Escuchas telefónicas complican a funcionarios macristas por pedido de coima

Una investigación complicaría a varios funcionarios macristas, debido a que existen grabaciones telefónicas donde se piden coimas a cambio de mantener habilitados boliches. Ya renunció Vanesa Berkowski, la directora general de Fiscalización y Control.

Ayer, nuestro amigos de Tiempo Argentino publicaron una resolución del juez Juan Ramos Padilla sobre esta reciente investigación que busca determinar a través del análisis de llamados telefónicos si existieron pedidos de coimas de parte de funcionarios a empresarios administradores de boliches bailables.

“Se ha percibido en las escuchas directas que este grupo de personas aparecen en principio estrechamente vinculadas al poder –del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, lo que torna aun más riesgosa la necesidad de la preservación de la prueba, ya que no puedo determinar por el momento hasta qué nivel de funcionarios podría alcanzar esta investigación. Incluso se ha mencionado a un diputado que aparece vinculado a los hechos, y otras altas autoridades”, expresa el texto de la resolución.

El modus operandi sería el siguiente. Habría un sistema de “avisos” sobre cuándo serían inspeccionados los locales nocturnos para que en esos días no hubiera más concurrencia que la capacidad permitida, ni ninguna otra irregularidad y el pago de sumas que en algunos casos superaban los 10 mil dólares (cobrados entre tres y cinco cuotas) para las habilitaciones, se explicó en el matutino.

“Mediante tales conversaciones ha podido identificarse a los sujetos intervinientes en la mayoría de las escuchas. Ellos son Leandro Camani, Federico Emanuel Garaglia, Matías Luis Pantarotto, Vanesa Berkwoski. También estos han hecho referencia a otros, como podría ser el caso de Manuel Sandberg Haedo, director a cargo de la Dirección de Habilitaciones y Permisos; del empleado o funcionario indicado como ‘Cassano’, que por la evaluación de las escuchas no será otro que Norberto Cassano, también dependiente de la dirección de Habilitaciones y Permisos”, sostiene la documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino.

“Las escuchas no sólo mostraron todo este tipo de manejo vinculado tanto al modo de llevar adelante una habilitación de un comercio ante la municipalidad, como también todo lo relativo al control de los lugares (léase pago de avisos, listas de negocios a ser inspeccionados y que podrían ser ‘arregladas’, ‘aprietes’ a bolicheros para someterse al sistema de avisos, supuestos gestores o contactos que se manejan infielmente, incluso entre ellos mismos, sea por cuestiones de poder o de mejor llegada ante las esferas ejecutivas de control, tráfico de influencias o conductas incompatibles con la función pública)”, añade la resolución judicial.

La investigación que realiza el juez Ramos Padilla ya fue informada al fiscal Raúl Madrea y a la jueza Alicia Iermini, quienes investigan el derrumbe del boliche Beara, en septiembre de 2010. También fue notificado el juez Daniel Osvaldo Rappa, quien declinó su competencia y le remitió el expediente a su colega del Juzgado de Instrucción Nº 24.

Quisimos conocer la oponión del jefe de gobierno porteño, Mugricio Macri, sobre estas graves denuncias, pero fue imposible hablar con él. Según nos hicieron saber en la jefatura de gobierno, el hijo bobo de Franco Macri se encontraba ocupado visitando agencias de viajes, para programar sus próximas vacaciones.