"CONSIDERAMOS VITAL LA CONSTITUCIÓN DE LA CIDH EN LA REGIÓN, A FIN DE CORROBORAR LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SOBRE EL PLAN SISTEMÁTICO CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE EN LA ARGENTINA”, SOSTIENE LA PRESENTACIÓN DE ONG NATURALEZA DE DERECHOS. LA VOCERA MAPUCHE SORAYA MAICOÑO INFORMÓ TAMBIÉN QUE JONES HUALA Y GONZÁLEZ SIGUEN PRESOS, INICIARON UNA HUELGA DE HAMBRE Y UNO DE ELLOS ESTÁ “ORINANDO SANGRE POR LOS GOLPES RECIBIDOS”.
Entre cuatro bajaron el cuerpo del mapuche Rafael Nahuel desde el cerro hasta la ruta 40, mientras los apuntaban los efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval. Dos de ellos, Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron detenidos en ese momento, los dejaron precintados al lado del cadáver durante horas hasta que fueron trasladados, ya de madrugada, y permanecieron incomunicados hasta ayer a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Luego los arrastraron 300 metros y recibieron maltratos”, dijo una de las voceras mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu.
Por la integridad física de estos detenidos, testigos directos del homicidio de Nahuel, de los niños y los demás miembros de esa comunidad desalojada y reprimida desde el jueves pasado es que la ONG Naturaleza de Derechos hizo un nuevo pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos). “Como ya lo hemos solicitado en casos anteriores, consideramos vital la constitución de la CIDH en la región, a fin de realizar una visita in loco y corroborar los hechos denunciados y sobre el plan sistemático contra el pueblo mapuche en la Argentina”, dice una parte del texto enviado a Washington por el abogado Fernando Cabaleiro. En tanto, la vocera mapuche Soraya Maicoño informó que Jones Huala y González siguen presos, iniciaron una huelga de hambre y uno de ellos está “orinando sangre por los golpes recibidos”.
El letrado describió que hace dos meses a cien metros del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en las proximidades de la ruta 40, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. Se ampararon en la ley 26.160, el articulo 33 de la Constitución Nacional y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El jueves pasado el juez federal Gustavo Villanueva ordenó un “importante operativo comandado por Policía Federal que a las 5.30 ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. Se trató de un procedimiento violento contra personas menores, mujeres y adultos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el que contó con alrededor de 300 empleados de diversas fuerzas federales”, dice la petición. La CIDH ya dictó medidas cautelares respecto de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que fueron incumplidas por el Estado argentino.
“Según algunos medios de comunicación se contabilizaron 170 policías de la Federal- PFA, 100 Prefectos (Prefectura Naval Argentina - PNA), sumados a gendarmes - Gendarmeria Nacional. Además sobrevoló la zona un helicóptero de las fuerzas del Estado. En el operativo estuvo presente el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little”, sigue el relato de los hechos. El abogado de Naturaleza de Derechos ingresó la petición cuando aún no había información oficial sobre el resultado del procedimiento, y precisó que “las propias fuerzas de seguridad mantienen cortado el tránsito sobre la ruta 40 a unos 6 kilómetros del lugar, por lo que el acceso a la prensa y organizaciones que intentaron acercarse a acompañar a la comunidad enteradas del desalojo no pueden acceder al lugar”. Según pudieron denunciar integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, además de detenidos había integrantes de la comunidad heridos producto del accionar policial. “El que insto a la acción penal de desalojo es el propio Estado Argentino, a traves del organismo estatal Parques Nacionales. Se argumenta que el territorio en conflicto es Parque Nacional, desconociendo que a su vez es territorio ancestral mapuche, que la Comunidad reclama y revindica como pertenencia de su cosmovisión”.
Una vez terminado el desalojo, efectivos de la PNA, de la PSA, de la PFA y de Gendarmería Nacional continuaron custodiando la zona, y bloqueando los accesos aledaños. “En el marco de este procedimiento se llevó adelante la detención de 5 mujeres y 5 niños menores -de 1, 2, 3 y dos de diez años- quienes fueron detenidos en la sede de la Policía Federal. Tras 20 horas fueron liberadas las mujeres y niños. La detención de los niños violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se denuncia que no contaron con una debida defensa oficial”, indicó el escrito enviado a la CIDH.Cuando trascendió la noticia de la detención, militantes de organizaciones sociales y mujeres y hombres mapuches se movilizaron hasta ese lugar para reclamar la liberación de las mujeres. Desde el juzgado federal de Bariloche, que el juez Villanueva subroga, no hubo ninguna información oficial durante la jornada. No se informó nada sobre el procedimiento que hicieron esta mañana con cientos de gendarmes, prefectos y de personal de la PSA. “Acá hay niños detenidos por el Estado”, decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que fueron hasta la sede de la Policía Federal.
El representante de la Coordinadora Mapuche Luis Pilquimán señaló que “esta situación no se resuelve con la represión y estamos preocupados por el antecedente triste y tremendo que tenemos en Chubut, por lo tanto hacemos un llamado a las autoridades, a entender y tomar con responsabilidad esta situación”. Ante el reclamo del Lof Lafken Winkul Mapu se había abierto una instancia de diálogo con la intervención del INAI, “pero que el Estado Nacional decidió ignorar abiertamente para proceder con violencia. En este sentido, procedió de la misma manera que la tensión que se generó con la Comunidad Pu Lof en Resistencia a fines del año 2016 por el paso del tren La Trochita, donde se conformó una mesa de diálogo que la fiscal Silvina Avlia, la misma del caso Maldonado, desarticuló solicitando intempestivamente una orden de allanamiento que desembocó en los hechos de represión de los días 10 y 11 de enero de 2017, denunciados en el caso 18/17 ante esta misma Comisión”.
La muerte de "Rafita"
El peticionante abogado Cabaleiro describió también que el “25 de noviembre, aproximadamente a 16,30, miembros de grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos de búsqueda de mapuches en zonas aledañas a la zona recuperada por parte de la Comunidad Lof Lalken Winkul Mapu, y en la parte de la ladera alta de la montaña procedieron a reprimir violentamente a un grupo de personas que transitaban por el lugar, con munición letal (balas de plomo). De esa represión fueron heridos al menos tres personas y detenidas al menos dos personas más. De las tres personas heridas, se ha podido constatar que una de ellas ha muerto, según confirmación del personal del hospital local. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años, conocido como ‘Rafita’, mapuche que integraba la Lof Lafken Winkul Mapu, recibió un disparo de bala de plomo que ingresó por el glúteo y se alojo en el tórax”. Al momento de la presentación, el letrado indicó que “las otras personas estarían heridas y se encuentran hasta el momento desaparecidas, ya que no se cuenta con información cierta respecto a su ubicación y situación de salud”.
Como había hecho en las anteriores solicitudes a la CIDH, Naturaleza de Derechos dedicó un párrafo a la actitud de los medios y el gobierno. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armas largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la PNA, desconociendo hasta el momento su situación actual. Se trata de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran en sede de la Policía Aeroportuaria y son testigos presenciales del asesinato de Rafael”, sostuvo el abogado . “Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa de el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos, quienes son testigos claves de la responsabilidad no sólo del personal policial sino del propio juez Villanueva, por haber sido él quien ordenó el operativo”, agregó.
A su criterio, “la situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, a sabiendas de las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas anteriormente, consideramos que existe la posibilidad cierta de que se esté efectuando una maniobra por parte de autoridades judiciales y efectivos policiales para amedrentar y sembrar impunidad frente a esta situación”.
La ley que no se cumple
El pedido de intervención a la Comisión se basa en la “manifiesta Ilegalidad del proceder del Estado Nacional” dado que “el Gobierno oficializó la prórroga por cuatro años más de la Ley 26.160 que había sido determinado por el Parlamento, y dicha ley suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral”. Para ser más específico, indicó que “la ley fue sancionada el 8 de noviembre por el Congreso Nacional y establece claramente que la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente "o aquellas preexistentes", por el término de cuatro años.Además, dispone suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. Por tal motivo, “con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” solicitó “medida cautelar genérica para todos los miembros de la Comunidad Lof y especialmente los menores mapuches, tras el desalojo violento denunciado, a fin de que el Estado Argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias”. Y también pidió medidas cautelares para los dos detenidos e incomunicados Fausto Horacio Jones Huala, mapuche y Lautaro Alejandro González "por ser testigos esenciales de la muerte por parte del Estado Argentino, de Rafael Nahuel, por considerar que los mismos se encuentran en una situación de riesgo grave, en su libertad ambulatoria al encontrarse detenidos arbitrariamente”.
Cabaleiro concluyó que “el presente caso se suma a la persecución y represión que vienen sufriendo las comunidades mapuches en la Patagonia Argentina. Hemos denunciado sobre ello en los casos antes esta CIDH (P-36/17, MC 18/17, MC-564/17 y P-2052-17)" y consideró que “no se trata de una incapacidad del estado Argentino para tratar la situación mapuche en la Patagonia Argentina sino un plan sistemático del Estado Argentino de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional”.
A modo de prueba, recordó las declaraciones del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, el día posterior a la desaparición de Santiago Andrés Maldonado, donde expresamente confirmó que por orden de la beoda ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y con el aval deMugrizio Macri Blanco Villegas acordaron "un sistema de coordinación" entre las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut, además de intercambio de información con el gobierno de Chile, para "empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM".
Fuente: nota de Adriane Meyer para Página/12
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