UN INFORME ELABORADO POR LA CTERA ADVIERTE QUE ESTE AÑO EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA ESTÁ SUBEJECUTANDO EL PRESUPUESTO Y QUE PARA EL AÑO PRÓXIMO HABRÁ MENOS RECURSOS PARA FORMACIÓN DOCENTE, EDUCACIÓN DIGITAL, PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS E INCLUSO LOS FONDOS QUE COMPENSAN SALARIOS.
La inversión en educación del macrifascismo tiene varios niveles de lectura. Está lo que el régimen dice que va a invertir; lo que luego se compromete a invertir en el presupuesto enviado al Congreso y lo que realmente ejecuta de ese presupuesto.
Entre estas categorías no hay una correspondencia obligada. El caso que lo ilustró con nitidez fue el los jardines de infantes: durante la campaña presidencial, Mugrizio Macri dijo que iba a construir tres mil jardines; en el presupuesto 2017 destinó 5600 millones de pesos para hacerlo, pero cuando en julio último se denunció que transcurrido un año y medio de gestión aún no había sido construido ninguno, el Ministerio de Educación admitió que no los hicieron porque eso suponía contratar más maestras. Algo similar pasó con la formación docente: aunque el discurso oficial habla de calidad educativa, los presupuestos para capacitación bajaron y luego el monto destinado al área se subejecutó.
Este mecanismo es denunciado por la CTERA, el principal gremio docente del país, en un informe que analiza el presupuesto educativo 2018. El proyecto que presentó el oficialismo para su tratamiento en el Congreso Nacional compromete para la educación una inversión superior al 6 por ciento del Producto Bruto Interno, como establece la ley; sin embargo, fue armado con recortes que preanuncian por dónde continuará el ajuste: sueldos, capacitación, escuelas técnicas, programas socioeducativos y lo que fue el programa Conectar Igualdad son los principales afectados.
“Este año el Gobierno incumplió con las metas educativas que él mismo se había fijado, al subejecutar las partidas. El presupuesto para el año próximo continúa con esa misma política de recortes”, señaló Sonia Alesso, titular de CTERA, y agregó que “hay un doble discurso en el que se habla de la escuela del futuro pero no se invierte en la formación de los maestros y se dejan fondos sin utilizar. Esto abre la pregunta sobre qué están haciendo con ese dinero, que es público y se lo recortan a las escuelas”.
El análisis de CTERA plantea que, para formación docente, el presupuesto 2018 prevé “sólo un incremento del 3 por ciento, lo que implica una pérdida real de 14,1 puntos” (esta diferencia, explicaron en el gremio, surge porque la inversión educativa se mide en relación con el Producto Bruto Interno. Como el PBI nominal para 2018 es un 20 por ciento más que el PBI nomimal de 2017, la inversión nominal no debería ser la misma que el año anterior).
Otro lugar por donde los fondos fueron recortados es el ex programa Conectar Igualdad (hoy Plan Nacional de Educación Digital), al que le redujeron en un 43 por ciento su presupuesto, lo que significa una pérdida real del 52,5 por ciento.
Para los Programas Socioeducativos se pautó un achique del 8 por ciento (el ajuste real fue estimado en 23,5 por ciento). Como se sabe, con el desfinanciamiento de este área se desarman redes de contención de los alumnos de los sectores más vulnerables, por ejemplo los que cursan el programa Fines -de terminalidad de la primaria y secundaria-. Otros programas, menos conocidos pero que operan como un importante sostén en lo social, por ejemplo los que invitaban a niños y adolescentes a hacer actividades recreativas en las escuelas durante el fin de semana, o los de orquestas juveniles, que apuntaban a vincular a los chicos con la escuela para bajar los niveles de abandono. Estos recortes ponen además en riesgo la continuidad laboral de miles de docentes a cargo de talleres.
Otra de las cuestiones que anticipa el proyecto de presupuesto es que la próxima discusión salarial con los docentes volverá a ser muy compleja. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo excluyó el artículo que establecía que el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no pueden tener un presupuesto inferior al del año anterior. Se trata de fondos clave para la conformación de los sueldos: el fondo de compensación garantiza que las provincias más pobres puedan sostener un piso salarial y el Fonid completa los ingresos de los maestros de todo el país, subiéndolos, ya que se distribuye de manera igualitaria, como una suma fija, entre todos ellos.
“Este artículo venía incluyéndose en todas las Leyes de Presupuesto de los últimos años y su exclusión resulta indicativa de la intención del Poder Ejecutivo de avanzar sobre estos fondos que comprometen el aporte nacional a los salarios docentes”, advierte el informe de CTERA.
De la mano con estos números del presupuesto 2018 están los de la subejecución del presupuesto 2017. El relevamiento del gremio advierte que en los primeros seis meses de este año no se utilizaron fondos del Programa Progresar -becas destinadas a que los alumnos vuelvan a la escuela-, se dejaron de distribuir libros de textos y de lectura, se cerraron programas de alfabetización de adultos y se otorgaron menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad.
También se subutilizaron los presupuestos para mejoramiento de la infraestructura escolar, se desfinanció la Educación Técnica y se redujo el número de becas para estudiantes de formación docente y para alumnos universitarios de bajos recursos.
CTERA comparó el desfinanciamiento de la educación con los fondos destinados a pagar los intereses de la deuda externa. “El pago de los servicios de la deuda se ha duplicado a partir del 2016”, indicó en este sentido. En 2015, ese ítem significó un 7,7 por ciento del gasto total, pero en 2016 ese porcentaje ya había ascendido bruscamente al 14,5 por ciento. El porcentaje será superado este año, ya que a julio pasado los fondos destinados al pago de la deuda ya llegaban al 11,1 por ciento. “Es decir que el ajuste educativo tiene una relación inversamente proporcional con el incremento que en el mismo presupuesto nacional se le asigna al pago de los servicios de la deuda”, señala el informe.
Fuente: nota de Laura Vales para Página/12
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