LA MEDIDA SUMA TENSIÓN CON LOS SINDICATOS, LE QUITA PODER DE NEGOCIACIÓN A CTERA Y ELIMINA LA DISCUSIÓN POR EL SALARIO MÍNIMO DOCENTE. “ESTÁN DEROGANDO LA PARITARIA NACIONAL POR DECRETO. VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL Y LA LEY DE ORGANIZACIONES SINDICALES”, RESPONDIERON DESDE LOS GREMIOS DOCENTES. ADELANTARON QUE PRESENTARÁN UNA NUEVA DENUNCIA ANTE LA OIT.
Anticipándose a la negociación salarial con los docentes, el régimen fascista decidió marcar la cancha y limitar la próxima paritaria. Mediante un decreto publicado ayer a la mañana en el Boletín Oficial, con las firmas de Mugrizio Macri Blanco Villegas, del jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez y de los Ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Trabajo, Jorge Triaca; eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país y además apuntó contra el gremio de mayor representación, CTERA, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación.
“Están derogando la paritaria nacional por decreto. Viola la libertad sindical y la ley de organizaciones sindicales”, se quejaron desde el sindicato y confirmaron que presentarán una nueva denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de Educación.
“Nuevos criterios de relación”, así justificaron desde el régimen macrifascista la necesidad de modificar la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, que establece el mecanismo de la paritaria nacional docente y los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esa negociación. El decreto Nº 52 pone fin a la discusión de la “retribución mínima de los trabajadores docentes”, como se mencionaba en el decreto original al salario básico nacional, y termina con la negociaciones de “índole económica”, también tenidas en cuenta en la reglamentación original.
Como contrapartida, la norma establece que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”, acuerdo con el que el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich cerró la discusión en febrero de 2016 y no volvió a convocar a los docentes a la paritaria nacional. Esto último le valió, además de numerosas marchas y paros nacionales, una denuncia contra la OIT por incumplimiento de la normativa laboral. El decreto vino a emparchar la falta de convocatoria.
Además, modifica la representación de los sindicatos nacionales en la mesa de negociación. En vez de garantizarse de manera proporcional por la cantidad de afiliados como establece la ley de Asociaciones Sindicales, el régimen limitó la representación de los trabajadores en un miembro por cada asociación sindical, algo que se traduce en un claro ataque contra el gremio mayoritario, con más de 420.000 afiliados en todo el país: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
“El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama”, enfatizó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. Desde el sindicato afirmaron además que el decreto viola la ley de Asociaciones Sindicales y contradice los postulados de la OIT con respecto a la libertad sindical y la negociación colectiva.
“Este gobierno atrasa, quieren volver a los '90”, sostuvo la dirigente, que descree que la avanzada del macrifascismo sea únicamente por la cuestión salarial. “La última convocatoria a paritaria fue en diciembre de 2016, después tampoco nos citaron por las cuestiones pedagógicas. Pretenden correr la discusión y que cada jurisdicción se arregle como pueda, como pasó en los '90. Las consecuencias van a ser las mismas: una conflictividad altísima y problemas realmente graves en algunas provincias”, opinó Alesso.
La líder de CTERA viajará junto a Hugo Yasky, titular de la CTA, este fin de semana para presentar las dos denuncias contra el gobierno nacional: una en la Internacional de Educación, de la que CTERA forma parte, y la otra en la Organización Internacional de Trabajo. Mientras tanto, Roberto Baradel, titular del SUTEBA y secretario adjunto de CTERA, convocará a un plenario nacional para definir la línea de acción al interior del gremio
En cuanto al tema de modificar la representación, lo que apunta contra los gremios mayoritarios, desde CTERA entendieron que se enmarca en la persecución sindical de la que vienen siendo víctimas. Aunque reconocieron que en este punto “el Gobierno se confunde”, porque siempre los cinco sindicatos con representación nacional (CTERA, SADOP, CEA, AMET, y UDA) actúan en conjunto.
“CTERA es el gremio mayoritario, representa a más de 420.000 trabajadores de todas las provincias, por lo cual tiene la representación mayoritaria en la paritaria nacional, como establece la Ley de Asociaciones Sindicales. Es increíble que el decreto incumpla una ley”, SOSTUVO Alesso.
Para la dirigente, con esto último “se equivocan". Asimismo, reafirmó que “nosotros siempre discutimos por unanimidad. No hubo votos en disenso ni en el gobierno anterior ni en el actual”.
Algo similar opinó Roberto Baradel, para quien “la discusión no es entre los sindicatos. La discusión es con el gobierno nacional”. Para el titular del SUTEBA, el decreto publicado ayer es “un mamarracho jurídico”.
“Se les está negando la paritaria nacional a los docentes y modifica la representación que tenemos en la mesa paritaria que es la establecida por la ley, viola la libertad sindical y la ley de financiamiento educativo. Es el Ejecutivo, en nuestro caso la patronal, queriendo imponer las reglas de juego”, afirmó.
En tanto, desde el Ministerio de Educación defendieron la nueva reglamentación y sostuvieron que el decreto “no saca nada”, de hecho “instala” el piso del salario básico más el 20 por ciento establecido en 2016. También desconocieron que la ley de Financiamiento Educativo estableciera la paritaria nacional. “No existe. No está garantizada por ninguna ley, ni se establece en ningún lado como tiene que ser la convocatoria, ni la periodicidad. La paritaria no es una negociación, es un instrumento jurídico; esa ambigüedad es la que viene a resolver este decreto con respecto al anterior”, sostuvieron desde la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro.
Por último, confirmaron que no buscan “romper la mesa de negociación” sino establecer el “marco” para poder tratar las cuestiones postergadas.
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