MIENTRAS EL DESTITUIDO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, CARLES PUIGDEMONT, INSISTE EN DEFENDER EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA DESDE BÉLGICA, LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO CATALÁN, CARME FORCADELL, ADMITIÓ ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO QUE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA NO TIENE EFECTOS JURÍDICOS, INTERPRETACIÓN COMPARTIDA POR EL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA, LLUÍS GUINÓ, Y SU ANTECESOR EN EL CARGO, LUÍS COROMINAS, PARA QUIENES LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PIDIÓ LA "PRISIÓN INCONDICIONAL".
Un día después del paro general demiércoles, convocado por los independentistas, y de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la independencia de la región, los tres dirigentes se presentaron ayer ante el juez Pablo Llerena, se diferenciaron de la estrategia soberanista y aseguraron que acataban el artículo 155 que permitió la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en la región, a pesar de lo cual la justicia española podría dictarles la prisión preventiva, tal como ocurrió con el resto de los funcionarios catalanes.
Los dirigentes fueron interrogados en calidad de imputados por los delitos de “rebelión”, “sedición” y “malversación”, los mismos cargos por los que otros ocho ex funcionarios fueron arrestados la semana pasada. En un cambio de estrategia sorprendente, esta vez la titular del parlamento regional reconoció que como presidenta del cuerpo no tenía facultades para impedir la votación y reconoció que la declaración unilateral de la independencia era simbólica.
No obstante, en su declaración de más de dos horas, Forcadell advirtió que el Tribunal Constitucional no puede censurar previamente el debate parlamentario, en referencia a los pedidos previos del Constitucional, que le había solicitado que no permitiera el debate de iniciativas acerca de la secesión.
Según la fiscalía, Forcadell formó parte del plan que comenzó antes de la declaración de independencia del parlamento catalán el 27 de octubre, que provocó la mayor crisis política de la historia moderna del país.
La Audiencia Nacional, que encarceló a los ex funcionarios, y el Tribunal Supremo sostienen diferentes posturas acerca del caso. Mientras Lamela envió a prisión a los ex consejeros catalanes, todo apunta a que el Supremo se muestra proclive a no hacer lo mismo con Forcadell y los parlamentarios, a pesar del pedido de la Fiscalía.
Mientras tanto, Puigdemont anunció ayer por twitter la formación de un gobierno paralelo desde el exilio, "legítimo", cuya principal función, según afirmó, será denunciar ante las instituciones internacionales la "politización de la Justicia española" y las carencias democráticas del Estado español.
"Toca ahuyentar de las instituciones a aquellos que han querido hacerlas suyas con un golpe de Estado", escribió Puigdemont, adjuntando una misiva dirigida a los catalanes con el título "Carta desde Bélgica".
Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig subrayan que están afrontando una situación "impensable en un entorno democrático" y denunciaron que el encarcelamiento de miembros del gobierno destituido, el cierre del Parlamento catalán y la amenaza de prisión para otros ex parlamentarios es "claramente contraria al Estado de Derecho y el ordenamiento de la Unión Europea".
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