LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) PRESENTÓ AYER UN AMPARO EN VIRTUD DE "LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SANCIONADA REFORMA PREVISIONAL" CON LA FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL DEL GREMIO, HUGO "CACHORRO" GODOY, QUIEN CRITICÓ LAS LEYES DE REFORMA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA VOTADAS EN SESIONES EXTRAORDINARIAS POR "VULNERAR LOS DERECHOS DEL CONJUNTO DE ACTIVOS Y PASIVOS, DESFINANCIAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERIR RECURSOS DE MANERA DISCRECIONAL Y ARBITRARIA SOLO A FAVOR DEL ESTADO Y DE LOS SECTORES PRIVADOS".
La presentación quedó radicada en el juzgado número 8 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en defensa de dos "damnificados", los jubilados del sindicato Lidia Meza y Oscar Mengarelli, en representación de los "18 millones de empleados cuyos derechos patrimoniales y alimentarios fueron vulnerados por la Ley 27.426". El recurso podría ser resuelto en la feria por el juzgado número 3 de la misma Cámara, a cargo de Walter Carnota.
"La norma violó derechos constitucionales y tratados internacionales, y fueron afectados de forma directa los derechos de propiedad y la movilidad de los jubilados y pensionados de todo el país", denunció el secretario general en la presentación y recordó que entre los afectados también están los titulares de pensiones no contributivas, las familias que perciben las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), y los veteranos de las Islas Malvinas.
Además, el gremio estatal advirtió que "con el tiempo serán lesionados los trabajadores activos que se jubilen, ya que se fijó para el cálculo del haber previsional inicial una pauta de actualización de las remuneraciones menos favorable que la de 2017".
"La nueva ley es de exclusivo contenido fiscalista y fue sancionada solo para generar un fuerte ahorro en ese sentido, ya que todos los trabajos y comentarios se dirigen a determinar cuál es el alivio de las cuentas", apunta el pedido de amparo.
Godoy recordó que el "ahorro" buscado por el régimen macrifascista con la modificación de la fórmula de actualización de movilidad jubilatoria va detrás de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomendó aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, reducir el haber inicial, cambiar la fórmula de actualización de la movilidad y transferir programas sociales de la ANSeS a Desarrollo Social o Educación. "Todo apunta a reimplantar los seguros privados jubilatorios. Es una política de destrucción de derechos y asistencialización de los sistemas de seguridad social", sentenció Godoy.
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