miércoles, 22 de noviembre de 2017

En Comodoro Py, Boudou pidió su libertad y apartar al juez Lijo

EL EX VICEPRESIDENTE AFIRMÓ QUE LA DECISIÓN DEL JUEZ ARIEL LIJO DE DETENERLO NO ESTUVO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA Y PIDIÓ RECUPERAR SU LIBERTAD PARA PODER EJERCER SU DERECHO A LA DEFENSA. LOS CAMARISTAS LEOPOLDO BRUGLIA Y JORGE BALLESTER, DE LA SALA I DE LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA, DEBERÁN EXPEDIRSE SOBRE SU PEDIDO.

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, apeló personalmente la sentencia del juez Ariel Lijo en una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, después de que el magistrado rechazara en primera instancia su liberación. 

A 18 días de su detención preventiva, Boudou aseguró ayer a los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero que no existe “riesgo de fuga” que fundamente la decisión de Lijo y que necesita recuperar su libertad para poder ejercer su derecho a la defensa.

Los abogados del ex vicepresidente habían presentado el pedido de excarcelación ante la Cámara hace dos semanas, después del rechazo de Lijo, el juez que el 3 de noviembre ordenó el arresto de Boudou por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero. El magistrado dispuso su detención justo dos días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el régimen macrifascista de cajonear causas de corrupción.

Además de criticar su detención, la defensa cuestionó la difusión de las fotos y el video que muestra el momento en que fue arrestado en su departamento de Puerto Madero por parte de agentes de la Prefectura Naval. "Fue un acto innecesario e indignante", sostuvo el abogado, quien responsabilizó al juez encargado del operativo por la difusión de las imágenes y confirmó que este es uno de sus argumentos para pedir que se aparte al magistrado.

Incluso, sus defensores presentaron una denuncia que se sumó luego a la presentada por el abogado Marcelo Parrilli, contra la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, por la filtración de imágenes del momento de la detención. 

Al momento, el Ministerio Público Fiscal imputó a cuatro miembros de la Prefectura por el suceso y elevó su resolución al juez federal Sebastián Ramos, quien ahora deberá decidir si acepta o rechaza las medidas de prueba sugeridas. A pesar de que la denuncia incluía también a Lijo, la Fiscalía no se expidió acerca del juez.

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