LOS ABOGADOS DEL EX MANDATARIO DETALLARON LAS CONTRADICCIONES DE LA CAUSA EN LA QUE EL JUEZ SERGIO MORO LO CONDENÓ A NUEVE AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN, SOBRE LA QUE AHORA SE EXPEDIRÁ UN TRIBUNAL DE ALZADA. TAMBIÉN PRECISARON CÓMO SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE "LAWFARE" CONTRA EX FUNCIONARIOS OPOSITORES.
A pocas semanas de que la Justicia de Brasil inicie el juicio de apelación para evaluar si deja firme la condena a nueve años y medio contra el ex presidente de ese país, Lula Da Silva, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores difundió el adelanto de un documental que enumera las arbitrariedades que cometió el juez Sergio Moro en la investigación.
Los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeria Martins detallaron las inconsistencias de la causa contra Lula por el departamento de San Pablo y presentaron los argumentos por los cuales pidieron la nulidad de la sentencia, que imposibilitaría al emblemático político a participar en una nueva candidatura presidencial.
“Lo intentan presentar como una persona que ya sería culpable antes de ser juzgado en un proceso para inducir a la población a la presunción de culpa”, explica la defensa de Lula en el video.
Allí, los letrados hacen un análisis detallado del efecto del Lawfare, término acuñado en referencia a la utilización del aparato judicial para provocar condenas previas, sin juicio, a dirigentes políticos de la oposición con el aval de los medios de comunicación. Esta es una práctica extendida en el resto de América Latina, sobre todo contra los gobiernos o funcionarios de ex gestiones progresistas.
En este caso en particular, la causa iniciada contra el ex mandatario brasileño, por la que fue condenado el 12 de julio pasado por Moro, es conocida como “el caso de departamento tríplex”.
La Justicia, en base a la acusación del Ministerio Público Fiscal, consideró que Lula había aceptado de la empresa OAS un soborno a través de la reforma de un departamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de San Pablo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El departamento, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.
Además de remarcar esta aclaración, los abogados afirman que el ex presidente “jamás fue beneficiado de forma indebida” y señalan que “no hay relación alguna entre el departamento y Petrobras”. Por considerar que la causa no tiene lugar, y que no se fundamenta en pruebas, la defensa pidió la nulidad del proceso.
“La sentencia de la Fiscalía , que actuó en serio compromiso con la verdad, se usó como base fundamental para condenar al ex presidente”, denunciaron. También destacaron que el juez Moro se negó al pedido de la defensa para que se periten las pruebas con las que contaban, por lo cual “hubo un cercenamiento de la defensa”.
Todos estos argumentos fueron los que utilizaron para pedir que se deje sin efecto la condena contra el ex mandatario, algo vital para su futuro político. En el caso de que se confirme el fallo, Lula puede pasar a cumplir su condena en prisión, ya que una decisión de la Corte Suprema de octubre de 2016 determinó que los sentenciados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir su pena en la cárcel y desde allí continuar con las apelaciones. Esto lo dejaría fuera de la carrera para las elecciones de octubre de este año. La decisión final la tomará el 24 de enero el Tribunal Regional de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre, quien deberá evaluar si confirma o revoca las sentencias en primera instancia proferidas por el juzgado de la ciudad de Curitiba que condenó a Lula el 12 de julio del año pasado.
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