Carta Abierta se manifestó "ante la política persecutoria y represiva de Cambiemos"

MEDIANTE UN ESCRITO PUBLICADO EN SU SITIO WEB, EL COLECTIVO DE INTELECTUALES CARTA ABIERTA SE EXPRESÓ PÚBLICAMENTE CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA QUE LLEVA ADELANTE EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA.

En un extenso documento que transcribimos a continuación, el colectivos de intelectuales fijó su postura ante lo que dieron en calificar como "la política persecutoria y represiva de Cambiemos":

"Cuando Macri accedió al gobierno, intentó como una de sus primeras medidas el nombramiento de jueces por decreto en una clara demostración del inicio de una gestión que iba en dirección de gobernar con desafección por el Estado de Derecho. Luego hostigaron a la excelente conducción de la UIF dirigida por José Sbatella, al que llevaron a la renuncia y a innumerables y arbitrarias causas, reemplazándolo por un grupo de gestión claramente vinculado con las estructuras de la fuga de capitales. También acosaron y obtuvieron la renuncia de Alejandro Vanoli quien tenía mandato por varios años más, y fue reemplazado por Sturzenegger para aplicar un programa violatorio de la Ley que regula la actividad del Banco Central.

En Enero de 2016 apresaron a Milagro Sala y hoy continúa ilegalmente detenida, a pesar de los reclamos y sentencias internacionales. Dijimos entonces que esa maniobra era el laboratorio de ensayo de políticas represivas y persecutorias que llegarían hasta Cristina Fernández de Kirchner.

Más tarde se profundizó la ofensiva y obtuvieron el desafuero del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, sometido a escarnio público con fotos filtradas por miembros del aparato estatal y sin que mediara ninguna razón para detenerlo ni existiera condena alguna sobre el mismo. Enseguida se procedió el procesamiento de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, a quien se puso preso sin condena ni indagatoria previa.

También se procesó a Guillermo Moreno, en venganza por su participación en la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. La venganza es la política judicial del régimen ceocrático que también en el caso de Boudou pretende escarmentar a quien promovió la estatización del sistema jubilatorio, o en el caso de Vanoli por hacerle frente al intento de los grupos de poder de generar una crisis cambiaria previa a las elecciones de octubre de 2015.

El otro ámbito que eligieron para desarticular los controles que podía tener una gestión política fue el del Ministerio Fiscal, en el que obstaculizaron el trabajo de la Procuradora Gils Carbó, a quien le hicieron imposible cumplir con su misión hasta obtener su renuncia que significó el incumplimiento de la legalidad en cuanto a la independencia de ese instituto jurídico.

El Poder Judicial fue constituido en un ámbito servil del Poder Ejecutivo por la llegada de Rozenkrantz y Rosatti votada por la Alianza Cambiemos gobernante y por los senadores de un sector del PJ, muchos de los cuales hoy se avienen a hacerlo con las reformas del paquete regresivo en términos de derechos económicos y sociales que representan los proyectos de leyes previsional, laboral y fiscal. Contubernio parlamentario que también habilitó un pago vergonzoso a los fondos buitres que abrió el camino para el vertiginoso endeudamiento que ha emprendido el gobierno, hegemonizado por los CEOS del capital financiero.

Toda la acción política y mediática tiene su centro en la destrucción del kirchnerismo, como parte de una contraofensiva en el continente de la potencia hegemónica y de los grupos de poder económico articulados en la globalización financiera, quienes reaccionaron frente a los proyectos autónomos, democráticos, redistribucionistas e industrializadores surgidos a principios de siglo.

Para la destrucción del kirchnerismo, y de su potencia transformadora, el gobierno de la oligarquía diversificada ha emprendido directamente las actividades para juzgar, desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. En ese rumbo acuden hoy al inconstitucional y absurdo proceso judicial conducido por el juez Bonadío, dependiente de y a las órdenes de Macri, en relación al Pacto con Irán nunca aplicado, que fue votado por el Parlamento y sobre cuyas características que hacían absurda cualquier denuncia se había pronunciado el Juez Rafecas en un histórico fallo. Siguiendo con su peligrosa política de deterioro de la democracia argentina, el gobierno de Cambiemos suma a los ilegales encarcelamientos de Milagro Sala, de Julio De Vido y de Amado Boudou, la prisión del ex ministro Timerman.

Ahora definieron ir por Cristina Fernández de Kirchner, conducción de un vasto sector popular que se opone a las políticas de ajuste permanente de Cambiemos y a los avances anti-democráticos que pretenden asegurar crecientes niveles de inequidad económica para nuestro pueblo.

Desde Carta Abierta nos sumamos a denunciar que el gobierno de Cambiemos está poniendo en grave peligro a la democracia, al estado de derecho y a las mismas bases de convivencia pacífica entre los argentinos. Este gobierno ya ha iniciado e intensifica una política sistemática de convertir en presos políticos a los ex funcionarios de los gobiernos de carácter nacional y popular que presidieron Néstor y Cristina. Ahora se ha detenido en procedimientos nocturnos a Zannini, ex Secretario legal de la Presidencia, y a D’Elía, dirigente social caracterizado por su decidida actuación movilizadora frente a los intentos destituyentes que los que hoy gobiernan habían desplegado para cancelar o limitar antidemocráticamente la gestión anterior. También quedó procesado el dirigente de 'La Cámpora' Larroque.

Mientras tanto permanece detenida la militante social Milagro Sala, en una prisión dispuesta por el gobernador de la Provincia, que ha sometido el poder judicial a las lógicas del ejecutivo y actuado inconstitucionalmente, desconociendo los compromisos internacionales asumidos por Argentina y llevados a la Carta Magna en su última modificación. Esta conducta ha sido avalada y compartida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Los jueces como Rafecas, que fue independiente y valiente en el fallo sobre el acuerdo con Irán, que fue impecable en su actuación en las causas de derechos humanos, también están siendo perseguidos con el objetivo de destituirlos de su función. No es el único, también lo es Rozanski, quien condenara a Etchecolatz. Así, el gobierno sigue con la persecución de la que ya fuera víctima el juez Freiler, que con una maniobra que incluyó actos procesales reñidos con el comportamiento a derecho, fue desplazado de la Cámara de Casación en represalia por su actuación en el tema de Papel Prensa. También fue suspendido el juez Arias por el contenido de sus fallos respecto de los aumentos de las tarifas eléctricas.

Todos los casos de persecución que denunciamos no sólo buscan la construcción del régimen de impunidad por parte de un poder económico fusionado hoy con el gobierno de los CEOS, que hoy se encuentra a la ofensiva, y que en base al ejercicio del monopolio mediático, a la despolitización promovida en la sociedad y a la mentira como lógica de discurso preelectoral, han logrado resultados favorables en los comicios.

Pretenden construir la perpetuación en el poder de las políticas que perjudican a las mayorías populares. Por eso quieren proscribir políticamente a Cristina Fernández y al kirchnerismo y construir un bipartidismo que disfrace una mentirosa alternancia de dos opciones con una sola política.

La proscripción que se pretende en Argentina tiene la misma raíz que la que se busca en Brasil respecto de Lula. Resulta entonces necesario la construcción de una fuerza frentista política y social de resistencia a la ofensiva del capital concentrado contra los pueblos y las políticas que los representan y defienden.

Es necesario parar el intento de grupos económicos y partidos políticos que, en base a una oportunista manipulación de una coyuntura que les resulta funcional, y favorecidos por una estructura concentrada del régimen de propiedad en sectores claves de la vida económica y cultural, se han embarcado en la degradación del Estado de Derecho.

Han acometido la consecución de este objetivo en distintas fases, la primera fue la sumisión de la Justicia para construir la impunidad del poder, para luego proscribir a la oposición sobre la base de la judicialización de sus referentes en causas armadas por un poder judicial sometido, proseguido por una política represiva con presos sociales, y palos y balas para las acciones de protesta, como las que ya han causado la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, más la represión en establecimientos fabriles en los que los trabajadores defienden el empleo frente a políticas de despidos y a movimientos sociales que reclaman la mínima ayuda social para la subsistencia. La intensificación e institucionalización permanente del control social y la represión sobre la sociedad y el pueblo son motivo de propuestas y proyectos que intentan modificar el orden legal vigente para involucrar a las fuerzas armadas en los conflictos internos.

La demolición del poder judicial en marcha, la persecución e intento de destrucción del kirchnerismo -principal oposición real en Argentina-, la represión al movimiento social y popular, las políticas regresivas destructoras de derechos económicos y sociales, el silenciamiento mediático como ocurrió en los caso de Victor Hugo y Navarro, las apretadas a propietarios de medios opositores para condicionar su libertad de expresión, la extorsión a los gobernadores de provincias para someter su voto al funcionamiento de sus distritos, anulando el ejercicio libre de su voluntad y convicciones, los intentos de retroceder en los juicios a los genocidas como en el caso del fallo del 2x1, conforman un estado de excepción, en el que pese a la existencia de autoridades votadas en elecciones libres, la democracia resulta corroída con la voluntad de destruirla, conservando sólo algunos rasgos de su formalidad para ocultar un régimen plutocrático y represivo.

EXIGIMOS EL CESE A LA PERSECUCIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS DEL KIRCHNERISMO.

EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DE UN PODER JUDICIAL QUE RESPETE EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.

DENUNCIAMOS EL INTENTO DE PROSCRIBIR A LA LIDER DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA: CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

RECLAMAMOS LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA, CARLOS ZANNINI, HECTOR TIMERMAN, JULIO DE VIDO, AMADO BOUDOU, LUIS D’ELIA, FERNANDO ESTECHE Y DEMAS PRESOS POLITICOS.

DEMANDAMOS CAMBIOS EN LA POLÍTCA DE SEGURIDAD QUE SIGNIFIQUEN EL CESE DE LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES.

NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LAS REFORMAS ANTIPOPULARES DEL RÉGIMEN PREVISIONAL, FISCAL Y LABORAL.

DENUNCIAMOS QUE SE PUSO EN MARCHA UN PLAN DE DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA.

ESPACIO CARTA ABIERTA".