EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA JUSTICIA ADVIRTIÓ SOBRE LA ILEGALIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL QUE IMPULSA EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA, PERO ADEMÁS LA CONSIDERÓ "PERSECUTORIA" DE QUIENES FUERON INCORPORADOS DURANTE LA GESTIÓN DE ALEJANDRA GILS CARBÓ.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU-Nación) advirtió que el proyecto oficialista para la reforma de la Ley de Ministerio Público, que comenzará a ser debatido en el Congreso, inicia “una caza de brujas” contra los más de 1500 empleados incorporados desde el inicio de la gestión de Alejandra Gils Carbó en 2012, a través de una cláusula “ilegal” que posibilita despidos en áreas en que la legislación complementaria no tiene injerencia.
El planteo fue hecho a través de una carta enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde se debate la iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia. En la misiva se le pide a las autoridades legislativas la participación de representantes gremiales en la discusión, pero hasta ahora no hubo respuestas.
El sindicato concuerda con las voces más críticas respecto de la “ilegalidad” de la reforma porque afecta la autonomía del Ministerio Público, pero básicamente hace hincapié en “los serios perjuicios a la institución y a los trabajadores” incluidos en el artículo 23 del proyecto. En ese punto se incluye una cláusula transitoria que “deja sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración”, hasta ahora a cargo de Alejandra Gils Carbó.
“Es una cláusula persecutoria”, definió el secretario gremial SITRAJU Nacional, Demetrio Iramaín, quien confirmó que la medida afectará a las 1500 designaciones de los últimos cinco años en la Procuración pero también a los funcionarios que durante ese período fueron ascendiendo en los escalafones; con lo cual la cifra de personas en riesgo laboral sería mayor.
El dirigente calificó de “ilegal” a esa cláusula porque establece la revisión de puestos en una órbita que, según explicó, va a contramano de la legislación. “Según la Ley de Ingreso Democrático, la única causal de despido es por mala conducta, previo sumario administrativo", argumentó y agregó que "esa ley rige únicamente para las fiscalías, juzgados y defensorías, pero no comprende a la Procuración ni a la Corte Suprema. Por eso es ilegal".
“Claramente se trata de una política tendiente a desmantelar los derechos de los trabajadores judiciales en general”, definió el dirigente y resaltó que este perfil de reforma ya había sido adelantado por Mugrizio Macri Blanco Villegas cuando, durante el anuncio de su plan de gobierno en el Centro Cultural Kirchner, “criticó a los ordenanzas que sirven café”.
El texto enviado al Senado indica que la reforma promovida por la alianza de derecha Cambiemos no solo “pone en riesgo la estabilidad laboral” de cientos de trabajadores sino que también “arrasa con direcciones, procuradurías y unidades especializadas” creadas durante la gestión de Gils Carbó.
Algunas que quedan a tiro de ser dadas de baja con la reforma son la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional ), Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) y ATAJO (Acceso a la Justicia), entre otras. “Todas quedarían a criterio del (nuevo) procurador. Si el Gobierno tuviera la intención de mantenerlas, las incluiría en el texto (del proyecto). Pero no lo hizo”, puntualizó Iramaín. "Esta situación deja a los trabajadores con un despido en cámara lenta, pone en riesgo a todos”, concluyó.
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