Por Ricardo Ragendorfer y Sebastián Hacher - Miradas al Sur
La estrategia del PRO para enfrentar a Nilda Garré por el retiro de los servicios adicionales.
La expresión facial de Guillermo Montenegro era tensa, como si se le fuera la vida en una mano de poker. Es que, a su modo, estaba jugando con el azar. Frente a él, la ministra Nilda Garré exhibió sus cartas.
En resumidas cuentas, le hizo saber su decisión de rescindir el convenio por el cual unos 1.600 efectivos de la Policía Federal cumplían servicios adicionales de vigilancia en objetivos porteños.
–Ello –dijo la funcionaria– les será notificado oportunamente, un mes antes de que la cancelación se haga efectiva.
Sin levantar la vista, su par en el gobierno del PRO musitó:
–Usted sabe que yo no estoy de acuerdo con los adicionales de la Federal.
Su mirada seguía siendo la de un tahúr.
Garré, entonces, dijo:
–Tenemos otro problema...
Y extendió hacia él una hoja. Era el resumen detallado de la deuda que por tales servicios el Gobierno de la Ciudad había acumulado durante los últimos siete meses: casi 30 millones de pesos. Montenegro no opuso ningún reparo, pero tampoco dijo nada; simplemente, su silla crujió.
Y tras un breve silencio, su interlocutora le anticipó los pasos a seguir: en unos días sería enviada a Bolivar 1 la intimación oficial de pago, y de no concretarse en un plazo de diez días, la prestación sería inmediatamente suspendida. Por toda respuesta, la silla de Montenegro volvió a crujir.
Aquella reunión tuvo lugar en el Ministerio de Seguridad de la Nación, situado en la calle Gelly y Obes al 2200, durante la tarde del 11 de febrero. La intimación de pago fue cursada al Gobierno de la Ciudad el 17 de marzo. Y la cancelación de los servicios adicionales comenzó a regir desde la medianoche del martes 5 de abril. A partir de ese instante, como si no hubiesen existido señales previas que avizoraran dicho desenlace, la reacción de las principales espadas del PRO fue semejante al desconcierto de quien enfrenta una súbita catástrofe.
Ahora, sin embargo, comienza a saberse que ello en realidad fue fruto de una puesta en escena urdida con minuciosidad desde las entrañas del macrismo.
Aquel viernes, al concluir la reunión con Garré, mientras Montenegro regresaba a su despacho de la avenida De los Patricios, Mauricio Macri se encontraba junto a su esposa, Juliana, en una de sus numerosas vacaciones, por lo que el ex juez lo anotició del asunto de la deuda –y la consiguiente amenaza de retirar las custodias de la Federal– a través de un correo electrónico. No obtuvo respuesta.
Insistiría a su vuelta, el 13 de febrero, en presencia del gurú ecuatoriano, Jaime Durán Barba. Éste se veía muy interesado en el rol que podría tener la simpática cónyuge de Mauricio en la campaña electoral.
Pero, al tomar conocimiento de la cuestión que había traído allí a Montenegro, extrañamente, le brillaron los ojos. “Hablá de eso con Néstor”, fue la lacónica respuesta que el jefe de Gobierno le dispensó a su funcionario. Se refería al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Los ojos de Durán Barba seguían brillando. Al caer la tarde, Montenegro fue nuevamente convocado al despacho de Macri.
Al día siguiente, el heredero de Don Franco firmaría el decreto por el cual dio de baja de manera unilateral otro convenio con el Poder Ejecutivo Nacional: el que daba forma a la Policía Comunitaria, un cuerpo integrado por unos 500 efectivos de la Federal que prestaban servicio a las órdenes de las autoridades porteñas. La decisión –a pesar de ser publicada en el Boletín Oficial– pasó prácticamente inadvertida.
No obstante, Montenegro se ufanaría por aquella medida en una conversación informal con un funcionario bonaerense de la siguiente manera: “Con la Metropolitana nos basta y sobra”.
Así, en medio de un silencio de radio, llegó el 17 de marzo. Ese día, el jefe de la Federal, Enrique Capdevila, le avisó a Macri mediante un oficio que si en diez días no saldaba la deuda que la Ciudad mantenía con la fuerza, el ministerio encabezado por Garré estaría facultado para suspender el servicio de custodia de edificios y funcionarios porteños. La respuesta de la administración macrista consistió en no depositar ni un solo centavo. El silencio de radio persistía.
Hasta el 4 de abril. Ese lunes, al concluir en la Biblioteca Nacional el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria, Garré hizo pública la orden de retirar a la medianoche a los 1.400 agentes que cumplían tareas adicionales por cuenta del Gobierno porteño. Fue, asimismo, el instante largamente anhelado por el PRO para poner el grito en el cielo.
Se trató de un grito premeditado. Lo cierto es que no era la primera vez que sucedía. El 2 de noviembre de 2009 se vivió una situación casi calcada. Macri debía más de 40 millones por adicionales, y desde la fuerza decidieron cortar con el servicio.
La noticia fue presentada con alarma en los medios de comunicación, pero el propio Horacio Rodríguez Larreta le bajó el tono. “Ningún lugar va a quedar desprotegido”, dijo y explicó que suplantarían a los federales con cámaras y 2 mil vigiladores privados mientras se negociaba un cronograma de pagos. “Hay buena predisposición para el diálogo de ambas partes”, anunciaron en aquel entonces desde el Gobierno porteño.
Ahora, en cambio, la situación era diametralmente distinta. Esgrimiendo una fingida sorpresa ante el corte de los adicionales, los principales funcionarios, legisladores y dirigentes macristas, encabezados por el propio Mauricio, fatigaron todo micrófono que se les puso a tiro para manifestar su indignado repudio a la medida.
Y lo hicieron con un discurso guionado, en el que, por un lado, minimizaban la deuda –Macri, Montenegro, Rodríguez Larreta, Cristián Ritondo y Eugenio Burzaco repetían una y otra vez que ésta sólo era de “algo más de un mes”–, mientras, por otra parte, azuzaban los temores atávicos de la población, a través de funestos vaticinios: “Alud anárquico” e “imperio del caos”, fueron los slogans más escuchados.
Tal estrategia cominucacional, debidamente fogoneada por ciertos canales de noticias, hizo –por caso– que la cobertura del robo de un celular a una enfermera del Hospital Piñero fuera transmitido durante horas en cadena. Sin que la agenda delictiva de la semana fuese particularmente sangrienta, la “sensación de inseguridad” estaba al tope.
Era nada menos que una nueva variante de la proverbial construcción del miedo a la que son tan afines los cuadros del PRO y sus compañeros de ruta.
Ya se sabe que semejante relato sólo se sustenta con la identificación de un enemigo social; éste –en reemplazo circunstancial de piqueteros y adolescentes en riesgo– ahora era la ausencia de policías en colegios, plazas y hospitales.
Tal vulnerabilidad era transmitida y publicada de modo intermitente por los medios. Y con la insistencia exacta como para que desde la señora de Barrio Norte hasta el kiosquero de Lugano imaginen que sus calles ya estaban tapizadas de cadáveres.
Al respecto, hay una frase de Mauricio Macri –pronunciada ante sus ministros no bien se conoció el retiro de los adicionales– que pinta dicho asunto por entero: “A nosotros esto nos conviene porque tenemos a la gente de nuestro lado y borramos de la cancha a los rivales de la oposición”.
Como suele suceder con toda operación política de marketing, la misma, tarde o temprano, termina por revelar de una manera brutal el objeto que pretende esconder. Tanto es así que la artificialidad de la presente puja entre Ciudad y Nación tuvo sus efectos colaterales; entre ellos, puso al descubierto las limitaciones palmarias de la agencia policial diseñada por el ex comisario Jorge Fino Palacios y dejó al desnudo la negligencia por momentos criminal de otros servicios brindados por el Gobierno del PRO, como el del Same en los asentamientos de emergencia.
Lo cierto es que la Metropolitana, una milicia encabezada por ex represores y comisarios eyectados de sus fuerzas de origen por casos de corrupción, se reveló como una policía barrial, sólo concebida para la persecución de ocupas, trapitos y vendedores ambulantes e indigentes. Ya se sabe que antes de salir a la calle, el famoso caso del espionaje telefónico llevó tras las rejas a su primer jefe.
Salpicada por un cúmulo de irregularidades en compra de equipos y bajo investigación por su presunta responsabilidad –junto a la Policía Federal– en los homicidios cometidos durante el desalojo del Parque Indoamericano, la Metropolitana acaba de revelar su incapacidad operativa hasta para custodiar plazas y hospitales. Eso, al menos, es lo que sostuvo su máximo jefe, Eugenio Burzaco, cada vez que en estos días recorría radios y canales de televisión.
Lo que se dice, una contribución al caos tan temido
