EL CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS LA PLATA (CECIM) SUMÓ UN NUEVO AMPARO Y PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL AL DENUNCIAR QUE "GENERA DAÑOS DE CARÁCTER IRREPARABLE Y PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y LA VIDA DEL COLECTIVO DE EX COMBATIENTES", QUE INVOLUCRA A 17 MIL PENSIONADOS Y AFECTA A UN UNIVERSO DE 43 MIL PERSONAS ENTRE TITULARES Y FAMILIARES.
Los ex combatientes advirtieron que la reforma impulsada por el régimen macrifascista no respeta los principios de progresividad e irrectroactividad, y quitará del bolsillo de los excombatientes 1.989 pesos en marzo.
"La Ley de reforma previsional daña de manera inexorable los derechos de los sectores más vulnerables del pueblo argentino en general, y los derechos de los excombatientes conscriptos de la guerra de Malvinas en particular", sostiene la presentación colectiva hecha por el presidente del Cecim, Mario Miguel Volpe.
En el mismo tono que los amparos presentados ayer por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y ex gerente de la ANSeS Miguel Fernández Pastor, la presentación advierte que la norma votada por la alianza de derecha Cambiemos, con el respaldo de los diputados del bloque Argentina Federal, es violatoria de derechos constitucionales e internacionales con rango constitucional, que incluyen además de la Convención y el Pacto de Derechos Económicos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la de las personas con Discapacidad.
"Un Estado parte de un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado", advierte el amparo y subraya la responsabilidad del Poder Judicial para poner un freno a la norma impulsada por el Ejecutivo y avalada por el Legislativo: "los tribunales y fiscales también se hallan obligados a emitir resoluciones y desarrollar acciones en función de los compromisos internacionales".
La denuncia resalta que "la nueva ley ha derogado en forma retroactiva la ley de movilidad jubilatoria" votada en 2008 y recuerda que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, manifestó desconocer los resultados que tendría el nuevo cálculo de movilidad jubilatoria durante el debate del proyecto en la comisión plenaria de Diputados. Por ello, los excombatientes detallan en su presentación cómo los afecta el nuevo cálculo, con una pérdida para marzo de 1.989 pesos.
Según los cálculos expuestos en el amparo, con la nueva fórmula -que se basa 70 por ciento en la inflación y 30 por ciento en el coeficiente de la variación salarial expresada por RIPTE- el aumento en las pensiones será solo del 5,7 por ciento a diferencia del 14,5 por ciento que arrojaba el cálculo anterior, atado a la recaudación y el variación salarial. Sobre esa diferencia, los excombatientes, cuya pensión es tres veces la jubilación mínima, indican que cobrarán 22.899 pesos, en lugar de los 24.888 pesos que recibirían con el cálculo anterior. "Esta nueva fórmula es más perjudicial para los beneficiarios que la establecía la ley modificada", redunda el amparo.
Por otro parte, el CECIM también denunció que la norma, votada en medio de masivas movilizaciones que exigían evitar el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la población, "instituye categorías de jubilados, e inaugura una lógica perversa por la que el Estado pasará a reconocer jubilados de primera y jubilados de segunda", al referirse a las condiciones restrictivas de acceso para el haber equivalente al 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo vital y móvil.
El beneficio, que alcanza a una porción mínima de los 7 millones de jubilados, es "para los jubilados que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos, circunstancia que deja por fuera de tal beneficio a los a los pensionados, entre ellos los veteranos de Malvinas", resaltan en el amparo.
La presentación también realiza una descripción de la población protegida por la demanda colectiva: la población de excombatientes asciende a más de 17 mil pensionados, con un promedio de edad de 53 años, quienes son sostén de familia, y entre esposas e hijos alcanzan un universo de 43 mil personas.
El documento también precisa la situación social de los pensiones afectados y, entre otros datos, señala que el 25 por ciento de la población de los excombatientes está afectada por el Síndrome Stress Post Traumático, entre otras afecciones. Agrega que si bien el 89 por ciento cuenta con cobertura médica, en la actualidad no recibe atención el 72 por ciento y específicamente psiquiátrica y psicológica el 91 por ciento. Además, el 60 por ciento de ellos no tiene resuelta en forma estable su situación laboral.
"Estamos denunciando que el Estado no cumple con sus obligaciones y, contrariando las mandas convencionales, ha producido una flagrante retracción en lo que concierne a garantizar el derecho a la seguridad social de los excombatientes conscriptos", resumen respecto de los derechos avasallados por la reforma.
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