Ex jueces cobran jubilaciones de privilegio de hasta $ 68 mil

Hay magistrados jubilados que cobran más de 40 veces el equivalente a un sueldo mínimo. El titular de la ANSES, Diego Bossio, dijo que en los últimos años el sistema previsional ha mejorado en equidad, pero cuestionó los privilegio de los magistrados.

Pese a los esfuerzos que se han hecho en los últimos diez años por lograr una mayor equidad en el sistema previsional, en la Argentina hay jubilados que, por distintas razones, tienen coronita y son beneficiarios de regímenes de privilegio y especiales que les permiten ganar muchísimo más que el resto de los pasivos.

En algunos casos existen diferencias abismales y abusivas que, más allá del rol que cumplan los beneficiarios, resultan difíciles de justificar a la luz de los números. De acuerdo con un trabajo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), a cargo de Diego Bossio, hay 4135 magistrados y funcionarios del Poder Judicial que cobran haberes de hasta $ 67.937, lo que representa más de 40 jubilaciones mínimas.

La importancia de esta cifra sería difícil de sopesar si no fuera porque el valor del haber máximo del tope general alcanza los $ 12.359, es decir que los jueces, más allá del respeto que se les tenga por su condición de tales, cobran al dejar sus funciones, en algunos casos, cinco veces más que la máxima del común de los jubilados.

No obstante, no son los únicos. También existen 481 funcionarios del servicio exterior, o sea embajadores, ministros, consejeros, secretarios de embajada y cónsules, que se retiran con ingresos mensuales por una máxima de $ 58.312, y docentes no universitarios con haberes máximos de hasta $ 58.370.

En el ránking de aquellos que reciben regímenes especiales también se anotan los docentes universitarios, investigadores y científicos, y ex personal de Luz y Fuerza, cuyo tope es de $ 35.386, $ 54.725 y $ 52.683, respectivamente.

Sin embargo, hay que ser justos. No todos los jueces ganan casi $ 68 mil, pero el haber medio que cobra un magistrado en retiro efectivo ronda los $ 22.077, el equivalente a casi el doble del valor más alto del régimen general, y 10,4 veces el ingreso del haber medio que hoy se sitúa en $ 2233, y que a su vez representa alrededor de 14 veces la mínima de la general.

En el caso de los ex funcionarios del servicio exterior, la media de sus haberes equivale a 12,5 veces el ingreso medio de los jubilados del sistema previsional.

Los altos haberes que cobran aquellos que están considerados dentro de los sistemas previsionales de privilegio o especiales no sólo resultan cuestionables por la ruptura de la equidad con el resto de los argentinos que cobran una jubilación mínima o media, sino también porque ponen en riesgo el equilibrio financiero del sistema previsional.

Sólo las jubilaciones que cobran los jueces en retiro efectivo representan para el Estado argentino un costo superior a los $ 1163,5 millones, pero a este monto hay que sumarle los $ 166,4 millones que concierne a lo que se les paga a los jubilados del servicio exterior.

Estos sistemas de privilegio generan en el sistema un déficit anual de $ 433 millones en el caso del Poder Judicial, y de $ 62,4 millones en las jubilaciones de los diplomáticos.

La diferencia entre los aportes que realizan los magistrados y los diplomáticos se cubre con dinero del conjunto del Sistema Integrado, es decir con aportes de los trabajadores argentinos del resto de las actividades.

“La diferencia entre el haber máximo y el mínímo del Poder Judicial, que lo cobran más de 4 millones de jubilados, es de 40 veces. Y la diferencia entre el jubilado que más gana en la Argentina, producto de una sentencia judicial y el haber mínimo, de de 66 veces", señaló Bossio. 

“En la Argentina el sistema previsional se hizo más equitativo y se acható la piramide, pero no en el caso de estas personas que tienen jubilaciones 66 veces superiores al sistema”, enfatizó el responsable del ANSES.

La discusión sobre las jubilaciones de privilegio de los magistrados se torna aun más preocupante si se toma en consideración que los jueces, a diferencia del resto de los argentinos de altos ingresos, no pagan Impuesto a las Ganancias. Este es uno de los puntos más polémicos que hasta el momento no se ha logrado resolver. El 15 de mayo último, Bossio planteó el debate en el Senado apuntando a que la justicia tome conciencia sobre el tema y los legisladores preparen un proyecto de ley para eliminar este beneficio. Sin embargo, no se trata de un tema sencillo. Cuatro gobiernos -los de Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Mufa, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde- probaron fortuna sin éxito. En 1996, una acordada de la Corte Suprema, que ratificó la “intangibilidad del salario del juez”, tiró por la borda una ley que se había aprobado para acabar con la exención que beneficia a los magistrados. En la Corte Suprema, no obstante, ahora parecen más propensos a aceptar un cambio que los asimile más al común de los argentinos.

Números que sorprenden: $ 67.937 es el haber máximo que cobra un jubilado retirado gracias al régimen de privilegios que tienen los magistrados, casi cinco veces más alto de los $ 12.539,39 máximos que recibe un jubilado por el régimen general. Esta jubilación máxima de los jueces representa 40,3 jubilaciones mínimas de $ 1687,01.

$ 58.312 es el haber más alto que le paga la ANSES a un diplomático retirado en virtud del régimen que regula al Servicio Exterior.

$ 58.370 es la jubilación más alta que cobra un no docente universitario merced al régimen especial que favorece a este segmento de trabajadores.

32.777 beneficiarios con sentencias firmes consiguieron haberes que superan el tope de $ 12.359 del sistema jubilatorio. En estos casos, el haber promedio es de $ 15.255. El 21% de estos casos fueron generados por la aplicación de una sentencia judicial.

$ 112.121 es el monto del caso que un jubilado obtuvo gracias a un fallo judicial récord, y que está pagando todos los meses el Estado argentino.

$ 856,7 millones es el déficit anual que debe afrontar el Sistema Previsional como consecuencia de los regímenes de privilegio, especiales y de sentencias judiciales que resultan superiores o iguales al tope jubilatorio del régimen general. Con este dinero se podrían pagar unas 39.063 jubilaciones mínimas o 264.414 Asignaciones Universales por Hijo.

Entre $ 49.586 y $ 77.288 millones es el sobrecosto anual que podría tener el Estado si se generalizan las sentencias del Poder Judicial de la Nación, cuyos fallos, según la ANSES, no tomaron en consideración las consecuencias económicas de su aplicación.

266.145 son las causas en trámite de naturaleza previsional. De estas, 247.696 corresponden a reajustes de haberes.

$ 2.775.348 es el importe bruto de la retroactividad más alta que debió afrontar la ANSES en junio de 2011. Detrás de ella se ubica un desembolso por $ 2.074.053 que el organismo concretó en enero de este año. El tercero del ránking es el que cobró un jubilado en noviembre de 2011 por $ 2.063.693.

Cristina Fernández de Kirchner apoyó el 9 de octubre de 2002, durante una alocución en el Senado, la eliminación de las jubilaciones de privilegio. 

El senador Eric Calcagno (h), quien tuvo una actuación protagónica en la presentación que el titular de la ANSES, Diego Bossio, hizo en el Congreso de la Nación el último 15 de mayo, es quien está evaluando la preparación de un anteproyecto de ley que ponga fin a la exención que gozan los jueces a la hora de pagar el Impuesto a las Ganancias, y que estudie la eliminación de las jubilaciones de privilegio.

Por ahora, la iniciativa está en pañales porque deberá ser consensuada con otros legisladores. Sin embargo, Calcagno, en su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, es quien trabajará en la iniciativa. Bossio se excusó en todo momento de referirse a una iniciativa en este sentido "para respetar la división de poderes”.

Sin embargo, la relación entre ambos es muy buena y en el Ejecutivo ven con muy buenos ojos la posibilidad de avanzar en un proyecto de estas características para atacar los bolsones de inequidad en el sistema previsional.

¿Será Justicia?