EL CONSERVADOR PRESIDENTE DE ESPAÑA ACTIVÓ EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN Y DISOLVIÓ LA AUTONOMÍA. ESCALA EL CONFLICTO.
El conflicto por la deriva independentista catalana alcanzó otra cota ayer, cuando luego de un consejo de ministros extraordinario, el presidente Mariano Rajoy anunció que se resolvió activar el artículo 155 que suspende la autonomía catalana, destituye al gobernó de Carles Puigdemont y convoca a nuevas elecciones.
En una conferencia de prensa brindada en la Moncloa, Rajoy detalló el resto de las medidas propuestas que deberá aprobar el Senado en las próximas semanas.
Son muy duras, ya que, además de convocar a elecciones para formar nuevo gobierno en Cataluña en seis meses, anunció controles sobre el parlamento local que controlan los independentistas, así como la toma de control de las agencias de recaudación locales.
Puigdemont, en tanto, convocó al Parlament para decidir los pasos a seguir y calificó la decisión como "el peor ataque a las instituciones catalanas, desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco".
Nunca en democracia se había aplicado el 155 y el impacto fue brutal. En Barcelona esta sábado marcharon casi medio millón de personas y tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo tildaron de "golpe de Estado" y anunciaron que resistirán la decisión, lo que abre un conflicto de alcance impredecible.
"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Catalunya, se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley", intentó tranquilizar Rajoy. Pero en los hechos lo que se decidió es eso: Una intervención del gobierno autonómico y en toda la línea. De hecho, le quitó al parlamento local la posibilidad de convocar a elecciones, proponer al jefe de Gobierno y validarlo.
Hasta ahora, Rajoy logró el respaldo blindado de los principales líderes e instituciones de Europa, pero habrá que ver hasta que punto esa posición se mantiene si la crisis deriva en violencia.
Rajoy pidió a las empresas que detengan su fuga de Cataluña, pero se cuidó de detallar los desastres que le esperan si avanza en su independencia: "Europa no los aceptaría, no recibirían los beneficios del Banco Central Europeo y habría un problema grave de contracción crédito y un empobrecimiento de la economía catalana de entre el 25% y el 30%".
También respondió a los que desde distintos sectores le pedían diálogo. "Es una palabra hermosa que se ha convertido en mágica, pero nunca lo plantearon. El diálogo no es que los demás acepten lo que tú quieras", ratificó.
En un estado de evidente conmoción, Puigdemont convocó al Parlament para debatir los pasos a seguir y dio un mensaje televisado, en el que habló en catalán, español e inglés. Calificó la decisión de Rajoy como el "peor ataque" a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco.
No fue una comparación antojadiza. Desde que estalló la crisis el independentismo empezó a emparentar al gobierno de Madrid con la dictadura de Franco y ahondó esta caraterización luego que se dispusiera el encarcelamiento de los Jordis por el delito de sedición, lo que fue tipificado como un regreso de los "presos políticos" a España.
"Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos", ahondó Puigdemont en su mensaje. Sin embargo, como viene sucediendo desde su fallida amenaza de activar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que todavía no concretó, el lider catalán no enunció ninguna respuesta concreta a la decisión de Madrid.
El president realizó su discurso tras encabezar una nueva marcha en reclamo de la liberación de los Jordis, que tras conocerse la decisión de Rajoy se volvió masiva, rozando el medio millón de persoas, según los organizadores.
Rajoy acordó la decisión con dos de los tres partidos de la oposición: los socialistas conducidos por Pedro Sánchez -su principal aliado en esta crisis- y Albert Rivera de Ciudadanos. En tanto que Podemos de Pablo Iglesias, se opuso a la decisión, que fue respaldada por el rey Felipe.
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