LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) SOSTIENE QUE NO LE CORRESPONDEN LOS BENEFICIOS IMPOSITIVOS DE LA LEY DE SOFTWARE.
Mercado Libre deberá devolverle al Estado unos $ 500 millones porque no le correspondería acceder a los beneficios impositivos y laborales de los que hoy goza a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software.
La AFIP comunicó su decisión al ministerio de Producción que conduce Cabrera a fines de septiembre a través de una nota.
Mercado Libre es una de las empresas favoritas de Mugrizio Macri Blanco Villegas. Junto con Globant y Despegar es una de las denominadas "Unicornios", empresas que logran trepar en su cotización a una velocidad que duplica la de las industrias tradicionales.
Sin competencia real, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, es un promotor de la flexibilización de los mercados, de las condiciones de trabajo y del sistema de afiliación sindical.
Lo curioso es que hace algunas semanas entró en pánico cuando Amazón, el gigante del comercio electrónico creado por Jeff Bezos anunció sus intenciones de ingresar al mercado argentino. Galperín entendió que su posición privilegiada estaba en riesgo y no dudó en pedir al Estado que intervenga.
La empresa cuenta con Cabrera como aliado clave y desde Producción dejaron entrever que sostendrán la postura de mantener a la compañía dentro del régimen.
La nota de la AFIP derivó en la apertura de un expediente en Producción y ahora Cabrera tiene 90 días para decidir si mantiene a la empresa con esos beneficios impositivos.
El problema para Mercado Libre es que la AFIP puede reclamar esa millonaria suma aún si Cabrera emite un dictamen a favor de la empresa. En la nota girada a Producción, Alberto Abad le recuerda al ministro que "el organismo fiscal conserva las potestades que le asigna la ley" y destaca además que le comunica su posición "para que puede expedirse al respecto" pero como paso previo a iniciar los trámites pertinentes para iniciar el procedimiento de oficio.
"Lo que nosotros vemos es una tensión entre el ministerio de Producción, que quiere impulsar la industria, y la AFIP, que quiere aumentar la recaudación. Eso es algo interno que tiene que resolverse dentro del Estado", dicen desde Mercado Libre, según cita el pasquín ultraoficialista La Nazión.
La frase de la empresa apunta directamente a la yaga del conflicto. Es que la nota de la AFIP a Cabrera no escapa a la tensión en la Rosada donde algunos sectores del gobierno buscan desestabilizar a Abad.
Por un lado, Quintana quiere que la AFIP "colabore" para destrabar la negociación que él mismo encabezó por la empresa de correos OCA, a quien pretende que el ente recaudador le otorgue un plan especial de pagos para que salde su millonaria deuda. Abad se niega desde hace meses.
Otro punto álgido de la pelea de Quintana con Abad fue la investigación por evasión de cientos de millones de pesos contra el actual director de la Aduana, Diego Dávila, un hombre del vicejefe de Gabinete.
Por otro lado, Abad también se enfrenta a la presión de José Torello, uno de los hombres de mayor confianza de Macri. El jefe de asesores de la Presidencia quiere destrabar la operación de venta del Grupo Indalo al grupo financiero OP Investments, que conduce Ignacio Rosner, a quien conoce del colegio Newman y con quien se reunió antes de que avanzara con la sugestiva compra.
Reclamo multimillonario
El reclamo de la AFIP resultaría multimillonario. Según el último reporte que Mercado Libre presentó en Estados Unidos, ese régimen especial le permitió ahorrar US$ 24,1 millones por la reducción del 60% en el impuesto a las ganancias, más otros US$ 7,5 millones en costos laborales durante los 12 meses previos al 30 de septiembre de 2017. Es decir, US$ 31,6 millones. Poco más de $ 500 millones en apenas un año.
Esa cifra es la que podría reclamarle la AFIP, a la que deberían sumarse los beneficios impositivos y laborales de los últimos años, ya que Mercado Libre accedió al régimen en 2007. Pero el organismo recaudador estimó que la empresa incumple dos de los tres requisitos previstos por la ley: destinar fondos a actividades de investigación y desarrollo de software, aplicar una norma de calidad reconocida y exportar software.
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