LA TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA POR EL REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA PREVISTO PARA EL 1º DE OCTUBRE, DERIVÓ AYER EN UNA NUEVA ESCALADA, CON DETENCIONES POR PARTE DE LA GUARDIA CIVIL. EN TOTAL, HUBO 14 ARRESTADOS Y MÁS DE 40 ALLANAMIENTOS. ENTRE LOS DETENIDOS SE ENCUENTRAN EL NÚMERO DOS DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, JOSEP MARIA JOVÉ; EL SECRETARIO DE HACIENDA, JOSEP LLUÍS SALVADÓ; JOSUÉ SALLENT RIVAS, RESPONSABLE DEL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CCTI) Y XAVIER PUIG FARRÉ, DE LA OFICINA ASUNTOS SOCIALES. LA GUARDIA CIVIL TAMBIÉN BLOQUEÓ 32 PÁGINAS WEB Y SECUESTRÓ 1,5 MILLONES DE CARTELES, DÍPTICOS Y FOLLETOS PROREFERÉNDUM.
Los operativos se realizaron en la sede del gobierno catalán, en las consejerías (ministerios) de Economía, Asuntos Sociales y Exteriores, la Agencia Tributaria de Cataluña y el Centro de Tecnologías de la Información. La autoridades anunciaron además el decomiso de nueve millones de boletas impresas para la controvertida votación, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
El juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona fue el que ordenó los operativos. Entre los detenidos figuran Joseph María Olave, secretario general de Economía y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Olave es la mano derecha de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, actual vicepresidente del gobierno catalán y uno de los principales impulsores de la independencia. Los detenidos enfrentan cargos de prevaricación, malversación de fondos públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional.
En rigor, el punto clave del operativo era la Consejería de Economía, dado que allí se montó la logística y la organización del 1-O por parte de los colaboradores de Junqueras. La acción de ayer fue una continuación de la del martes, en la que se localizó el 80 por ciento de las notificaciones (unas 50 mil) para constituir mesas electorales, en lo que significó un duro golpe para los independentistas.
La Consejería de Economía se convirtió en el punto de encuentro de los independentistas que salieron a la calle para protestar contra la acción policial.
Se calcula que unas 40 mil personas se manifestaron por la noche, reivindicando su derecho a votar en la consulta que impulsó el presidente Carles Puigdemont. Madrid y el País Vasco también acogieron actos de apoyo al reclamo soberanista de Cataluña. En la capital española, unas 300 personas exigieron en la Puerta del Sol que se permita votar a los catalanes.
Mientras las calles de Barcelona y de otras ciudades se llenaban de gente en rechazo al operativo de ayer, Mariano Rajoy compareció ante las cámaras de TV.
El presidente del gobierno español aseguró que "votar solo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo con la ley. No se puede votar para incumplir la ley, se puede votar para cambiarla” y estimó que "la desobediencia de la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia".
El líder del Partido Popular advirtió además que "España tiene los mecanismos para impedir que aquellos que quieran vulnerar la legalidad no puedan hacerlo" y que la Guardia Civil “esta defendiendo los intereses de todos los ciudadanos, incluso los catalanes".
Por otra parte, el ministerio del Interior confirmó que desde ayer y hasta el 5 de octubre "no se concederán vacaciones, permisos ni licencias" a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña.
Entre los últimos detenidos figura Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico del 1-O, que el pasado 26 de julio declaró como testigo ante la Guardia Civil; el presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Puignero; y un trabajador de Fundacio.cat.
Los demás arrestados son Pau Furriol y Mercedes Martínez (ambos vinculados a un depósito que presuntamente contiene material electoral), David Franco Martos (también del CTTI); David Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores, y Juan Manuel Gómez, de la Consellería de Economía y Hacienda.
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