sector de generación eléctrica para que la imiten".
Por el lado de la empresa, Carlos Bulgheroni dijo que esta "es la señal más importante de los últimos 10 años en el sector de gas en la Argentina y es al mismo tiempo una convocatoria a nuevas inversiones de otras empresas, como las que anunció PAE".
La inversión anunciada por PAE generará mayor nivel de empleo y actividad industrial en el país, especialmente con desarrollo regional en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Salta, al tiempo que le generará mayores recursos por regalías.
El ministro del Interior y Transporte puso en marcha el Plan Verano implementado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y que consiste en la prevención, concientización y control de las rutas desde y hacia los principales centros turísticos del país.
El acto se llevó a cabo ayer en el peaje de Hudson, donde Florencio Randazzo detalló las acciones que la ANSV realizará durante la temporada de verano. También se exhibió el equipamiento con el que se cuenta para trabajar en la prevención, concientización y control.
Asimismo, el ministro hizo entrega a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de vehículos nuevos que también participarán en los operativos de control.
En rueda de prensa, Randazzo dijo que “estamos ante un gran desafío, que es bajar la cantidad de víctimas en siniestros viales” para lo cual “se necesita de un Estado activo, que nos proteja, que se haga cargo de un tema que es un verdadero flagelo”.
También reclamó a las concesionarias que realicen las inversiones necesarias para el mantenimiento. "Creo que los concesionarios en las rutas deben cumplir con las inversiones", aunque aclaró que "por ejemplo, la concesión de la ruta 2 ha sido desastrosa".
El funcionario defendió también el aumento en las multas para las infracciones de tránsito al advertir que "es la última medida que tomamos. Si no hay sanción, no hay toma de conciencia", para agregar que "hay que tenerle más miedo a la muerte que a la multa".
El ministro de Medio Ambiente y Espacio Públicdo habló de la basura acumulada en algunos barrios. Justificó las demoras de cerca de dos horas en las descargas "a que los vecinos sacaron la basura el 24 de diciembre, cuando no debían hacerlo". Y admitió que "si la empresa falla 3 o 4 veces más", podria cancelarse el vínculo con ella.
El ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli aseguró que "la situación en la zona 2 se encuentra normalizada", al atribuir los problemas en la recolección, entre otras cosas, a que "hubo demoras de cerca de dos horas en las descargas y a que los vecinos sacaron la basura el 24 de diciembre, cuando no debían hacerlo".
Respecto de la posible suspensión del contrato, el funcionario sostuvo que la empresa ha sido multada y que si la situación se repitiera "tres o cuatro veces más", se cancelaría el vínculo en forma automática.
"Una sucesión de multas generan la recisión del contrato, y es automático ante la cantidad: en este caso, la empresa comenzó con descuentos de su factura por 400 mil pesos y en esta ocasión fue de 1 millón y medio", especificó a la agencia Télam.
Santilli aclaró que "la empresa no pagará nada, sino que se le descuenta de forma automática de la factura" que presenta por sus servicios.
Respecto de las metas de reducción de residuos a las que se comprometiera la Ciudad en un diálogo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, Santilli ratificó que no tiene "ninguna duda" de que se cumplirá con la merma en un 44 por ciento para fines de 2013.
"Estamos en el medio del cambio, eso genera trastornos, pero avanzamos con fuertes auditorias y la campaña de doble conteinerización que, por ejemplo, llegó a 1058 escuelas públicas y que generó 71 toneladas de reciclaje", concluyó.
En tanto, grandes cantidades de basura se siguen acumulando en los alrededores de la cancha de San Lorenzo, en el bajo Flores, sin que se hayan dado explicaciones oficiales de los motivos.
Marchas contra el racismo, subas de la tasa de homicidios, reclamos por las libertades individuales y hasta la suspensión del básquet por violencia entre barras, son algunos de los pedidos de la sociedad uruguaya al gobierno de Mujica, quien no obstante declaró: "Uruguay vuelve a ser la Suiza de América".
Gremios empresariales y de transporte público salieron a la calle para pedir mayor seguridad, a partir del asesinato de un trabajador de una estación de servicio el jueves pasado.
Según Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta de Uruguay, el asesinato del joven "es la gota que rebalsó el vaso", en un año donde hubo muchísimos muertos y gran cantidad de robos.
Los uruguayos no sólo se encontraron con la estrepitosa suba de la tasa de homicidios (de 6.27 a 9.19) superando a países como Argentina o Chile, sino que la mayoría de esos casos fueron producidos por violencia en riñas o peleas.
El ejemplo más claro es el de hace pocos días, cuando a raíz de una pelea a tiros y cuchillazos entre barras bravas de dos equipos de básquet, falleció una mujer que estaba en el balcón de su departamento por un disparo que se produjo en la pelea.
Los números preocupantes incrementan los reclamos por otras cuestiones sociales que el gobierno de José Mujica dejó atrás como la ley que había anunciado el presidente para legalizar la marihuana y estatizar de alguna manera su consumo.
Lo mismo sucedió con el matrimonio igualitario y la polémica ley del aborto, que no fue polémica por lo que representa la legalización de estas prácticas en sí, sino porque la catalogan como muy restrictiva y casi inutilizable.
Las marchas contra el racismo se hicieron frecuentes en un país con gran cantidad de afroamericanos, hasta se realizó una multitudinaria protesta en el centro de Montevideo, por un hecho de racismo contra una mujer negra.
Durante principios del siglo XX, Uruguay era llamado la Suiza de América, por su bienestar social y su avanzada legislación, pero hoy las preocupaciones se centran en la falta de seguridad, el incremento de la violencia, los homicidios y la falta de leyes que apoyen las libertades individuales que el pueblo uruguayo reclama.
La Corte de Apelaciones de Santiago imputó a siete uniformados que durante la dictadura de Augusto Pinochet tenían el grado de teniente. El cantautor fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado.
La justicia de Chile procesó a siete ex oficiales del Ejército por su responsabilidad en el asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, tras el cruento golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet.
El juez especial Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó, 39 años después del crimen, el procesamiento y detención de los siete militares retirados que por entonces eran tenientes y estaban a cargo de centenares de presos encerrados en el ex Estadio Nacional de Santiago, rebautizado en 2004 como Víctor Jara.
El magistrado atribuyó, en parte, a la "falta de colaboración" para explicar la lentitud del proceso antes de poder acumular los suficientes antecedentes para dictar una resolución apuntando a los presuntos responsables del crimen.
"Desde un principio ha habido distintas líneas de investigación; ha sido (la causa del lento proceso) fundamentalmente la falta de colaboración. Luego de reunir muchos antecedentes hay un momento en que uno debe avanzar dictando esta resolución", explicó Vásquez.
La decisión recayó sobre Pedro Barrientos Núñez y Hugo Sánchez Marmonti, como autores de homicidio calificado, y sobre Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei y Luis Bethke Wulf, como cómplices, según informaron las agencias de noticias EFE y DPA y medios locales.
El juez ordenó la captura internacional del procesado Barrientos Núñez, quien reside en Estados Unidos desde 1990, en tanto los otros procesados ya fueron detenidos y alojados en el Batallón de Policía Militar número 1.
Jara, quien además de cantautor era un destacado director de teatro, fue detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe de Pinochet, junto a centenares de alumnos, trabajadores y profesores en la Universidad Técnica del Estado (UTE), la actual Universidad de Santiago (USACH), en la que se desempeñaba como docente.
Todos fueron llevados al Estadio Nacional, habilitado como centro de detención. Ahí, Jara fue reconocido por los militares, separado de los demás prisioneros y sometido por varios días a torturas, entre ellas quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamientos y la fractura de sus manos con golpes de culata.
El autor de "Te recuerdo Amanda", entre numerosas canciones famosas y según señala la resolución, fue "agredido físicamente, de forma permanente, por varios oficiales".
El 16 de septiembre el estadio fue vaciado de prisioneros, con excepción del cantautor y de Littré Quiroga Carvajal, quien fuera director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Los dos fueron llevados a un subterráneo del recinto y acribillados a tiros.
El entonces líder estudiantil Osiel Núñez narró que el artista tuvo conciencia de que sería ultimado cuando fue separado del grupo de presos y obligado a ir al subterráneo del estadio. "En ese momento lo miré a la cara y ambos supimos que lo iban a matar", evocó Núñez a DPA.
Durante el juicio, el conscripto Víctor Pontigo, ayudante de los oficiales acusados, también detalló ese momento: "Yo llevé a Víctor Jara a declarar con los tenientes y después de unas tres horas escuché disparos, le pregunté al conscripto José Cáceres de dónde venían los disparos y me señaló que habían matado a Víctor Jara".
Jara recibió 44 impactos de bala y tenía numerosos huesos fracturados, según determinó el informe de la autopsia que se le practicó luego de que su cuerpo fuera hallado en la parte posterior del Cementerio General de Santiago, donde había sido arrojado por los militares.
Su viuda, la bailarina británica Joan Turner, sepultó luego a su esposo en el mismo cementerio en un funeral clandestino, con dos únicos asistentes: ella misma y el conductor de la carroza fúnebre.
El homenaje mayor ese día lo recibió el artista cuando su féretro arribó a la Pérgola de las Flores, a un costado del río Mapocho, donde un millar de personas, tras horas de espera, lanzó claveles rojos a su paso, en un acto de honor reservado a los grandes chilenos.
"Víctor, eres de los que nunca muere", rezaba uno de los carteles presentes esa jornada en la que destacaban vestidos de naranja los sobrevivientes ex estudiantes de la UTE, sus compañeros de cautiverio.
Los ministros del máximo tribunal no hicieron lugar al pedido de salto por instancia realizado por el Estado y decidieron mantener en suspenso la aplicación de los artículos 45 y 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la resolución, también se consideró cumpildo el plazo para la desinversión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó ayer el pedido de per saltum y el recurso extraordinario para dar por extinta la medida cautelar que frena la aplicación de dos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según se informó, el rechazo al pedido de per saltum fue unánime, pero en relación al recurso extraordinario para que no continúe la medida cautelar los ministros de la Corte votaron en disidencia (ver el fallo).
Según la misma resolución del tribunal, el plazo de desinversión de un año pautado por el artículo 161 está vencido.
Luego de la decisión de la Corte, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial federal será la encargada de resolver la apelación presentada por el Gobierno ante la decisión de ese mismo tribunal de prorrogar la cautelar que impide la aplicación de los artículos 45 y 161.
En el fallo de ayer, el máximo tribunal de justicia solicitó a la Cámara "premura" para resolver la situación.
Los ministros de la Corte se encontraron en la reunión de acuerdos, que habitualmente se realiza los martes y que se difirió para hoy por las fiestas de la Navidad.
El miércoles, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había recomendado a la Corte "aceptar el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dar por extinguida la medida cautelar".
En lo referido al per saltum, la Corte resolvió no intervenir directamente en la causa promovida por el Grupo Clarín y esperar los tiempos naturales judiciales. En el futuro, el máximo tribunal podría intervenir.
Los artículos en conflicto son el 45 y 161, referidos al tope de licencias permitidas por cada licenciatario y del plazo de un año para deshacerse de ellas, excedido a raíz de los recursos interpuestos por el Grupo Clarín.
Y encima, hay que bancarse que la gilada hable de "la dictadura k".
Luego de que la Corte rechazara el per saltum y decidiera mantener en suspenso la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, el ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que el año que viene ya tendrá plena aplicación. "Hay una enorme influencia sobre la Justicia", denunció.
"Hay una enorme influencia del poder económico sobre la Justicia", afirmó ayer a la tarde en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Julio Alak.
De esta manera, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el pedido de per saltum y el recurso extraordinario para dar por extinta la medida cautelar que frena la aplicación de dos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tras remarcar la necesidad de desmonopolizar los medios de comunicación, el funcionario se mostró optimista y afirmó que seguramente el año que viene la Ley de Medios tendrá plena aplicación y que "tiene un nivel de legitimidad altísimo".
"Tenemos que mirar el futuro con optimismo. Seguramente esta ley el año que viene va a estar en plena aplicación. Estoy convencido que lo que hemos hecho está bien, porque de la interpelación pública sale la verdad", afirmó.
"Antes los gobernantes le tenían miedo al Grupo Clarín", sostuvo Alak, y remarcó que la Ley de Medios no implica "ningún agravio a la Constitución".
Alak también consideró necesario resaltar que "muchas veces se cree que el dueño de la licencia es del dueño del canal, y en realidad las licencias son propiedad del pueblo, del Estado".
"Más allá de la regulación del espectro, el fin de las licencias es evitar la monopolización", sostuvo y por ello, explicó que las licencias las otorga y las revoca el Estado: "Son un bien de dominio público que forman parte de los recursos naturales".
Asimismo, Alak se refirió al pedido que le hizo la Presidenta de democratizar la Justicia y afirmó que ya hay un proyecto en ese sentido.
"Los medios que hablan de independencia del Poder Judicial lo que quieren es dependencia del poder económico. La presidenta jamás me ha pedido algo para que se interfiera en el Poder Judicial", remarcó.
La Corte Suprema le reclama premura a la Cámara para que decida sobre la cuestión de fondo pero llega la feria judicial y todo se dilatará.
La Sala I del Tribunal cuenta con un plazo ordinario de procedimiento aunque ya la Corte, luego de la decisión de no admitir los recursos extraordinario de salto de instancia presentados por el Gobierno Nacional, reclamó premura en dar resolución.
Aunque aún nadie sabe qué pasará y todo son sospechas y especulaciones, la plena aplicación de la norma vuelve a dilatarse en el tiempo.
"Sobre la Cámara pesan plazos de procedimiento ordinario, aunque la Corte Suprema le reclama premura a la Cámara para que decida sobre la cuestión de fondo, pero para eso la Cámara va a tener que habilitar días y horas inhábiles, porque ya comienza la feria y hay que ver si eso lo hace la Cámara", explicó el constitucionalista Eduardo Barcesat.
Por otro lado explicó que “de no habilitar la feria para el tratamiento de la apelación presentada por el Grupo Clarín contra el fallo de primera instancia, los plazos de procedimiento ordinario comenzarían a correr recién en febrero. A partir de ahí pasarán, como mínimo dos o tres meses".
La Cámara de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del ex presidente por los cinco homicidios cometidos durante la manifestación popular que causó su renuncia. Familiares de las víctimas adelantaron que recurriran a la Corte Suprema para que revise el fallo.
Con relación a los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del ex presidente Fernando De la Rúa.
Los recursos de la querella y la Casación de la fiscalía fueron rechazados por los jueces, por lo que dejaron firme el sobreseimiento dictado por el juez federal Claudio Bonadío.
En las noches de diciembre de 2001 y a causa del accionar de las fuerzas policiales, cinco personas resultaron muertas en la Capital Federal y hubo centenares de heridos, en los alrededores de la Casa Rosada y el Congreso Nacional.
Un grupo de familiares de las víctimas del 20 de diciembre de 2001 le había solicitado a la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque el sobreseimiento concedido al ex presidente Fernando De La Rúa.
Los camaristas argumentaron que "no puede pretenderse ubicar al imputado como garante de comportamientos ajenos cuando se tuvo por probado que desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el estado de sitio".
La decisión final sólo podrá ser tomada por la Corte Suprema de Justicia y por un recurso extraordinario o de queja.
En la misma causa fueron enviados a juicio oral el ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti y el ex director General de Operaciones, Norberto Gaudiero.
En resumidas cuentas, para la Justicia, el responsable político de las 39 muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001, es el Gran Bonete.
La ex ministra de Economía fue condenada por la causa del hallazgo de una bolsa de papel con dinero en el baño de su despacho, en 2007. Además, fue inhabilitada como funcionaria pública. El fallo será apelado. "No hay ninguna prueba", dijo al finalizar el proceso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital condenó a cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, en el juicio oral por el dinero hallado en el baño privado de su despacho en el Palacio de Hacienda, en el año 2007.
Los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara impusieron esa pena para Miceli por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público.
Además, dispusieron la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero hallado.
A la salida del juicio, Miceli expresó ante la prensa: "Estuvo claro que no hay ninguna prueba contundente de esta vinculación que armaron con una financiera que no conozco".
"Voy a seguir todas las instancias que pueda para poder demostrar mi inocencia. Seguiré insistiendo. Voy a apelar. No es terrible. Estoy absolutamente tranquila", agregó la ex ministra.
Y cuestionó al Poder Judicial al señalar: "Hay casos gravísimos que nunca llegaron a juicio oral y no puedo entender".
Miceli fue imputada por el Ministerio Público Fiscal por haber tenido bajo su exclusiva esfera de custodia la suma de 100 mil pesos, que se encontraba embalada y termosellada con logo del Banco Central de la República Argentina, con la inscripción en su lomo “Lote 38057 Bco. 30”, y 31.670 dólares, todo lo cual fue hallado en el interior de una bolsa de papel madera que se encontraba colgada de una percha en el placard del baño existente en el despacho privado del quinto piso del Ministerio de Economía que ella ocupaba el 5 de junio de 2007.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal indicó que la conducta se encuentra agravada en razón de tener los fondos hallados un origen espurio, como también de acuerdo a la condición de funcionaria pública que poseía la nombrada al momento de comisión del delito.
También se le atribuye el haber hecho desaparecer el acta original labrada por el personal policial de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina que daba cuenta del hallazgo del dinero, la cual se encontraba resguardada en la mencionada división policial.
La Presidenta encabezó ayer a la tarde los actos de entrega de 32 autobombas con tecnología de avanzada para combatir incendios forestales y rurales, y de sables y espadas a los jefes militares recientemente ascendidos con acuerdo del Senado.
Cristina presidió a las 18.45 en la plaza Colón, ubicada en la parte posterior de la Casa de Gobierno, la entrega de 32 autobombas con tecnología de avanzada para combatir incendios forestales y rurales, en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Luego, a las 19, en el Salón de las Mujeres Argentinas el Bicentenario de la Casa Rosada, encabezó un acto relacionado con el mencionado programa, que tiene el objetivo de coordinar las acciones a nivel nacional para disminuir las pérdidas económicas y los efectos ambientales y sociales provocados por los incendios rurales.
Seguidamente, a través de una videoconferencia con el vicepresidente Amado Boudou y el intendente de Balcarce, José Echeverría, Cristina dejará inaugurada la autovía 226, de 32 kilómetros de extensión que une El Dorado con esa ciudad ubicada en el sureste bonaerense.
A las 20, la Presidenta, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidió la ceremonia de entrega de espadas, sables y despachos a los jefes superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, recientemente ascendidos con acuerdo del Senado.
El acto se efectuó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la asistencia del ministro de Defensa, Arturo Puricelli; el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier; los titulares del Ejército, general Luis Pozzi; de la Armada, vicealmirante, Alberto Martín y de la Fuerza Aérea, brigadier Normando Constantini y otras autoridades e invitados especiales.
A última hora, la Jefa de Estado recibió en su despacho de trabajo de la Casa Rosada al cardenal argentino Leonardo Sandri y un rato después a las Madres del Dolor.
El vocal de la Sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina, presentó su renuncia a la magistratura y anunció el comienzo de los trámites para jubilarse. De esta forma evitaría someterse al proceso de destitución que ayer a la mañana puso en marcha Susana Trimarco.
El juez Emilio Herrera Molina, uno de los integrantes del tribunal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro de Marita Verón, presentó la renuncia condicionada, informaron ayer voceros judiciales.
El vocal de la Sala II de la Cámara Penal aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites de jubilación que inició oportunamente, precisaron las fuentes consultadas.
Ayer, los abogados José Dantona y Carlos Garmendia, representantes de Susana Trimarco y de la Fundación María de los Angeles, respectivamente, formalizaron el pedido de juicio político contra los jueces que absolvieron a los 13 imputados de la causa Marita Verón.
Dantona, a cargo de la querella, calificó a los jueces de "corruptos" e indicó que "han incurrido en negligencia, parcialidad y están fuertemente sospechados de algún tipo de irregularidad económica", al hacer la presentación ante la comisión de juicio político de la Legislatura tucumana.
La insólita afirmación de quien alguna vez fue calificada como "ministra de desempleo" fue posteada en la red social Twitter. Allí, la ex funcionaria de la Alianza recibió respuestas poco amigables a su autoproclamación.
La ex ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, se animó a asegurar a través de su cuenta en la red social Twitter (@PatoBullrich) que ella fue "la mejor ministra de Trabajo".
Lo hizo en respuesta al mensaje irónico que le lanzó un twitero.
Sin embargo, quien estuviera al frente de la cartera laboral durante la época de mayor desocupación en el país (con tasas que alcanzaron el 20 por ciento), no recibió adhesiones a su lanzada afirmación, sino todo lo contrario.
Como diría nuestra redactora estrella, Soledad Sganga... ¡¡¡Apagá la lú y vamolón!!!
El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cruzó al Jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, por la interrupción del servicio de la líea A de subte debido al reemplazo de los coches. Además, recordó que las formaciones fueron adquiridad por el Gobierno nacional.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cuestionó la interrupción del servicio que el macrismo hará en la línea A de subterraneos para reemplazar los vagones por las nuevas formaciones.
"El gobierno nacional hizo todo para mejorar la línea A de Subte", explicó Randazzo y agregó que nunca se interrumpió el servicio a pesar de haberse cambiado las vías en su totalidad, renovado el sistema de señalización y restaurado las estaciones.
"En ningún momento interrupmpimos el subte para realizar estos trabajos. Los hicimos entre las 22:30 y las 5 de la mañana", señaló Randazzo.
Además recordó que los vagones que el gobierno porteño pondrá en funcionamiento "son formaciones que compró el gobierno nacional" y agregó que "los 45 coches están desde marzo en el puerto a disposición de Subterráneos de Buenos Aires para ponerlos en funcionamiento".
En ese sentido, Randazzo consideró que el cierre de la línea A se debe a la especulación política de Mugrizio Macri: "Es un anuncio político para aparecer como el refundador del Subte cuando las vias, la señalización, la electrificación y puesta a punto de estaciones, lo hizo el Gobierno Nacional y se le entregaron los 45 coches".
"¿Van a cerrar entre 60 y 90 días para poner coches? No tiene ningún sentido. El cierre puede ser de 15 a 90 días, hay imprecisión. Suena poco serio", agregó Randazzo.
"En el Sarmiento cambiamos las vías de Moreno a Once y en ningún momento se nos cruzó cerrar el servicio", finalizó.
El jefe de Gabinete del gobierno porteño sugirió en tono jocoso el destino para los centenarios trenes del subte y generó fuertes críticas en la web.
Horacio Rodríguez Larrata propuso, durante una entrevista radial, "hacer un asado" con los centenarios trenes de la línea A de subtes que la administración macrista anunció que reemplazará a partir de enero próximo paralizando el servicio.
Ante la pregunta de los periodistas sobre qué va a pasar con los históricos vagones belgas "Le Burgueoise", Rodríguez Larrata, en tono jocoso, dijo primero que "estamos pensando ponerlos en una plaza para teatro para chicos" y luego sugirió que podrían servir "para un asado, mientras nos inviten".
Los dichos del jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad generaron fuertes críticas de sitios especializados como enelsubte.com, que indicó al respecto que es "una nueva muestra de la falta de respeto e indiferencia del macrismo hacia el patrimonio público".
"Este tipo de expresiones pueden esperarse de quienes no tienen a su cargo el cuidado del patrimonio público de la Ciudad, pero resultan intolerables y repudiables cuando provienen de una de las máximas figuras del Gobierno porteño", se publicó en el sitio web.
En tanto, también hubo críticas en las redes sociales virtuales con expresiones como "no pueden construir 10 km de subte por año y quieren hacer un asado con nuestros subtes" y "Rodríguez Larrata es un irrespetuoso del patrimonio nacional".
¿Y si en vez de un asado con los vagones del subte A hacemos tiro al boludo con Rodríguez Larreta de blanco?
El secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, anunció que hoy mantendrán un paro total. Además, precisó que mañana, viernes, habrá actividad normal. En tanto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, aunque la Asociación Bancaria anticipó que no la acatará.
Sergio Palazzo,titular de la Asociación Bancaria.
El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció un paro para hoy en todos los bancos del país. Según indicó, la medida de fuerza se debe a que no hubo acuerdo en la negociación salarial.
“Queremos un adelanto de paritarias, una recomposición salarial. Pese a que dimos algunos pasos, no pudimos llegar a un acuerdo. No recibimos una propuesta concreta”, indicó Palazzo.
“Pedimos disculpas, desde el 15 de diciembre quisimos avanzar en esto pero no hubo respuesta. No tenemos fecha para una próxima reunión”, agregó.
Sobre la duración de la medida de fuerza, explicó que “por el momento” el viernes habrá actividad, aunque advirtió que ese día “habrá plenarios para evaluar los pasos a seguir para la próxima semana”.
Por último, indicó que hoy “el funcionamiento de los cajeros automáticos dependerá de las empresas”.
A ver si los bancos se ponen las pilas y reparten con los trabajadores un poco de la que se llevan en pala.
El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, aseguró ayer que el gobierno informó a las autoridades que deben ceder el predio en un mes al Estado y sostuvo: "Esto es una represalia, no hubo una ley votada ni nada".
Luis Etchevehere, presidente de la S.R.A.
El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, manifestó que el gobierno le envió una carta documento para que ceda el predio en un periodo de treinta días.
"Nosotros entendemos que esto es una confiscación, una represalia, porque no hubo una ley votada por el Congreso", explicó enfático Etchevehere.
El presidente de la Sociedad Rural aseguró además que esto responde "a ataques que viene sufriendo el campo desde 2008" y que la de este año "es la peor cosecha del siglo" para el sector.
"Se nos impuso conservar y restaurar los edificios históricos y construir un moderno centro de exposiciones, cargas que fueron cumplida", argumentó Etchevehere y respecto de la investigación judicial sobre la irregularidad en la venta de los terrenos aseguró que "recién empieza, somos varios los procesados pero aún no hay sentencia firme".
Por otro lado, Etchevehere dio su punto de vista sobre los saqueos ocurridos antes de Navidad y sostuvo que se trató de "descontento social".
"Es cuento esto del progreso y la revolución, estamos como en 2001. El gobierno quiso paliar a través del clientelismo y ni eso alcanza. No sé si peor que en 2001, pero la situación es grave", concluyó el presidente de la Sociedad Rural.
El dirigente de la CGT Azul y Blanca reiteró que "todos quieren ser candidato a presidente", pero que su candidato es José Manuel de la Chota. "Reúne todas las condiciones", destacó el dirigente.
Luis Barrionuevo y José Manuel De la Chota
El dirigente de la CGT Azul y Blanca Luis Barrionuevo, aseguró ayer que su candidato para las elecciones presidenciales de 2015 es José Manuel de la Chota, actual goberador de Córdoba.
El gremialista catamarqueño dijo: "Moyano quiere ser presidente de los argentinos, también el 'Momo' Venegas, pero mi candidato es José Manuel de la Chota, porque es la persona que reúne todas las condiciones para conducir nuestra querida Argentina".
En declaraciones radiales, el líder de la CGT Azul y Blanca aseguró que quiere volver a conducir el peronismo local y agregó: "quiero jugármela contra el kirchnerismo que gobierna Catamarca".
Luisito; si el "Momo" Venegas quiere ser presidente de los argentinos, avisale que nosotros queremos ser astronautas.
Y vos, en vez de andar blanqueando candidatos, dejá de afanar, aunque sea por dos años.
La titular del organismo, Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte Suprema de Justicia aceptar el per saltum y dar por extinto el recurso judicial presentado por el Grupo Clarin que frena la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Leé el dictamen.
Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aconsejó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptar el per saltum presentado por el Gobierno y "dar por extinguida la medida cautelar oportunamente dispuesta" presentada por el Grupo Clarín para frenar la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En un dictamen de 17 carillas, en el que cuestionó a la Cámara Civil y Comercial Federal, Gils Carbó sostuvo que "la interpretación sobre el alcance de la medida cautelar que realiza la Cámara (de Apelaciones en lo Civil y Comercial) es errónea".
"Corresponde declarar admisible el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional con el alcance indicado en este dictamen, y revocar la sentencia apelada, declarando extinguida la medida cautelar oportunamente dispuesta", señala el dictamen de la procuradora.
Luego de que el juez de primera instancia Horacio Alfonso fallara a favor de la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma, y posterior a la apelación del Grupo Clarín que elevó la causa a la Cámara de Apelaciones, el Gobierno presentó el recurso de salto de instancia judicial para que la Corte definiera el tema, pero aún no hubo una decisión al respecto.
En ese sentido, Gils Carbó recomendó al tribunal aceptar el salto por instancia o "per saltum" e intervenir en la causa y definir si los artículos de la normativa son o no constitucionales.
Más de un legislador clarinista se debe estar lamentando de haber aprobado el pliego para la designación de Gils Carbó.
Aunque el macrismo salió a desmentir la versión que indicaba que la línea A del subte podría estar cerrada durante tres meses, el titular de Subterráneos de Buenos Aires señaló que se está evaluando esa posibilidad y habló de "entre dos y tres meses". Macri confirmó que la línea cierra "la primera quincena de enero".
Primero lo negaron: "Es una locura, nadie puede cerrar el subte por tres meses. La idea que tenemos es que vamos a revisar qué tenemos y qué vamos a hacer y cuánto tiempo necesitamos para cambiar los vagones", dijo el legislador del Pro Jorge Garayalde.
En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larrata, para quien "es muy difícil" conjeturar tiempos cuando aún el gobierno porteño no sabe con qué se va a encontrar cuando tome el control del servicio.
No obstante, Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires, indicó "estamosevaluando la posibilidad de detener el servicio por un período de tiempo para reemplazar los viejos vagones de la línea A".
Según indicó Piccardo, se necesitaría un parate de "aproximadamente tres meses" para realizar el cambio de unos 95 vagones de la línea que transporta 170 mil pasajeros diarios.
Finalmente, el propio Mugrizio Macri confirmó la versión: anunció que la línea A dejará de prestar servicio a partir de la "primera quincena de enero" por un plazo que puede llegar hasta los 60 días.
El mandatario comunal dijo que esta medida tiene por finalidad "mejorar la calidad y la seguridad del servicio" y destacó que la adecuación técnica de la línea llevará "un mínimo de 15 días y un máximo de un mes y medio, dos meses".
El metrodelegado Flavio Baigorria, aunque coincidió en la necesidad del cambio por el problema de la inseguridad que generan los viejos vagones de madera, que datan de 1913, calificó de "excesivo" el eventual lapso de tres meses para realizar los cambios.
Baigorria consideró también el acondicionamiento del sistema eléctrico, ya que actualmente las formaciones corren con 1.100 voltios mientras que los nuevos requieren 1.500 voltios.
Este viernes, el gobierno rechazará la teoría del juez Griesa, que indica que el país no trata de manera igualitaria a los acreedores. La Corte se decide el próximo 27 de febrero, luego de que las partes participen de una audiencia.
Argentina presentará su posición mañana ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en la que rechazará la interpretación que habla de una presunta violación de parte del país de la teoría del "pari passu", a la que recurrió el juez Thomas Griesa.
El argumento argentino se repetirá: pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de lo que reclaman afectaría al resto de los acreedores que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Quienes conducen la estrategia del país, se entusiasman con un trascendido que indica que el gobierno de Estados Unidos a través del fiscal del Distrito Sur de Manhattan, el Departamento de Tesoro y Departamento de Estado podría concretar el mismo 28 de diciembre una presentación formal de apoyo al pedido argentino de una revisión total del fallo de segunda instancia (del 26 de octubre) con los 13 jueces que integran dicha Corte.
El Gobierno argentino, incluso, podría dejar abierta la puerta para el envío al Congreso de un proyecto de Ley para que el Poder Legislativo dé tratamiento a la posibilidad de suspender la Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura de un eventual canje de deuda.
También habrá precisiones sobre el mecanismo de pago, para reafirmar, una vez más, que el cumplimiento con los acreedores se realiza en la Argentina, a través de un fideicomiso, y que si prosperara el fallo de juez Griesa sobre esta cuestión, quedarían afectados el 93% de los tenedores que ingresaron al canje.
Griesa determinó que la Argentina debía pagarle 100% a los llamados holdouts que tiene sentencia en el fallo de los fondos buitre NML y otros -unos 1.330 millones de dólares-, con los pagos que en diciembre se realizaron a los bonistas que ingresaron al canje.
Este fallo fue suspendido por la Corte de Apelaciones y posibilitó que la Argentina continuara cumpliendo con normalidad los vencimiento de deuda a los acreedores, entre ellos, el mayor pago en 10 años de unos 3.520 millones de dólares, por el cupón atado a la evolución del PBI.
La Corte de Apelaciones, que avaló la parte del fallo de Griesa en cuanto a la interpretación del "pari passu" pero rechazó la fórmula de pago propuesta por el juez, ideó un cronograma de presentaciones, y dio lugar a terceros afectados por la medida, y los consideró parte interesada del juicio, lo cual les da la posibilidad de apelar ante una decisión desfavorable.
De esta forma, el próximo 4 de enero será el turno de este grupo de afectados, donde se ubican los 93% de acreedores que ingresaron al canje, representados por los fondos Gramercy y Fintech; el Bank of New York (agente de pago); la cámaras compensadoras (DTC); bancos locales como Puente hnos; entre otros.
El 25 de enero harán la presentación los fondos que litigan contra el país, NML y Aurelius. En tanto, el 1º de febrero las partes harán su descargo con la oportunidad de responder a las presentaciones, y el 27 de febrero, tendrá lugar la audiencia clave, donde la Corte dará su veredicto.
Pensar que tanto cipayo vernáculo se hubiera desvivido por pagarle a estos hijos de puta.
Los dos buques capturados por Prefectura Naval a 400 kilómetros de la costa de Puerto Madryn, en aguas de la Zona Económica Exclusiva, llevaban en sus bodegas alrededor de 10 toneladas de calamar congelado y pescado fresco.
Los pesqueros chinos perseguidos por el guardacostas de Prefectura.
El guardacostas GC 26 Thompson de la Prefectura Naval Argentina capturó, en un patrullaje marítimo, a dos buques de bandera china, que pescaban ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva, a unos 400 kilómetros aguas adentro de la ciudad de Puerto Madryn.
Los buques llevaban en sus bodegas alrededor de 10 toneladas de calamar congelado y pescado fresco.
Las embarcaciones, con puerto de asiento en Shidao (China), fueron detectadas a unos 400 kilómetros aguas adentro frente a la ciudad de Puerto Madryn (provincia de Chubut) por el guardacostas GC26 Thompson de Prefectura, que patrullaba la zona en el marco de los operativos para la protección de los recursos pesqueros dispuestos por el Ministerio de Seguridad de Nación.
Al comprobar la infracción, la tripulación del guardacostas estableció reiteradas comunicaciones por radio con ambos buques -LU RONG YU 6177 y LU RONGYU 6178- y se realizaron señales sonoras, acorde los reglamentos internacionales.
Sin embargo, no se recibió respuesta desde ninguno de los dos pesqueros, que iniciaron maniobras de fuga con la intención de salir de la Zona Económica Exclusiva sin ser capturados.
De inmediato, el guardacostas de Prefectura inició un operativo de persecución y se efectuaron disparos intimidatorios, logrando detener la marcha de ambos pesqueros, consigna el informe.
Luego, agrega que "fueron abordados por dotaciones de pesca de la institución, las que constataron que habían cometido infracción a la ley de pesca".
El LU RONGYU 6178 trasladaba en sus bodegas 7 toneladas de calamar congelado y pescado fresco, y el LU RONG YU 6177 transportaba 3 toneladas de calamar.
Los buques fueron escoltados por el guardacostas de Prefectura hacia el puerto de Comodoro Rivadavia.
El pesquero LU RONG YU 6177 tiene 40.95 metros de eslora (largo), 7.60 metros de manga (ancho) y navega a bordo con 19 tripulantes.
El LU RONG YU 6178 tiene 40.95 metros de eslora, 7.60 metros de manga y una tripulación de 17 personas. Ambos habían partido de su puerto de asiento el 23 de octubre de 2012.
Interviene en la causa el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia a cargo de de la Doctora Eva Parcio de Seleme.
No te dejan compran dólares, le sacan el predio de la Rural a los patriotas agroterratenientes y ahora tampoco te dejan pescar en paz. Esto es una diktadura.
Así lo estableció la Secretaría de Comercio Interior y la nueva tarifa comenzará a regir desde el 1 de enero de 2013.
La medida se adoptó como "consecuencia del incremento de costos generados en la explotación de la actividad" y teniendo en cuenta que la empresa "continúa sin presentar la información requerida".
En abril, la Secretaría de Comercio había fijado el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión en 123 pesos.
Las promociones, bonificaciones y descuentos que beneficien a los usuarios, deberán ser mantenidos en los mismos términos en que se encuentran a la fecha de entrada en vigencia de la medida, señala la norma.
Y se determinó también que los servicios prestados por la empresa no podrán sufrir variaciones en sus precios, calidad, número e integración.
Como de costumbre, Cablevisión no se dará por enterada de la resolución porque, como todos sabemos, el Grupo Clarín se caga en las autoridades de este país.
El cierre de la línea que evalúa el gobierno de la Ciudad para realizar tareas de mantenimiento y cambiar trenes recibió un fuerte rechazo de los pasajeros, comerciantes y trabajadores del servicio.
Según publicó el matutino Tiempo Argentino, la sorpresiva e inédita medida, una de las primeras que tomaría el gobierno porteño cuando se haga cargo del subte a partir del 1º de enero de 2013, forma parte del plan de contingencias que prepara la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el ente estatal porteño que tiene a su cargo la aplicación de la recientemente aprobada ley de traspaso del subte a la Ciudad.
El matutino señala, de acuerdo a información de funcionarios de primer nivel de la administración macrista, que el servicio de la línea que une Plaza de Mayo con la estación Carabobo en el barrio de Flores será suspendido entre enero y marzo de 2013 para, principalmente, cambiar la centenaria flota de coches belgas Le Burgueoise por 45 vagones nuevos de fabricación china y afectaría a más de 160.000 pasajeros que viajan cada día.
Los trenes chinos fueron comprados por el gobierno nacional y estuvieron amontonados durante varios meses en un predio de dock sud debido a que el gobierno porteño no se hacía cargo del subte, pese a haber firmado un acta acuerdo a principios de 2012 y a la sanción de una ley nacional para el traspaso del servicio a la Ciudad.
En diálogo con Télam, Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) aseguró que "no es necesario en lo más mínimo" cerrar durante tres meses la línea A para cambiar las formaciones y puso como punto de comparación que cinco años atrás "cuando cambiaron todas las vías, el subte estuvo cerrado sólo un día y se demoró una hora el comienzo del servicio durante aproximadamente dos meses".
Asimismo, se mostró sorprendido por el posible cierre de la línea A, ya que "venimos de discutir si el subte es un servicio esencial", una medida que el gobierno porteño había incluido en el proyecto original de traspaso a la Ciudad para garantizar que el servicio funcione especialmente en las horas picos aún cuando los trabajadores decidieran hacer huelga, pero que finalmente fue modificada tras los reclamos de los metrodelegados.
También explicó que el cambio de voltaje para la adaptación de los trenes chinos a la línea que une Plaza de Mayo con Carabobo "a lo sumo puede demorar dos o tres días".
El secretario general de la AGTSyP aseguró además que "no nos informaron" sobre una suspensión de la línea y aseguró que "de lo único que estábamos al tanto es que el gobierno porteño quiere generar una parafernalia, una lavada de cara del subte, pintar todo y mostrarlo como PRO", pero que "en realidad lo único nuevo son los trenes y encima los compró el gobierno de la Nación".
Por su parte, el también metrodelegado Néstor Segovia, aseguró que si el gobierno porteño decide cerrar la línea A por tres meses para realizar obras, debe convocar "en pos de la paz social" a una mesa de trabajo tripartita para analizar el tema.
Segovia coincidió con Pianelli en que la representación gremial no fue informada formalmente, pero sostuvo que son los propios jefes y directivos quienes comentan abiertamente sobre la posibilidad del cierre de la Línea A.
"Nosotros no nos podemos oponer al progreso, pero hay que ver el plan de obra, que va a pasar con los trabajadores y con los usuarios", explicó a Télam Segovia, quien pidió que en honor a la "paz social" lograda con la aprobación de la ley que aseguraba el traspaso en la legislatura, se haga "una mesa tripartita" de trabajo.
Por su parte, Manuel Compañez, delegado de la línea A y vocal de la AGTSyP, explicó que "es necesario hacerles kilometrajes sin pasajeros" a los coches chinos porque "son nuevos", pero estimó que "como mucho el ramal debería estar parado 10 días" para ese trabajo.
Usuarios y trabajadores de la línea A del subte consultados por Télam también cuestionaron el cierre total del ramal entre enero y marzo de 2013 porque "afecta la movilidad de los pasajeros en el transporte más rápido" y "perjudica a los comerciantes" y consideraron como "exagerados" los tres meses de suspensión del servicio.
Un propietario de locales ubicados en los andenes de las estaciones Perú y Plaza de Mayo dijo en primer lugar que "no nos han dicho nada" sobre el cierre de la línea y opinó luego que si se concreta la medida "nos va a afectar mucho porque son tres meses sin trabajar; ¿qué pasa con lo que perdemos de ganar?, ¿quién mantiene a la familia?, ¿nos van a indemnizar?"
En tanto, Daniela, trabajadora de la línea A, señaló que si bien "estoy a favor de que realicen tareas de mantenimiento para mejorar el servicio porque se nota a la legua que no invierten ni siquiera en cosas básicas, no sé si es necesario que lo cierren" al ramal, ya que "esos trabajos se pueden hacer de noche".
También, pero en menor cantidad, algunos de los consultados dijeron están dispuestos a no contar con el servicio por tres meses pero "si va a ser para viajar mejor" y "siempre y cuando sea sólo por ese tiempo".
Una opinión similar fue la de Diana, quien sostuvo que "es una buena posibilidad, aunque me parece exagerado tres meses sin servicio", ya que "pese a que hay inconvenientes para viajar, la A funciona mucho mejor que otras líneas" de subte.
Fuentes judiciales dijeron que el rechazo de la jueza ya fue apelado por la SRA ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, cuyo presidente, Ricardo Guarinoni, forma parte también del tribunal que tiene en estudio el fallo del juez Horacio Alfonso que declaró la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Medios.
Durante el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Mufa se vendió por decreto a 30 millones de dólares en cuotas, pero una pericia de tasadores de la Corte Suprema de Justicia estableció que el valor de mercado era de 131.800.000 millones de dólares.
