A VEINTITRÉS AÑOS DEL ATENTADO CONTRA LA AMIA, EL EQUIPO DE FISCALES SOLICITÓ ADEMÁS UNA PENA DE 8 AÑOS PARA LOS EX FISCALES EAMON MULLEN Y JOSÉ BARBACCIA, Y 6 AÑOS PARA EL EX JEFE DE LA SIDE, HUGO ANZORREGUY, MIENTRAS QUE PARA EL RESTO DE LOS ACUSADOS SE PIDIERON PENAS MENORES DE 3 AÑOS. EL ÚNICO PEDIDO DE ABSOLUCIÓN FUE PARA EL EX COMISARIO JORGE "FINO" PALACIOS.
La Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA solicitó 4 años de prisión para el ex presidente mufa y 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano en la causa por el encubrimiento del ataque terrorista ocurrido en 1994.
El equipo de fiscales solicitó además una pena de 8 años para los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y 6 años para el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, mientras que para el resto de los acusados se pidieron penas menores de 3 años, entre ellos Rubén Beraja, ex titular de la DAIA a quien le pidieron una pena de un año de prisión como partícipe secundario de peculado. La UFI consideró que el atentado se trató de un delito de lesa humanidad y exigió que los delitos juzgados por el TOF 2 sean interpretados como delitos conexos, que constituyen "graves violaciones a los derechos humanos". El único pedido de absolución fue para el ex comisario Jorge "Fino" Palacios.
El ex presidente, para quien también se solicitó 8 años de inhabilitación, fue acusado por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que a Galeano se le sumaron los delitos de prevaricato, violación de medios de prueba, peculado, privación ilegal de la libertad.
Los fiscales consideraron como agravante la cantidad de dinero (400 mil dólares) que el Estado utilizó para el pago ilegal al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera su declaración falsa ante la justicia, que habilitó la pista falsa y desvío la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.
El pedido de condena para Telledín fue de 3 años y seis meses por los delitos de partícipe necesario de peculado, mismo pedido que recayó sobre el abogado Víctor Stinfale, mientras que para Ana Boragni -pareja de Telleldín que recibió el dinero de la SIDE- se pidieron 2 años de prisión también como partícipe necesaria.
Para los fiscales de la UFI AMIA, la de Kanoore Edul era una de las pistas más importantes de la investigación del atentado porque desde su teléfono se había efectuado una llamada a Telleldín el día en que se entregó la camioneta Reanult Traffic que se habría utilizado para el atentado.
En un allanamiento realizado en el domicilio de Kanoore Edul, a dos semanas del atentado, la policía había encontrado su agenda de la que surgía el dato de Moshen Rabbani, entonces agregado de cultural del la embajada de Irán en Argentina y uno de los principales sospechosos, y de once talleres de vehículos.
La fiscalía tuvo por probado que tras una visita de Alberto Kanoore Edul (padre) a la Casa Rosada, y de una comunicación recibida por el ex juez Galeano, desde el Poder Ejecutivo Nacional, bajo las órdenes de Menem, se demoró e interrumpió la investigación de esa pista.
Los otros vinculados en la maniobra de encubrimiento fueron Anzorreguy, para quien la UFI solicitó 6 años por los delitos de peculado y encubrimiento en calidad de partícipe necesario, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y los exfiscales Mullen y Barbaccia. Para ellos el alegato del Ministerio Público solicitó 8 años e inhabilitación perpetua por privación legal de la libertad de los policías y peculado (todo en calidad de partícipes necesarios), coacción agravada. Los años que los expolicías estuvieron presos ilegalmente como concreción del desvío de la investigación también fue considerado un agravante por la UFI AMIA.
Los fiscales sostuvieron que en la maniobra participaron Anzorreguy; su segundo, Juan Carlos Anchezar (pedido de 3 años de prisión e inhabilitación de 6 años), y el jefe del DPOC de la Policía Federal, Carlos Castañeda (pedido e 3 años e inhabilitación por 6 años), quienes, a su vez, presentaron informes falsos sobre escuchas telefónicas para que no se supiera de la comunicación entre Kanoore Edul y la Casa Rosada. En relación a ese hecho, la Fiscalía solicitó la absolución del ex comisario Palacios tras considerar que no se había acreditado, con el grado de certeza requerido para una acusación, su participación en estos hechos.
Los fiscales también dieron por probado que se le pagaron 400 mil pesos de las arcas del Estado a Telledín para que prestara una nueva declaración en la causa, distinta a las anteriores y que involucrara en el atentado a los policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro.
Los miembros de la UFI sostuvieron que de esa maniobra participaron Anzorreguy, Galeano, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex agente de Inteligencia y coordinador de la “Sala patria” Patricio Finnen (pedido de 2 años de prisión) y Telleldín, junto a quienes recibieron el pago: su expareja y Stinfale.
El 1º de febrero del año próximo, a las 10:30 de la mañana será el turno del alegato por parte del Ministerio de Justicia de la Nación.
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